N. Jiménez Actualizado 31/01/2012 22:19

Los operarios de la torre colgaron pancantas advirtiendo a Zoido de que irán al paro si para la obra - Samara Calero (Atese)

Compartir:   Facebook   Twitter   Meneame  

La fecha tope es hoy y no hay ni rastro del informe que el Estado español debía mandar a la Unesco sobre el estado de conservación de los tres monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad: la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar. El Ministerio de Cultura aseguró ayer a este periódico que está a la espera de que el Ayuntamiento le mande tal documento y que espera que sea hoy "para cumplir con el compromiso con la Unesco". Sin embargo, fuentes municipales aseguraron que el informe lo redactará el Ministerio porque "el Archivo de Indias es de su competencia". Un argumento bastante cojo porque nunca el Ministerio se encargó de hacer estos informes.

De hecho, según Cultura, los "gestores" son los ayuntamientos en estos casos y el Ministerio se limita a enviar el informe a la Unesco al ser el "interlocutor". Ante otros requerimientos del Comité de Patrimonio Mundial, siempre fue el Gobierno local de Sevilla quien elaboró los análisis sobre el patrimonio en cuestión. Así ocurrió en 2009 y 2010. Por eso el propio delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, apuntó la semana pasada que serían las áreas de Cultura y Urbanismo del Consistorio las que elaborarían tal documento.

Sin embargo, nadie sabe nada de tal informe ni de su contenido y el plazo marcado por la Unesco expira hoy. Ese dictamen, junto con el de Icomos que recomienda parar la torre y recortar su altura, tiene que ser analizado en junio en el Comité de Patrimonio Mundial que se celebrará en San Petersburgo, donde se podría decidir si los monumentos de Sevilla entran en la lista de Patrimonio en Peligro. De ahí su importancia.

Mientras, el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), confesó ayer que no tomará decisiones arriesgadas en este asunto. Ya sean los más de 200 millones de euros que apuntan fuentes cercanas a Cajasol-Banca Cívica o los 2,2 millones que dice la plataforma Túmbala que costaría parar la torre Pelli, el Ayuntamiento no tiene dinero para indemnizar a la promotora del rascacielos. Así que la amenaza que lanzó la semana pasada el alcalde cada día tiene menos fuerza. El propio Zoido admitió ayer que Cajasol tendrá derecho a pedir una indemnización si finalmente se paralizasen las obras para revisar la altura y que "el Ayuntamiento no tiene dinero para pagarla".

Sólo hay que echar un vistazo a las cuentas municipales de 2012 para deducir que el Ayuntamiento está bajo mínimos y que, por tanto, no podría hacer frente a tal indemnización. Sin embargo, Zoido instó a Cajasol a rebajar la altura de su torre y advirtió de que la pararía de forma cautelar, "por el interés general" aunque tiene la licencia en regla. Ahora, parece que el alcalde se ha topado con la realidad y recula. Eso sí, no quiere ser recordado como el alcalde que paró la obra del primer rascacielos de Sevilla sin base legal (y destruyendo 1.800 empleos, como recuerdan trabajadores y sindicatos) ni el alcalde que permitió que la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar perdieran su título de Patrimonio Mundial.

"Me tienen que ayudar el resto de administraciones y la promotora porque no quiero hacer una medida arbitraria como la paralización de la torre sin causa legal, pero tampoco quiero pasar (a la historia) como el alcalde de Sevilla que permitió que su zona patrimonial perdiera ese carácter", confesó el regidor en un desayuno informativo de Fórum Europa en Madrid.

Zoido se mostró confiado en que la entidad promotora "no va a poner en riesgo" que la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar pierdan su título de la Unesco y volvió a pedir a la Junta, al Ministerio de Cultura y a la caja que le ayuden a salvaguardar "los derechos de todos". Para la caja, la única salida posible es que las administraciones defiendan su proyecto tal y como está, presionen políticamente y de forma diplomática solventen el debate en el Comité de Patrimonio Mundial.

Para el líder del PP, la Junta es quien tiene la responsabilidad última de aprobar las normas y, por lo tanto, "no puede mirar para otro lado"; mientras que el Ministerio de Cultura "tiene que defender que determinadas zonas de Sevilla sigan siendo patrimonio de la Humanidad". Además reclamó "tiempo" en este caso porque la "discusión permanente" con la Unesco e Icomos viene de lejos. "Fácil no debe ser cuando en seis años no se ha resuelto ese problema e Icomos sigue informando en contra", concluyó.

El debate alrededor de la torre diseñada por el arquitecto César Pelli incluso ha llegado ya a la prensa internacional. El diario británico The Guardian se hizo eco del conflicto y dedicó una extensa noticia el 20 de enero, cuando trascendió el contenido del informe de Icomos realizado tras la visita a Sevilla en noviembre de 2011.