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El Parlamento de la UE pedirá el fin de los fosfoyesos

Agencias, Bruselas Actualizado 16/07/2008 20:40

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo quiere que Bruselas solicite al Tribunal de Justicia de la UE la adopción urgente de medidas cautelares para poner fin al vertido de sustancias tóxicas en las marismas de Huelva, considerado el "punto más contaminado de Europa".

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo quiere que Bruselas solicite al Tribunal de Justicia de la UE la adopción urgente de medidas cautelares para poner fin al vertido de sustancias tóxicas en las marismas de Huelva, considerado el "punto más contaminado de Europa". La citada comisión estudiará la posibilidad de enviar una delegación de eurodiputados que analicen la situación sobre el terreno, una petición planteada por el eurodiputado de IU Willy Meyer.

El presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, reconoció la importancia del asunto tras una sesión en la que representantes españoles de Greenpeace denunciaron el desastre causado en la zona por la supuesta violación de la normativa ambiental comunitaria por empresas como Fertiberia y FMC-Foret.

La organización alertó sobre la presencia de 120 millones de toneladas de fosfoyesos procedentes de la fabricación de fertilizantes químicos y de restos radiactivos que convierten a las marismas de Huelva en "el punto más contaminado de Europa". "Podríamos intentar conseguir una decisión del Tribunal de Justicia de la UE, con ayuda de la Comisión Europea, para intervenir urgentemente y acabar con lo que está ocurriendo", señaló Libicki después de escuchar los argumentos de los ecologistas.

El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein valoró la iniciativa del presidente de la Comisión de Peticiones y recordó que se trata de una posibilidad "casi sin precedentes", sólo utilizada en tres ocasiones anteriores. No obstante, el representante de la Comisión no quiso pronunciarse sobre esa posibilidad y recordó que el procedimiento de infracción que Bruselas tiene abierto contra España se debe a la falta de notificación de los permisos para la emisión de vertidos al río por parte de esas empresas.


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