Las víctimas del A400M se oponen al archivo de la investigación judicial

Los dos supervivientes y los familiares de los cuatro tripulantes fallecidos en el accidente del Airbus A400M, ocurrido el 9 de mayo de 2015, han mostrado su oposición a la petición de la Fiscalía de Sevilla de que el caso sea archivado y han criticado que el informe del Ministerio Público haya sido difundido «antes de que le haya sido notificado a las partes personadas en la causa». Los abogados de las víctimas han anunciado que van a reclamar al Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga el caso, la práctica de nuevas diligencias para depurar una posible responsabilidad penal.

Los abogados personados como acusación en la investigación judicial abierta han mostrado en un comunicado «su total disconformidad con las conclusiones alcanzadas por el Ministerio Fiscal y su petición de archivo de las actuaciones, y anuncian la inminente solicitud de nuevas diligencias de instrucción que permitan un total esclarecimiento de los hechos y la eventual declaración de responsabilidad penal de aquellas personas físicas y/o jurídicas que puedan resultar implicadas».

En este sentido, la semana pasada la Fiscalía solicitó en un escrito el archivo de las diligencias al entender que el accidente, en el que fallecieron cuatro personas y otras dos resultaron heridas de gravedad, se produjo por «una cadena de causas», sin que se pueda establecer «responsabilidades personales». El Ministerio Público entiende en su escrito que «la necesaria confluencia de todos los factores concatenados, unidas a las decisiones tomadas en el vuelo, impiden aislar comportamientos individuales o conjuntos con entidad suficiente como para atribuir personalmente a cualquiera de los intervinientes en la cadena naturalística que determinó el accidente, un grado de previsibilidad o de cognoscibilidad de la situación de riesgo (deber subjetivo de cuidado) o una falta en el deber objetivo de cuidado». No obstante, recordaba que los afectados pueden reclamar por la vía Civil una indemnización.

Precisamente, las víctimas denuncian «a violación del carácter reservado de las actuaciones penales de investigación», por la publicación de este informe «incluso antes de que le haya sido notificado a las partes personadas en la causa, con una clara vulneración de la obligación de secreto de las diligencias». «Dichas informaciones, de acuerdo con el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son reservadas y su divulgación por parte de un funcionario público podría ser constitutivo de un delito, conforme al artículo 417 del Código Penal», añade el comunicado.

La petición de la Fiscalía se produce después de que el juzgado entregara a las partes el informe técnico sobre el accidente elaborado por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (Citaam), que adelantó este periódico y que explicaba que la carga del nuevo software de los motores de la aeronave se hizo mal y borró los parámetros de vuelo. Una carga que no era necesaria hacer porque un mes antes el fabricante del motor, EPI, lo había actualizado bien, pero esto no se recogió debidamente, lo que hizo que en la tarjeta de los motores apareciera que estos tenían la versión antigua y se volvieron a cargar, pero esta vez mal. Defensa habla de «descordinación» entre EPI y Airbus en cuanto a quien debía cargar los nuevos software. Entre otros motivos porque cuando Airbus lo cargaba solía dar problemas.

Una serie de circunstancias que la Fiscalía entiende que no son suficientes para mantener una causa penal y que, en cambio, las familias quieren aclarar.