El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco no incluirá a Sevilla en la lista de ciudades con Patrimonio en Peligro ni, por tanto, retirará a la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias su sello de Patrimonio de la Humanidad. Por ahora, el Comité, reunido en su XXXIV sesión en Brasilia (Brasil), sólo ha solicitado un nuevo informe tras asumir, según el Ayuntamiento, el dictamen realizado por el comité de expertos constituido por el Estado español.

 

Según dijeron a Efe fuentes de la Unesco, el Comité seguirá "observando el desarrollo de las obras" y estará "vigilante". Es decir, que la Unesco retrasa un año más su decisión final sobre el impacto de la torre diseñada por el arquitecto César Pelli (con 178 metros de altura), pero no ve nada que justifique la inclusión de Sevilla en la lista negra. Sólo resta conocer el texto oficial de la resolución, que no se hará público hasta el domingo o lunes.

Lo que está claro es que las obras del rascacielos en la Cartuja seguirán adelante. "El Comité tomó nota del inicio de las obras e hizo suyo el informe de los expertos, por lo que se descarta que haya una afección adversa al conjunto protegido. No se nos hubiera ocurrido apoyar una torre si hubiese afección, estamos seguros de que no atenta contra el patrimonio", sostuvo la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Maribel Montaño, que viajó hasta Brasilia para defender allí el proyecto de Cajasol.

"Queda descartado que la torre afecte al patrimonio y al conjunto histórico", insistió la delegada tras asegurar que ningún país ni el propio Icomos Internacional (el órgano asesor de la Unesco que advirtió del impacto negativo del proyecto de Cajasol) expuso en la reunión del Comité la posibilidad de que Sevilla pudiese entrar en la lista de Patrimonio en Peligro.

Tras la reunión del Comité de Patrimonio Mundial del pasado año (celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla), el Gobierno español creó una comisión para el estudio del impacto de la torre de Cajasol sobre el patrimonio de Sevilla, como exigió la Unesco. A finales del pasado mes de enero, dicha comisión emitió su informe.

En concreto, los cinco expertos propuestos por el Ayuntamiento, la Junta y el propio Ministerio de Cultura concluyeron que el rascacielos de 178 metros que se está construyendo no tiene un "impacto visual directo" sobre la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias, los bienes declarados Patrimonio Mundial en 1987, y que el proyecto es legal desde el punto de vista urbanístico y patrimonial.

Sin embargo, este comité de expertos alertó de la "marca excesiva" del rascacielos en el entorno del casco antiguo. Por eso la Unesco ha encargado un estudio (a entregar antes del próximo mes de junio de 2011) que "descarte" cualquier posible afección "adversa" en la zona de "amortiguamiento" que delimita el conjunto histórico artístico, según Montaño.
Los expertos advirtieron que el tamaño de la torre "supone una marca excesiva, indudablemente negativa" respecto al territorio de transición entre la Cartuja y Camas, un hecho que "demanda una configuración más atenta al diálogo con la ciudad histórica", así reza en su informe.

"En este punto trabajaremos mientras se construye la torre y si la Unesco hace alguna recomendación la asumiremos", señaló Montaño desde Brasil, tras subrayar que la Ley de Patrimonio establece un perímetro mínimo de 50 metros en torno al bien a proteger mientras que "la torre Cajasol se situará a 500 metros del borde del casco histórico y a un kilómetro y medio de la Giralda.

Por su parte, Víctor Fernández Salinas, miembro de Icomos España, indicó ayer que hasta que no conozcan el texto de la resolución oficial de la Unesco no opinarán sobre su decisión, ya que si el año pasado recomendaron parar las obras, "sería absurdo que este año no lo hagan cuando han pedido un nuevo informe". Con todo, Fernández Salinas aseguró que asumirán la decisión del Comité, pese a que sea contraria a las tesis de Icomos. "Nosotros hemos hecho nuestro trabajo", sentenció el experto.

Cajasol aplaudió la resolución de la Unesco que, a su juicio, reconoce la "no afección de la torre a los tres monumentos declarados Patrimonio Mundial", según un comunicado. El promotor del rascacielos destacó la legalidad del proyecto desde el punto de vista urbanístico y "la pulcritud" en su vertiente patrimonial.

Además, resaltó que en plena crisis, la torre supone un impulso para la dinamización de la economía al aportar más de 300 millones de euros. "El impacto directo e indirecto generado en Andalucía por la fase de construcción asciende a 212,4 millones de euros sobre el PIB, la creación de 4.000 puestos de trabajo y la generación de unos retornos fiscales de 27,1 millones", señaló ayer la entidad financiera andaluza.

¿No era tan evidente el "atentado contra el patrimonio de la ciudad"? En fin, otro [...]
Fran

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