Una misma historia que se repite una y otra vez. El último informe policial enviado a la jueza Mercedes Alaya desvela como la forma de actuar del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero fue similar en casi todas las supuestas irregularidades detectadas en los ERE. Una llamada o una visita a su despacho de una persona pidiendo ayuda, a la que le seguía una promesa. A los pocos meses se producía la firma de la póliza y asunto resuelto. Todo con papeles y de forma absolutamente legal, según relata Guerrero en su declaración policial como detenido.

 

Las testimonios de los otros 17 detenidos demuestran la facilidad con la que el exdirector general otorgaba las pólizas pagadas por la Junta, sin nombrar a más cargos socialistas, aunque Alaya cree que la trama llega más arriba, como demuestra que haya imputado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y pedido las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001. Guerrero habla siempre de "ayudas sociolaborales" que se daban de forma "individualizada" y explica que aprobarlas era de su competencia tras negociar con "la empresa y los comités".

En su declaración reconoce que estas ayudas se concedieron "a algunos extrabajadores con nula posibilidad de reinserción tras su cese laboral". Asegura que se hizo conforme al artículo 22.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones , cuyo apartado C habla de la concesión directa de subvenciones "con carácter excepcional cuando se acrediten acciones, razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública". El dinero salía de una partida presupuestaria -que él mismo llamó "fondo de reptiles" aunque luego se retractó- destinada a empresas en crisis y cuyo sistema de concesión, la transferencia de financiación de capital en vez de la subvención directa, fue cuestionado por la Intervención de Hacienda

"En ningún momento se ha tenido reparo alguno con este sistema de ayudas por parte de nadie, si bien es verdad que la Intervención General emitió informes para la mejora del sistema por lo que se redactaron borradores de Decreto y de Orden que nunca se transformaron en otra norma, por lo cual se continuó con el sistema que preveía el convenio de 2001", añade. Este convenio dejaba en manos del IFA (hoy Idea) la gestión de las ayudas y sacaba el dinero del circuito habitual. "No había ninguna norma que dijera nada en contra", asegura Guerrero.

Ante su explicación, la Policía le cuestiona sobre el "criterio" que seguía para decidir a quién daba las ayudas. "En primer lugar, ver que estuviese fuera del mercado laboral, después que sus condiciones socioeconómicas fuesen desfavorables" y que "reuniese mínimamente los requisitos de edad". Por último, "se analizaban los costes" de la póliza. Sin embargo, la jueza apunta en sus autos que casi siempre iban a parar a amigos y personas de su entorno, como han ido reconociendo uno a uno los intrusos de los ERE.

"Guerrero le comentó que había unas ayudas de supervivencia para personas que estuviesen con necesidades. Le preguntó si él podría solicitar esa ayuda y éste le dijo que trajera su vida laboral, la fotocopia del DNI y aportara un número de teléfono", recogen los agentes de la declaración el exconcejal de Camas José Antonio Prieto, que figura como intruso en el ERE de Intersur. Añade que se lo comenta a un afiliado socialista de la localidad y a un amigo suyo -cuñado del exdelegado de Empleo Antonio Rivas- para que acuda con ellos a pedirla. Pasados unos días quedan los tres para entregar los documentos que, ante la ausencia de Guerrero, dejan a su secretaria. El siguiente paso es una llamada para que vayan a firmar la póliza.

¿Cómo eran introducidos en los ERE de empresas en las que no habían trabajado?. Guerrero declara que "no era consciente" de que eso ocurriera. Empleo ha detectado 72 intrusos y 111 irregularidades en 32 ERE. "Ni él ni la Dirección General de Trabajo se consideran responsables", recoge el informe policial. Es más, afirma que él sólo los ponía en contacto con las consultoras para que "hiciesen un estudio para incluirlo en una de las ayudas sociolaborales". Según su versión, no aparecían en las listas de extrabajadores afectados por los ERE, sino que la consultora incluye el coste de estas pólizas individuales, que él autoriza, "en las condiciones generales de la póliza que firma la empresa". Atribuye todo "a un error administrativo de la consultora" pero "realmente no sabe explicar cómo ha podido hacer esas cosas la consultora".

Un pregunta ¿se van dando o "filtrando" con cuentagotas las declaraciones ante la policía?¿Así nos [...]
Selva Otero-Pizarro

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