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El exconsejero de Empresa de la Generalitat de Cataluña Santi Vila a su llegada a la Audiencia Nacional. / EFE
La Audiencia Nacional ha autorizado la puesta en libertad del exconseller de Empresa Santi Vila, una vez su defensa ha depositado esta mañana la fianza de 50.000 euros que le exigió la juez Carmen Lamela para eludir la prisión.
Según han informado fuentes jurídicas, después de que la Audiencia haya acordado dejar en libertad provisional a Vila, está en manos de Instituciones Penitenciarias -que depende del Ministerio del Interior- la decisión de cuándo podrá abandonar la cárcel el exconseller, lo que podría ocurrir en las próximas horas.
La Audiencia ha remitido el auto que decreta la libertad provisional de Santi Vila al juzgado de la localidad madrileña de Arganda del Rey, que es el competente para tramitar la excarcelación del exconseller de la prisión de Estremera en la que ha pasado la noche.
De acuerdo con el auto, una vez quede en libertad provisional se mantendrán vigentes el resto de medidas cautelares que Carmen Lamela acordó para Santi Vila: retirada de pasaporte, prohibición de abandonar territorio nacional, fijación del domicilio y comparecencias quincenales en el juzgado más cercano a su casa.
El exconseller ha pagado hoy la fianza de 50.000 euros en la cuenta de consignaciones de la Audiencia Nacional, tras haber pasado la noche en la cárcel de Estremera, junto a otros seis exconsellers para quienes la juez dictó prisión incondicional.
Pau Molins, abogado de Vila, precisó que su cliente podría haber pagado la fianza ayer mismo por la tarde para evitar ingresar en la cárcel, pero el exconseller prefirió pasar la noche entre rejas en solidaridad con los ocho consellers cesados que fueron encarcelados por orden judicial.
En su declaración de ayer ante la juez de la Audiencia Nacional, el exconseller de Empresa, que dimitió la víspera de que el Parlament votara la independencia, Vila se desmarcó del resto de exmiembros del Govern al comparecer con un abogado propio, el penalista Pau Molins.
Además, Vila fue el único de los investigados que accedió a contestar a todas las partes, incluida la Fiscalía, mientras que el resto de los exconsellers optaron por responder sólo a las preguntas de sus defensas, representadas por los abogados Jaume Alonso-Cuevillas y Andreu Van Den Eynde.
La juez Carmen Lamela, que investiga a los miembros del Govern de la Generalitat cesados a raíz de una querella de la Fiscalía que les acusa de rebelión o sedición y malversación, acordó dictar fianza para Santi Vila, al tener en cuenta que, cuando dimitió, «desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista».