El Correo, Madrid Actualizado 11/12/2009 13:13

Juan José Omella y Juan Antonio Martínez Camino, ayer.

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La respuesta de la Iglesia al proyecto de ley del aborto que aprobó el jueves la Comisión de Igualdad del Congreso no se ha hecho esperar. Ayer mismo la Conferencia Episcopal Española (CEE) planteó que el aborto sea considerado un delito. "No se entiende que quitar la vida de un ser humano inocente no pueda ser un delito", dijo ayer en rueda de prensa el obispo auxiliar de Madrid y secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. Éste, junto al obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Juan José Omella, presentó a los medios de comunicación la declaración Ante la crisis moral y económica, que fija la posición de la Iglesia ante las causas y las víctimas de la crisis económica.

En el turno de preguntas posterior a la presentación, Martínez Camino opinó que "el pecado gravísimo del aborto es un pecado, y hay que decir que una cosa es el pecado y otra el delito; y es verdad que no todo lo que es pecado tiene que ser siempre delito". "¿Puede alguna legislación civilizada considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no es un delito?", se preguntó a continuación Martínez Camino. El portavoz añadió que este "gravísimo pecado del aborto ha de ser en cierta manera recogido como una situación que legalmente no pueda ser aceptada; no puede haber un sistema jurídico justo que dé curso legal a quitar la vida a un ser humano". Además criticó que en el proyecto de ley del aborto, la lesión "grave" al derecho a la vida "pretenda ser considerado como un derecho". "¿Cómo puede ser un derecho lesionar el derecho a la vida?; eso es un contrasentido moral y jurídico", manifestó. A su vez, reconoció que a la hora de aplicar la doctrina de la Iglesia en relación a temas como el aborto puede haber "defectos" e insistió en que "no es contra nadie en particular, ni se ha elaborado contra un partido o contra una persona". Por otro lado, recalcó que no se puede quitar la vida a un ser inocente bajo "ninguna circunstancia" y que "nadie que atienda a los imperativos de la razón lo puede apoyar, y si lo hace no puede comulgar".

Crisis moral. En relación al documento de la CEE Ante la crisis moral y económica, leída por Omella a los periodistas, los obispos expresan en él su convicción de que las causas de la grave situación tienen su origen en la "pérdida de valores humanos, la falta de honradez, la codicia -que es la raíz de todos los males- y la carencia de control de las estructuras financieras". A pesar de esta dura reacción, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no quiso ayer entrar en polémica con la Iglesia y recalcó que las relaciones están basadas en "la lealtad", lo que "no está reñido" con la discrepancia en asuntos como la ley del aborto. Fernández de la Vega señaló que la Iglesia tiene derecho a opinar, pero "a la hora de legislar, la palabra la tienen los representantes de la soberanía, el Parlamento, que está trabajando en una ley de salud y reproducción sexual cuyo fin es dar más garantías y protección". La vicepresidenta también manifestó su alegría por el acuerdo alcanzado sobre la ley del aborto, porque el texto resultante "ha enriquecido" la iniciativa presentada por el Ejecutivo. A su juicio, ello se traducirá en mayores garantías para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, más información y facilidades para acceder a los recursos sanitario, y prevendrá embarazos no deseados.