N. Jiménez / J. Alonso, Sevilla Actualizado 20/09/2011 22:25

Desahucio de una anciana de Encarnación 6, en 2004, que debía 39 euros. - A. Acedo

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En los números 5 y 6 de la plaza de la Encarnación vivía Rosario Piudo, una anciana cuyo desahucio en marzo de 2004 -por una deuda de 39 euros- se convirtió en todo un símbolo de la lucha en defensa de los inquilinos en situación de abuso. Precisamente tras su caso se creó Otainsa (gestionada por IU), la oficina destinada a atender la problemática entre inquilinos y propietarios de inmuebles que incumplen el deber de conservación. Siete años después, el Gobierno local del PP suprime Otainsa y el proyecto para que el edificio de Encarnación 5 y 6 albergase una treintena de viviendas sociales.

Así lo aprobará hoy el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo, que alega que el proyecto para restaurar este inmueble no se había llevado a cabo hasta la fecha por la falta de recursos económicos. Además, la Gerencia añade que se dispone de 121 viviendas gestionadas en distintas promociones en Sevilla para satisfacer el fin social que se pretendía conseguir por Otainsa y que actualmente son "escasos" los inmuebles disponibles adscritos al Patrimonio Municipal del Suelo ante el parón en el desarrollo de suelos previstos en el PGOU. Sin embargo, se olvida que la crisis ha provocado que la demanda de viviendas sociales se haya disparado, como advirtieron numerosas entidades sociales.

Rosario Piudo llevaba casi tres décadas pagando los 120 euros mensuales de su alquiler de renta antigua, pero en 2003 la anciana decidió dejar de pagar en protestar por el estado deplorable en el que estaba el edificio en el que vivía. Rosario puso al día los atrasos después de que lo ordenara un juez, pero olvidó pagar 39 euros.

La familia Giménez Clavijo, propietaria entonces del inmueble, denunció a la anciana y el Juzgado número 12 de Sevilla hizo pública el 9 de julio de 2003 una sentencia en firme, sin posibilidad de recurso, por la que se obligaba a la octogenaria a abandonar el domicilio. Rosario, con 86 años y problemas de memoria, dijo que se enteró de que tenía que dejar su casa cuatro días antes. El 9 de marzo de 2004, su imagen saliendo de su casa recorrió el país.

Después del desahucio de Rosario Piudo y la creación de Otainsa, el Ayuntamiento aprobó la expropiación del edificio número 5 y 6 de la Encarnación tras incumplir sus dueños el deber de conservación. El justiprecio determinado para la expropiación fue de 4,8 millones de euros. Un dinero que el Consistorio pagó con otros suelos en Maimónides y Medina y Galnares, 62.

El proyecto de rehabilitación del edificio, con un presupuesto de cuatro millones de euros, incluía 31 viviendas en régimen de alquiler y ocho locales. Un edificio "bioclimático" con invernadero en la azotea que serviría como zona común, así como salones y comedores comunes. La cubierta se dibujó repleta de placas solares y un sistema de reutilización del agua de lluvia para la climatización. Los inquilinos tendrían que pagar sólo el 5% de sus rentas de, como máximo, 1,5 veces el salario mínimo, según informó entonces el responsable de Otainsa, Ángel Monge, y el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos (IU).

Este proyecto se sumaba a otros dos que han corrido distinta suerte. Uno era la rehabilitación de la casa palacio del Pumarejo y, el otro, la restauración del Corral de la Encarnación en Pagés del Corro. Los tres edificios serían rehabilitados para dar cobijo a 64 familias sin recursos. No obstante, sólo el corral de vecinos de Triana se inauguró.

 Y no se quedan ahí los recortes. La Gerencia, además de suprimir hoy Otainsa y la Gestión del Parque Social de Vivienda, atribuyendo sus funciones al Servicio de Rehabilitación y Renovación Urbana, elimina la Oficina de la Bicicleta, siendo el servicio de Proyectos y Obras el encargado del mantenimiento de la red de carriles bici. Además, el Servicio de Atención Inmediata o 072 REUR se asigna al servicio de Coordinación y Conservación de Vía Pública y al de Licencias Urbanísticas (sección de Ocupación de Vía Pública). Se acuerda "el cese, la adscripción provisional y la funcional del personal adscrito" a ese servicio.

Según el Gobierno que dirige Juan Ignacio Zoido, la Gerencia de Urbanismo -al igual que otros organismos y empresas municipales- atraviesa una "grave situación económica" que, según el PP, justifica la imposición del "criterio de austeridad en el gasto público sin que esto signifique detrimento en la calidad del servicio público que se presta".