El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha registrado una proposición no de ley (PNL) en la Cámara autonómica por la que reclama que el Gobierno andaluz intervenga en el conflicto laboral del grupo Arvato-Berstelmann, en sus empresas Qualytel y Tria en Sevilla, para que se evite el despido de 192 de sus trabajadores y el cierre del centro de trabajo de Sevilla Este.
En la iniciativa, consultada por Europa Press y a debatir en la comisión de Empleo, Empresa y Comercio, Podemos pide que la Cámara andaluza apoye las demandas y reivindicaciones de estos trabajadores en la defensa de sus puestos de trabajo y que la Junta, como autoridad laboral competente en materia de conflictos laborales y ejerciendo la mediación, conciliación y/o arbitraje en su caso, «tome las medidas oportunas» para evitar el cierre del centro de Sevilla y para que se garanticen los empleos.
Otra de las reivindicaciones que hace Podemos pasa por que se recabe de la Inspección de Trabajo un informe sobre la posibilidad de que se produzcan despidos por causas económicas «al mismo tiempo que se está produciendo nuevas contrataciones de personal».
Y por último, solicita que el Gobierno andaluz inste a la junta de accionistas a que vigile el obligado cumplimiento de las leyes laborales en las empresas Qualytel y Tria en Sevilla, del grupo Arvato-Berstelmann, «para poner punto y final a la represión laboral y sindical existente en la misma empresa».
En defensa de la PNL, el partido que lidera en Andalucía Teresa Rodríguez argumenta que los poderes públicos «deben velar por el escrupuloso cumplimiento de los derechos laborales, entre ellos el derecho al trabajo» y que esa obligación «adquiere una mayor responsabilidad, si cabe, cuando se trata de empresas o grupos de empresas que año tras año continúan con beneficios económicos públicamente demostrados», como entiende que es este caso.
Además, según expone, en el grupo Arvato-Berstelmann los trabajadores «denuncian el uso cotidiano de despidos disciplinarios, EREs y ERTEs, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, la imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar, salarios que no llegan a los 900 euros y condiciones laborales de miseria».
«Las instituciones no pueden obviar una realidad tan dramática y cercana», añade Podemos, que advierte que «no es permisible que en el siglo XXI se castigue con el desempleo a quienes trabajan con salarios de miseria y contratos precarios».
Entiende que el cierre del centro de trabajo de Arvato-Berstelmann en Sevilla «supondría un drama personal y colectivo para 192 familias de Sevilla», toda vez que defiende que el Parlamento andaluz debe ser «vanguardia» para defender a las pymes y también los derechos laborales de los trabajadores. Y así, asegura que Andalucía «no puede ni debe permitirse que empresas con beneficios económicos atenten contra 192 familias, cerrando un centro de trabajo entero».