Mónica Ureta Actualizado 28/01/2012 12:50

El consejero de Empleo compareció ayer. - José Manuel Vidal, Efe

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"Eficaz, ejemplar, modélico". Fueron algunos de los numerosos elogios que el consejero de Empleo, Manuel Recio, dedicó ayer al director general de Trabajo, Daniel Rivera, un día después de que la jueza que investiga el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo irregulares pagados con dinero público lo imputara. Recio dijo que la imputación del alto cargo -la primera del actual Gobierno de José Antonio Griñán- es "inmerecida" por dos motivos: porque él ha "pilotado" la investigación interna y "gracias a él ha mejorado" el control del procedimiento para dar las ayudas, y porque los hechos a los que alude el auto judicial "tienen su origen mucho antes" de que fuera nombrado. El consejero no cesará a Rivera y le "animó" a recurrir.

La defensa a "ultranza" que hizo del director general de Trabajo distó mucho de la tibieza con la que habló de quien había ocupado ese sillón justo antes, Juan Mázquez, también imputado. "Supongo que también actuó con diligencia", se limitó a decir. Por el contrario, el consejero cerró filas con Daniel Rivera. "Jamás podremos compartir que se le sitúe del lado de los imputados. Se están sembrando dudas de una labor eficaz y ejemplar", insistió. Recio no quiso arremeter contra la instrucción de la jueza Alaya, una investigación varias veces cuestionada por la Junta porque, tal y como criticó Griñán, actúa "al dictado del PP", que está personado en la causa. Sin embargo, el consejero, que convocó de urgencia una rueda de prensa acompañado por el número dos de su departamento, Justo Mañas, sí intentó desmontar los argumentos de la magistrada que le han llevado a imputar al director general de Trabajo.

La jueza Alaya le acusa junto a su antecesor por haber autorizado el pago del ERE de Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos, ambos vecinos de la localidad sevillana de Camas y uno de ellos familiar del exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, también imputado. Pues bien, el consejero explicó que la póliza de Surcolor se tramitó "cuatro años antes del nombramiento de Rivera y cuando éste ordenó el pago no había ningún indicio de irregularidad". Cuatro meses después de ordenar ese desembolso -de 174.998 euros que la jueza estima que se liberó sin procedimiento- se detectó la irregularidad, se denunció y se puso en marcha el proceso para recuperar el dinero, añadió Recio. "No es sostenible esta imputación. Rivera ha obrado con la máxima diligencia y eficacia", reiteró.
Alaya también investiga un pago de 109.620 euros a la empresa Acyco para mantener 144 puestos de trabajo. Esta cantidad coincide "exactamente" con los honorarios cobrados por el bufete Garrigues por la tramitación del ERE. Ayer el consejero alegó que esa subvención fue aprobada el 24 de abril de 2010 y que Rivera fue nombrado el 13 de abril, con lo que el alto cargo sólo continuó el calendario de pagos previsto.

comisiones. El denso auto de la magistrada apunta a medio Gobierno andaluz e imputa a 18 personas más, entre políticos, empresarios, sindicalistas, abogados y directivos de las compañías aseguradoras que, según Alaya, habrían estado cobrando comisiones disparatadas, muy por encima del precio de mercado. Ahí está el verdadero desfalco de la trama de los ERE. Están imputados dos sindicalistas de CCOO, dos abogados del despacho Garrigues, otros dos de Villasís y dos directivos de las aseguradoras Vitalia y Uniter. El consejero aseguró que en "ningún expediente o papel" de su departamento hay rastro alguno de estas comisiones, que consideró "escandalosas". La Junta pedirá esta semana a las aseguradoras que aclaren el dinero de más que cobraron al Gobierno andaluz por tramitar las pólizas. Los sobrecostes ilegales dispararon el precio final de los expedientes y la deuda de la Junta con las aseguradoras y consultoras supera hoy los 300 millones.

El titular de Empleo no "teme" que haya nuevos imputados del Ejecutivo andaluz. Ya son cinco los altos cargos de la Junta imputados en una causa que suma 48 acusados. El supuesto cabecilla, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, será llamado a declarar el 23 de febrero, a un mes de las autonómicas. Según Recio, es "difícil saber" qué coste electoral para el PSOE tendrá el caso. "El voto es a veces caprichoso", opinó. Tampoco le preocupa que Guerrero amenace con "tirar de la manta". "Lo que tiene que hacer es colaborar con la justicia", señaló.

El consejero sólo arremetió contra el PP, al que acusó de estar "jugando con los tiempos" para "beneficiarse políticamente" del caso. Un escándalo que, para Recio, sigue siendo algo "que le puede pasar" a cualquier Gobierno. "Nadie está libre de una situación así", dijo. Él, que tampoco se ha planteado dimitir", aseguró tener la "conciencia muy tranquila" porque está haciendo "todo lo que está" en sus manos.