Rocío Velis, Sevilla Actualizado 07/02/2012 21:46

La investigación se centra en la unidad motorizada de la Policía Local. - Javier Cuesta

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Los policías locales que declararon ayer como imputados en la supuesta trama acusada de cobrar irregularmente tasas municipales coincidieron en responsabilizar de la misma a un agente fallecido, que presuntamente era el cabecilla, y cuya muerte estuvo a punto de provocar el archivo del caso al inicio de la investigación. Algunos de los seis agentes que declararon ayer únicamente admitieron que le hacían "favores" a este agente para ayudarle a cargar y descargar vallas, pero sin llevar el uniforme y sin cobrar tasas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 tomó ayer declaración a siete imputados, seis agentes y un empleado de una empresa de grúas, además de a tres testigos, después de que el lunes citara a otros cuatro agentes, al empleado de una gestoría especializada en la retirada de multas y al gerente de Grúas Lozano. A todos les imputa un delito de cohecho. Hasta ahora sólo algunos agentes han reconocido que trabajaron "cargando y descargando vallas" para facilitar el paso de las grúas de gran tonelaje en horas fuera de servicio. Pero todos explicaron que no cobraron nada, más allá de "20 o 40 euros para gasolina", que les daba el agente fallecido como agradecimiento por su ayuda.

La jueza insistió ayer en preguntar a estos policías si no sabían que hacer trabajos extras fuera del cuerpo y cobrar por ello está considerado como incompatible, pero los agentes insistieron en que lo hacían como un favor. De hecho, dijeron que en la Jefatura de la Policía Local había un listado con los teléfonos de los agentes, a los que el fallecido llamaba "indistintamente" para que le ayudaran.

Otros agentes, entre ellos un subinspector que recientemente recibió una distinción como reconocimiento a su trayectoria profesional, dijeron que desconocían cualquier actividad que llevara a cabo este agente fallecido, al que conocían, pero del que dijeron que estaba casi siempre "de baja". Los testigos, por su parte, eran empleados de una empresa de transporte.

Esta investigación se inició en septiembre de 2009 después de que se detuviera a policía local en el marco de una operación antidroga. En los registros y escuchas se detectaron estas supuestas irregularidades, aunque en un principio se creyó que la causa se debía archivar al ser el responsable un fallecido, como ahora están diciendo todos los agentes. Este policía, según contó el gerente de Grúas Lozano, hacía de intermediario, encargándose de todas las gestiones para la escolta de los vehículos, incluido el pago. Un servicio que luego pagaba el cliente que necesitaba el servicio de grúa.