Actualizado 29/01/2010 16:00

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. - EFE

El Gobierno aprobó hoy un plan de sostenibilidad de las cuentas  públicas, que contempla un recorte del gasto de 50.000 millones de  euros para el conjunto de las administraciones públicas entre 2010 y  2013, tras escalar el déficit público hasta el 11,4% del PIB en 2009,  casi dos puntos por encima de la estimación inicial del Ejecutivo.

Este déficit se reparte entre un saldo negativo del 9,5% para la  Administración Central, un 2,2% de las comunidades autónomas y un  0,5% de los ayuntamientos, frente a un superávit del 0,8% para la  Seguridad Social.

Así lo adelantó hoy la vicepresidenta segunda y ministra de  Economía y Hacienda, Elena Salgado, al término de la reunión del  Consejo de Ministros, en la que destacó que el objetivo del Gobierno  es situar el déficit público en el 3% del PIB en 2013.  

Del recorte del gasto de "casi" 50.000 millones de euros, Salgado  señaló que 40.000 millones corresponderán a partidas de gasto de la  Administración General del Estado y, el resto, afectará a las demás  administraciones. En este punto, aclaró que el Gobierno contempla un  superávit de la Seguridad Social hasta 2013.

El recorte del gasto del Gobierno central, añadió la ministra,  afectará "a prácticamente todas las partidas y a todas las  políticas", con excepción de los gastos sociales, entre los que  incluyó las ayudas a la dependencia, las becas de estudio, los 2.500  euros por nacimiento de hijos, la ayuda oficial al desarrollo o la  I+D+i. A parte, aseguró que "hay margen suficiente" para hacer un  recorte del gasto, por ejemplo en materia de transferencias o de  inversiones públicas.  

Salgado descartó que el esfuerzo de contención del gasto público  contemple la eliminación de algún ministerio, ya que, según dijo, se  trataría de una medida que no contribuiría a generar confianza,  precisamente el objetivo buscado por el Gobierno con este plan de  ajuste presupuestario.

Tampoco está previsto, aclaró, acometer nuevas subidas de  impuestos tras el "moderado incremento impositivo" llevado a cabo  este año y que empezará a producir efectos, especialmente en lo  relativo a la subida del IVA, conforme vaya mejorando la situación  económica. "El esfuerzo viene fundamentalmente por la contención del  gasto", reiteró.

Un plan de acción inmediato. Por parte de la Administración General del Estado, Salgado  concretó que se pondrá en marcha un "plan de acción inmediata", que  afectará al presupuesto para 2010, y otro a medio plazo para los años  2011-2013.  

En conjunto, la necesidad de reducción del déficit será de 8,4  puntos porcentuales hasta 2013, si bien, una vez descontados los  efectos de la recuperación económica, de la eliminación de las  medidas de impulso y el incremento de los intereses de la deuda  (1,3%), la minoración del gasto debería ser de 5,7 puntos del PIB, de  los que 5,2 puntos porcentuales serán responsabilidad del Estado  (40.000 millones de euros).

Concretamente, el Estado hará un ajuste de 1,1 puntos del PIB por  el lado de los ingresos -medidas tributarias y acción antifraude-,  y de 4,1 puntos por el del gasto, entre los 0,8 puntos ya incluidos  en los PGE para 2010, los 0,5 puntos del plan de acción inmediata,  2,6 puntos por el plan de austeridad 2011-2013 y los 0,2 puntos por  gasto financiero con efecto en déficit.

El Gobierno contempla en estos años una caída del PIB del 3,6% en  2009 y del 0,3% en 2010, las mismas previsiones que en el últino  cuadro macroeconómico. Desde 2011, espera que se inicie una fase de  recuperación "más sólida" que se intensificará en 2012 y 2013, con  crecimientos del 1,8%, 2,9% y 3,1%, respectivamente.

Si bien, precisó que el Ejecutivo ha incrementado en una décima  las cifras de paro para los años 2009 y 2010, hasta tasas del 18% y  del 19%, respectivamente. En los tres años siguientes, las tasas  serán del 18,4%, 17% y 15,5%.

Todo arranca en 2010. Sobre esta base, la vicepresidenta segunda del Gobierno especificó  que el recorte ya se inicia en los Presupuestos Generales del Estado  (PGE) para 2010, en el que se incluyen incrementos tributarios que  supondrán un incremento del 1% del PIB en los ingresos y un esfuerzo  de austeridad del 0,8% del PIB por el lado del gasto.

Además, el plan contempla una reducción del gasto presupuestado  inicialmente para este año del equivalente al 0,5% del PIB. Al  respecto, los diferentes ministerios deberán proponer antes del 1 de  marzo al Ministerio de Economía y Hacienda los créditos concretos a  los que deberá afectar esta restricción. Según precisó Salgado, ya se  ha aprobado la no disponibilidad del gasto por importe de 5.000  millones de euros.  Además, durante 2010 la Oferta Pública de Empleo Público se  reducirá al 10%, frente al 15% inicial, de la tasa de reposición de  efectivos y no se contratará nuevo personal interino.

Recortes en el sector público empresarial. Para los años 2011-2013, el plan plantea un recorte generalizado  del gasto que afectará "a todas las partidas", salvo a pensiones,  prestaciones por desempleo y ayudas a la dependencia, educación e  I+D+i, con un impacto equivalente del 2,6% del PIB.  Los principales recortes se referirán al gasto de personal (-0,3%  del PIB), gastos de funcionamiento (-0,2%), inversiones (-0,5%) y  transferencias y otros gastos (-1,6%).

Para hacer efectiva estas medidas, antes del 1 de mayo el  Gobierno tiene previsto aprobar un Plan de Reestructuración del Gasto  Público que incluirá una "revisión exhaustiva" de todos los programas  y políticas del gasto de la AGE y la racionalización de sus  estructuras.

En este punto, Salgado resaltó que el Gobierno presentará en el  plazo de tres meses un proyecto de reestructuración del sector  público empresarial.

Además, la aprobación de cualquier nueva actuación del gasto que  se quiera emprender deberá supeditarse a los objetivos del plan, de  modo que cualquier medida que propongan los departamentos  ministeriales no podrán suponer un aumento neto del gasto. Asimismo,  cualquier aumento no previsto de recaudación se dedicará a reducir el  déficit.

Acuerdo marco para las Comunidades Autónomas. En el caso del resto de las administraciones públicas, Salgado  preció que el Gobierno "no tienen intención de invadir competencias",  por lo que propiciará un "acuerdo marco" en el Consejo de Política  Fiscal y Financiera "para poder diseñar la senda de reducción del  déficit de las comunidades autónomas y corporaciones locales".

En esta línea, el Gobierno propondrá crear un grupo de trabajo en  el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer un seguimiento  de estas actuaciones de las comunidades autónomas, que deberán  remitir informes trimestrales haciendo balance.

Al respecto, la titular de Economía indicó que confía en que los  gobiernos regionales tengan un comportamiento "igual de responsable"  que la Administración Central y, en concreto, apeló a que el recorte  en el capítulo de personal es "básico" y debe afectar a todas las  administraciones.