El consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, mostró ayer su "total rechazo" al Decreto Ley aprobado por el Gobierno central que recoge la suspensión temporal de los incentivos para las nuevas instalaciones de energías renovables. Andalucía puede ser la región más perjudicada en términos socio-económicos dada su apuesta por el sector, según explicó Ávila.

Lamentó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haya "claudicado" ante las presiones de las grandes eléctricas que están en contra de que las renovables tengan mayor peso y advirtió de que la medida "va a perjudicar" a otras empresas que sí habían apostado por la investigación y la creación de tejido productivo en torno a la energía limpia.

Se mostró preocupado ante el "nuevo recorte del Gobierno" que, a su juicio, puede iniciar un cambio en el modelo energético que está en marcha en toda España, y muy especialmente, apuntó, en Andalucía, donde "un freno al desarrollo de este sector puede suponer un fuerte impacto en el empleo, las empresas, el desarrollo tecnológico y esa apuesta por la sostenibilidad con la que todas las administraciones públicas tenemos que comprometernos".

Si bien ese apagón de las ayudas es temporal, Antonio Ávila recordó que el Gobierno español no ha precisado cuándo se retomará el apoyo a las renovables. Considera que tampoco ha justificado esa normativa más allá de "responsabilizar a las energías renovables" del déficit de tarifa y esto "es un mal argumento".

"El exceso que cobran las grandes eléctricas al poner el precio de la energía producida con los ciclos combinados, a la generada por las nucleares o por las grandes infraestructuras hidráulicas compensaría sobradamente el importe de las primas a las energías renovables", sostuvo el consejero. Para atajar el déficit de tarifa hay otras alternativas, opinó.

Destacó que el impulso realizado en la comunidad por las renovables ha sido un éxito, ya que en torno a ellas se han generado en los últimos años unos 44.000 empleos directos e indirectos en 1.800 empresas, propiciando una inversión pública y privada estimada en unos 11.000 millones de euros.

Por otra parte, 43 municipios se repartirán los 1.194 megavatios eólicos que la Junta ha prioriado dentro del concurso convocado a finales de julio de 2011.

Esta potencia se distribuye en 57 parques de entre 1,5 y 49,6 megavatios (287 solicitudes acudieron al concurso). Su construcción requerirá una inversión de 1.433 millones de euros, generando 3.400 empleos directos e indirectos durante un año. Y finalizada la ejecución, serán necesarios 180 profesionales para labores de mantenimiento.

17 serán los promotores de los parques: Magtel, Ayesa, Iberdrola (Geansa más Iberdrola), Enel, Capital Energy, Gas Natural Fenosa Renovables, EDPR, Cobra, Gamesa, Unión Eólica Andaluza, Orisol, Bogaris, E-On, Montealto Energía, Parque Eólico La Rabia, Tradex y LDV Casares.

Para seleccionar las iniciativas, la Administración tuvo en cuenta los informes previos de REE, de manera que los aspirantes tienen asegurada la evacuación de la electricidad, y los proyectos asociados de desarrollo industrial y eficiencia energética. Así, las iniciativas propuestas por los 17 adjudicatarios generarán inversiones adicionales de 140 millones, creándose 757 empleos.

Así, Granada es la provincia andaluza con más localidades beneficiadas, 14 y 274 MW. Le siguen Cádiz, con nueve municipios y 287 MW, y Almería, con seis municipios y 145,95 MW. Por lo que respecta a la potencia priorizada, la primera sería Cádiz, con el 24% del total, seguida por Sevilla y Granada, el 23 cada una%.

Además de los 1.194 Mw ahora adjudicados, Andalucía ya cuenta con 3.055 MW eólicos en funcionamiento. Ha quintuplicado la potencia instalada en los últimos cuatro años, y con ella se daría cobertura al consumo eléctrico de aproximadamente 5 millones de habitantes.

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