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Manuel Ruiz de Lopera, en un momento del juicio. / Jesús Barrera
La penúltima sesión del juicio contra Manuel Ruiz de Lopera, que en principio concluirá el 15 de noviembre, ha orientado de forma definitiva cuál es la senda por la que transcurrirá una causa que ha durado casi una década. El día ha servido para que el exdirigente del Betis muestre su conformidad con las conclusiones de la fiscal Margarita Viera, que considera probado que cometió un delito continuado de apropiación indebida durante los años que estuvo al frente del club. En otras palabras, Lopera admite su culpabilidad. A cambio, el Ministerio Público rebaja su petición de condena de tres años de cárcel y unos 3 millones de euros a otra de seis meses de prisión que evitará pagando una multa de 3.600 euros.
La fiscal ha hecho un extenso y exhaustivo análisis de los dieciséis años de Lopera como mandatario del Betis y ha distinguido entre la etapa de Tegasa (1993-1998) y la de Encadesa (1999-2008). En la primera no ha encontrado motivo para afirmar que Lopera delinquió al considerar que el contrato con Tegasa fue limpio y transparente.
«Carecemos de una prueba pericial concluyente que acredite los desvíos de cantidades y la descapitalización del club en dirección al patrimonio de las sociedades gestoras o sus administradores», ha dicho Viera. Con Encadesa, sin embargo, «las conclusiones son totalmente diferentes».
«Lo calificamos como contrato simulado y carente de causa. Quien iba a gestionar los recursos económicos del Betis no era Encadesa, que consideramos inexistente, sino sus administradores de hecho, que son Lopera y Guillermo Molina. Estos hechos son reconocidos por Lopera y Molina claramente nos dice que Encadesa era una sociedad pantalla de la gestión de ambos con la colaboración de las dos acusadas (Mercedes Ferraro y Teresa González)», ha expuesto la fiscal, que lo ha definido como «un acto de gran deslealtad de Lopera al Betis, a sus accionistas y al consejo de administración por el quebranto de la confianza en él depositada».
«La única pretensión de este contrato era mantenerse y continuar con el control del Betis, hurtándole toda posibilidad de intervención en su gestión, limitada a la aprobación de las cuentas anuales. Por estos hechos pedimos la condena, porque estos actos se celebran con una conciencia clara por la opacidad, el oscurantismo y las engañosas maniobras que se desarrollan a través de Encadesa para mantenerse al frente del club sin oposición ni resistencia de otros accionistas», ha añadido.
A pesar de su contundencia, la fiscal aplica dos atenuantes: la reparación del daño, a través de la firma del acuerdo con el Betis hace unos meses; y la dilación «indebida» de todo el proceso, que comenzó en 2008.