El informe que las plataformas de funcionarios contrarios a la reforma del sector público encargaron al experto en Derecho Administrativo Manuel Clavero Arévalo considera inconstitucionales cinco artículos de la ley. El informe ha costado 7.000 euros recaudados entre 3.800 funcionarios por las plataformas, que lo llevarán al Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para que inste al estatal a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley fundamentado en él. Los funcionarios ya denunciaron la reforma, cuando se aprobó por decreto, ante ambos, que se inhibieron al estar recurridas en los tribunales por los sindicatos y el PP. El PP ya ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Sindicatos y organizaciones no pueden hacerlo pero sí el Defensor estatal.

 

El informe se centra, según explicó ayer la portavoz de la plataforma, Auxiliadora Honorato, en que en las nuevas agencias -que suprimen por fusión o absorción 111 empresas públicas- se mezcla el derecho administrativo y privado, por lo que ante un conflicto del ciudadano con la administración, no queda claro a qué jurisdicción debe acudir y ello vulnera su seguridad jurídica.

La integración de 23.000 trabajadores en las agencias -3.000 funcionarios y 20.000 contratados de los entes extinguidos- contradice, según el informe, el principio de igualdad de acceso a la función pública. Clavero considera que se "quiebra" el modelo de administración previsto en la Constitución que garantiza ciertas potestades administrativas en exclusiva a funcionarios y señala que una comunidad no puede cambiarlo. Las plataformas impugnarán ante el TSJA los Estatutos de las agencias, que se aprobarán el martes, y pedirán su suspensión cautelar.

Y hay que quemarse mucho el coco para saber que el "enchufismo", como el "nepotismo" [...]
elemental Watson

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