L. B., Sevilla Actualizado 07/09/2010 20:54

Carcaño es el principal sospechoso de la desaparición y muerte de Marta. - Antonio Acedo

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El deseo de la Fiscalía es que los imputados por la muerte de Marta del Castillo sean enjuiciados lo antes posible y que tanto la decisión sobre el tipo de jurado, profesional o popular, encargado de ello como "otras cuestiones previas no resueltas se agilicen". Pero, consciente de que el proceso judicial puede retratarse más allá de febrero de 2011, cuando el principal imputado Miguel Carcaño cumple dos años en prisión preventiva, el ministerio público ya avisa de que "tomará las medidas que sean necesarias para prorrogar esa situación si así se estima oportuno", según destacó ayer el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece la prisión preventiva como medida cautelar en caso de riesgo de fuga, de ocultación o destrucción de pruebas o ante la posibilidad de que el acusado pueda infringir nuevos daños a la víctima, a sus bienes físicos o jurídicos. El máximo legal estipulado es de un año, prorrogable seis meses más, para delitos penados con menos de tres años de condena y de dos años, prorrogable otros dos, para delitos con condenas superiores a tres años de cárcel. En el caso Marta, se aplicaría el segundo supuesto por lo que, al cumplirse los dos años iniciales, el ministerio público podría solicitar una prórroga de otros 24 meses.

El nuevo capítulo que puede retrasar la celebración del juicio es la decisión del magistrado designado para presidir el jurado popular que inicialmente iba a juzgar el caso, Javier González, de que finalmente se encargue de éste un tribunal profesional. Se basó para ello en los acuerdos del Tribunal Supremo que hace seis meses, a raíz de la violación y asesinato de dos policías en Hospitalet de Llobregat, matizó la doctrina sobre los delitos enjuiciables por jurado popular. Determinó que la intervención o no de un jurado popular vendría determinado por el delito finalista perseguido por los procesados.

En el caso Marta, el juez Javier González consideró que el delito inicial perseguido por los imputados era la violación de la joven Marta del Castillo -un delito que no es enjuiciable por jurado popular- y que su posterior asesinato pudo ser cometido para ocultar la agresión sexual. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la acusación particular que representa a los padres de Marta ya han anunciado su intención de recurrir esta decisión.
En el caso del recurso de la Fiscalía, García Calderón detalló ayer que la Fiscalía provincial lo está preparando y su argumento de base será que "cuando debe establecerse la intención inicial del autor es después de la celebración del juicio oral, con todas las garantías".

Además, el ministerio público está "analizando" si existe jurisprudencia al respecto tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) posterior a los acuerdos del Supremo.

El Fiscal Superior de Andalucía defendió además que los procesos enjuiciados por jurado popular ofrecen también más garantías, tanto para los procesados como para las víctimas, porque "son los únicos en España que respetan la doble instancia penal porque permiten tanto la apelación (el recurso ante el TSJA) como la casación (al Supremo)". Ello obliga también a que la actuación de la Fiscalía provincial se coordine con la Fiscalía Superior de Andalucía y también con la Fiscalía General del Estado.

Al conocer la decisión del magistrado Javier González, el padre de Marta, Antonio del Castillo, se mostró "indignado" y dijo no entender el cambio de criterio después de que el juez instructor del caso desestimara los recursos presentados por los principales imputados contra el jurado popular, aunque no cree que esto retrase más de dos o tres meses el juicio.