M. Ureta Actualizado 26/01/2012 22:28

El presidente, José Antonio Griñán, ayer junto a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, en Jaén. - Efe

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La bronca sobre la solvencia andaluza estalló ayer después de que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, barajara que, aunque aún no se puede conocer el dato oficial del déficit, el andaluz estará en el entorno del 3%. Calculó que esa sería la media de las comunidades, aunque aseguró que Andalucía se situaría siempre por debajo. Un día antes, en el último pleno de la legislatura, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, situó el déficit sobre el 1,4%. El PP exigió que dimita porque "ha mentido deliberadamente". La consejera negó más tarde esa cifra y acusó a los populares de "grave manipulación".

La Junta sostiene que Andalucía se desviará también este ejercicio del objetivo del déficit -que está en el 1,3%- pero insiste en que estará por debajo de la media de las comunidades. Ante la campaña emprendida por el PP y el Gobierno central para poner en duda la solvencia de Andalucía, alega que la comunidad está más saneada que otras gobernadas por el PP. Se apoya en datos del Banco de España, que muestran que Andalucía tiene una deuda por habitante de 1.610 euros mientras que la media está en 2.834 y en Valencia llega a 4.020.

Las sospechas sobre las cuentas de la Junta han indignado al Gobierno andaluz y en la Cámara el presidente acusó a Arenas de "mentir" para ganar las elecciones. El próximo miércoles, administración central y autonómica se reunirán en Madrid para aclarar este asunto y para ver el efecto que tendrán en Andalucía los recortes aprobados por el Consejo de Ministros.

Pero, hasta que se celebre esa cita, el cruce de acusaciones va subiendo y ayer se recrudeció.Por la mañana, Arenas insistió en Onda Cero en que la deuda de la comunidad asciende a 25.000 millones de euros -Griñán la situó en 14.431 millones-. Luego, en rueda de prensa, el coordinador económico del PP, Rafael Carmona, destapó documentos presentados por Andalucía en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que admiten peores datos de endeudamiento que los ofrecidos por Griñán. No es la primera vez que el PP revela informes supuestamente confidenciales del CPFF. Lo hizo cuando el presidente de la Junta anunció los primeros recortes y en los papeles que filtró el PP los ajustes eran más duros de lo reconocido por el Gobierno.

Pero la polémica reventó con las declaraciones de la consejera de Hacienda, en la misma radio en la que habló Arenas. Dijo textualmente: "Estaremos en el entorno de la media y la media estará en el entorno del 3%, calculo yo. El único organismo que tiene capacidad para estimar estos cálculos con un cierto error de fiabilidad es la Intervención General de la Administración del Estado. Andalucía estaría por debajo de la media y habría seis comunidades con niveles de incumplimiento muy superiores, por ejemplo Castilla-La Mancha con un 4,5, según este informe, y Murcia con un 3,4". Se refirió al estudio que circula elaborado por el Observatorio Fiscal y Financiero Fedea. El presidente, un día antes y presionado por Arenas, que le preguntó si el déficit llegaría al 2,6%, lo situó en el entorno del 1,4%.

Inmediatamente después, el PP-A convocó de urgencia a los medios y pidió la dimisión de Griñán como candidato a la Junta por "mentir deliberadamente". Dijo que sólo tres comunidades presentarán peores datos que Andalucía aunque no concretó. La Consejería de Hacienda, en un comunicado, acusó al PP de "manipular" sus palabras y aseguró que "no se conocen las cifras oficiales de déficit de las comunidades". Hasta final de mes la Junta puede enviar datos a la Intervención General del Estado.

En medio de la pelea, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, advirtió ayer de que una vez que se apruebe hoy en Consejo de Ministros la Ley de Estabilidad Presupuestaria el Gobierno obligará a comunidades y ayuntamientos a modificar sus presupuestos si contemplan un incremento del gasto. Esto significa que Andalucía deberá cambiar sus cuentas, que ascienden a 32.020 millones, porque incluyen un aumento del gasto del 1,1% para blindar las políticas sociales. La advertencia del ministro confirma el reiterado aviso del líder del PP-A de que, gane quien gane el 25 de marzo, tendrá que elaborar un nuevo Presupuesto porque el actual, que fue muy polémico porque agotaba en plena crisis el nivel de endeudamiento, es "falso". El Ejecutivo, además, podrá exigir responsabilidades penales a los gobernantes que incumplan el objetivo del déficit.