J, Alonso Actualizado 20/10/2009 21:54

Gonzalo Crespo, Antonio Rodrigo Torrijos y Jorge Piñero - Gregorio Barrera

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La investigación por la supuesta venta fraudulenta del suelo de Mercasevilla a Sando se encauza desde hace semanas hacia la comisión ejecutiva y el consejo de administración. De hecho, se analiza la posible declaración como imputados de la ejecutiva en bloque, una vez constatado que los pliegos que la juez ve irregulares pasaron por todos los órganos de dirección de la empresa pública antes de llegar al Pleno. En el marco de esta investigación, la magistrada solicitó a la Policía Judicial un informe con el perfil y la evolución profesional y personal de casi una veintena de personas implicadas en el proceso. En un auto del pasado 9 de octubre, la juez instructora reclamó esta información, que ya le ha sido facilitada, según fuentes judiciales consultadas.

El informe solicitado afecta al menos a 18 cargos públicos, miembros de la comisión ejecutiva y del consejo de administración de Mercasevilla de todas las siglas políticas. Entre los investigados hay cinco ex concejales –Gonzalo Crespo, Dolores Meléndez, Antonio Rodríguez Galindo, Cristina Vega y Marta Mejías–, y el actual primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos. Además, están incluidos el interventor municipal –entonces también consejero–, el ex secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, y el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño.

El caso de este último, militante del PSOE hasta el pasado verano, puede ser uno de los ejes de la línea de investigación abierta por la magistrada. En el auto solicita “todos los cargos en instituciones públicas, partidos políticos y empresas” de las personas analizadas. Castaño fue secretario de Organización socialista en Macarena, director de Vía Pública, miembro de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla y después representante de una Unión Temporal de Empresas para el desarrollo de Santa Bárbara, que tiene a Sando –la adjudicataria del concurso investigado por la juez– como principal accionista.

Los datos recabados por la juez, además de las declaraciones policiales de los miembros de la Comisión Ejecutiva, servirán de base a la juez para decidir quién es llamado a declarar en el juzgado y en qué condición. La Fiscalía estudia imputar de momento a los siete miembros de la Comisión Ejecutiva que impulsaron el concurso público y que formalizaron la adjudicación a Sando. Pero queda ahora por definir si también llegará a alguno de los miembros del consejo de administración quienes también aprobaron el concurso.

Los investigados

• Concejales En la lista figuran los ex ediles Gonzalo Crespo (PSOE), Antonio Rodríguez Galindo (PSOE), Cristina Vega (PSOE), Dolores Meléndez (PP) y Marta Mejías (PA). A ellos se añade el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU).  
  
• Altos funcionarios. Afecta al ex vicesecretario Jorge Piñero, ya imputado; al interventor, José Miguel Braojos; y al ex secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina.
  
• Empleados municipales. Entre los investigados está el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño; la jefa de servicios de Vía Pública, María Victoria Bustamante (ya imputada); y Amparo Guisado Castejón. Según la memoria de 2005 de la empresa también Fernando Martínez Salcedo era miembro del consejo, pero no aparece en las actas vinculadas a la venta de terrenos a Sando.
• Otros cargos. De Mercasa están Ángel Gil y Arturo Cortés como miembros de la empresa estatal. Otros nombres son Julio Alba, José Luis Illescas, Apolinar Gómez, Arturo Cortés, José Ignacio Fernández y José Antonio Vázquez Rosso.