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Niños de 2º de Primaria en su aula escolar. / María Montiel
El anteproyecto de la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía se puede consultar desde el jueves en la web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, como anunció el BOJA el día anterior. La ley, cuando esté terminada, sustituirá a una anterior de 1998 y ahora se expone al público el borrador para recibir sugerencias que la mejoren o para que, entre todos los que la miren, le encuentren defectos y se puedan corregir antes del debate en el Parlamento.
Estas correcciones se llaman alegaciones y hay un plazo para hacerlas: 15 días. El BOJA indica que estas alegaciones se pueden hacer por correo electrónico y que será la mejor forma de hacerlas, además. Indica, asimismo, la dirección de correo electrónico donde poder hacer la aportación ciudadana para enriquecer la ley.
Una de las entidades que presentará alegaciones es la ONG Save the Children. Su responsable de Sensibilidad y Políticas de Infancia, Javier Cabrera, explica que la Junta busca actualizar su vieja ley de los 90 a la nueva norma estatal de 2015, la Ley Orgánica de Protección del Menor.
«Lo más positivo es el artículo 68, que prevé una renta específica de protección a los menores de familias pobres, una prestación no contributiva a la infancia, y aplaudimos ese paso adelante de la Junta de Andalucía», expresó el portavoz de la ONG.
Sin embargo, Save the Children considera que otro de los aspectos, el de la violencia, se «queda cojo» en el borrador de la ley: «Habla del concepto de maltrato, cuando en las normas internacionales y en los derechos del niño el concepto de violencia es más amplio y además del maltrato incluye el abuso, la negligencia y el acoso, por lo que presentaremos una enmienda para que se amplíe este concepto de violencia en la redacción final de la ley», explica Cabrera.
«Limitar la definición de violencia a maltrato», prosigue, impedirá que se desarrollen políticas preventivas».
Esta ONG asismismo reclama a la Junta, por un lado, que se constituya la Comisión Técnica de Seguimiento del II Plan de la Infancia y Adolescencia 2016-20, y que cree una bolsa específica de familias de acogida para los menores extranjeros tutelados por la Junta de Andalucía, ya que esta es la figura que prevé la ley. «Entendemos que es complicado y que no hay muchas familias que quieran acoger a un menor inmigrante de 15 o 16 años, pero la Junta debería hacer un esfuerzo».
Otra ONG, Prodeni, no se pronuncia sobre esta reforma legal, pero su presidente, Juan Pedro Oliver, entiende que el asunto de los menores extranjeros es una de las grandes asugnaturas pendientes. «Más que nuevas leyes, la Administración debe garantizar que se cumplan las que ya tiene», zanjó.
CRÉDITOS EXTRA PARA OFRECER TRABAJO MUNICIPAL
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha publicado en el BOJA del viernes la relación de municipios que se beneficiarán de los créditos del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, que facilita medidaas extraordinarias y urgentes para la dar trabajo a personas en exclusión social. Solo la provincia de Sevilla recibe más de nueve millones de euros para 105 de sus 109 municipios. La capital recibirá 2,54 millones y Dos Hermanas otro medio millón.
AUDITORÍA INTERNA EN BUSCA DE BLANQUEO DE DINERO
La la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía (Soprea) busca (BOJA del viernes) contratar un servicio de auditoría para su control interno medidas y adoptar medidas asociadas «a los procesos de gestión del riesgo de blanqueo de capitales» durante tres años por 18.500 euros. Su web indica que Soprea tiene entre sus funciones la constitución de sociedades mercantiles o la participación en sociedades de especial interés para Andalucía y la concesión de créditos y avales.
AYUDAS PARA LA PESCA EN CÁDIZ
Abreviamos y la solemos llamar Consejería de Agricultura, pero su nombre completo incluye «y Pesca». En el BOJA del jueves indica cómo solicitar ayudas por la paralización temporal de la flota de las modalidades de cerco y de arrastre de fondo en el Golfo de Cádiz, por un importe total de de 2,527 millones de euros. La financiación corre a cargo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (50%) y del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (50%).
SIN COCHES PARA AGRICULTURA
Hace unas semanas publicamos que la Consejería de Agricultura estaba buscando vehículos para sus servicios centrales y delegaciones territoriales. La licitación ha resultado finalmente desierta, como expone el BOJA del jueves. La consejería los buscaba por un importe total 167.240,15 euros, lo que da una media de unos 15.000 euros por automóvil. Finalmente, el concurso para adquirir estos vehículos fue declarado desierto el día 6 de este mes.