Expira la incompatibilidad del número dos de Salud para fichar por Asisa: "No podemos confirmar su incorporación"

Fecha en rojo en el calendario del que fuera viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Guzmán. Este lunes, 29 de abril, expira el plazo de incompatibilidad de su posible contratación con Asisa. Su fichaje como director médico de aseguradora de salud privada se dio a conocer el pasado 1 de abril, levantando la conveniente polvareda política y mediática. La oposición elevó la cuestión incluso a la Oficina Antifraude.

Desde el primer momento, su fichaje hizo saltar las alarmas por un incumplimiento claro de la ley de incompatibilidades de Andalucía, que se aprobó en 2005, y fijaba con claridad un periodo de dos años hasta que el ex alto cargo pueda volver a trabajar en empresas que tuvieran relación con sus competencias durante su etapa en la administración. 

"No se ha incorporado"

Tres meses después de todo aquello, fuentes de la empresa han asegurado a El Correo de Andalucía que Miguel Ángel Guzmán todavía no trabaja en la aseguradora. "No se ha incorporado. No podemos confirmar una próxima incorporación", han sostenido.

Mucho ha llovido desde entonces, tras un informe de incompatibilidad del Ejecutivo andaluz, y su consiguiente aval para que pudiera ejercer de director médico de la compañía trascurridos dos años de su cese (como marca la ley) como gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y una reforma de la Ley autonómica de Incompatibilidades, claramente motivada por este caso.

En caso de que esa contratación se hubiera llevado a cabo en abril, Asisa tendría que dejar de firmar cualquier acuerdo o contrato con la Consejería de Salud por incumplimiento de la norma

La ley anterior era firme en cuanto a las incompatibilidades, pero blanda respecto a las sanciones en caso de incumplimiento. La Junta no podría ir más allá de una reprobación pública. Sí era más tajante respecto a las consecuencias para la compañía. En caso de que esa contratación se hubiera llevado a cabo en abril, Asisa tendría que dejar de firmar cualquier acuerdo o contrato con la Consejería de Salud por incumplimiento de la norma.

"Si llega ese momento ya veremos", señaló un portavoz de Asisa a este periódico el pasado 5 de abril, solo unos pocos días después de que se hiciera público su fichaje.

"Asisa es una empresa que siempre respeta la legalidad y el cumplimiento de las normas administrativas", señaló un portavoz. Sobre su incorporación a partir de julio insistieron en abril: "Se verá", "no hay una decisión a priori".

Ni confirmación ni desmentido, por ahora, por parte de Asisa de la contratación que ha dado más dolores de cabeza al Gobierno de Juanma Moreno en los últimos meses

Llegado el momento, ni confirmación ni desmentido, por ahora, de la contratación que ha dado más dolores de cabeza al Gobierno de Juanma Moreno, en pleno ecuador de su legislatura y a las puertas de una anunciada crisis de gobierno, en la que la oposición ha pedido insistentemente el relevo de la consejera de Salud, Catalina García, con huelga de sanitarios incluida el pasado mes de junio, debido a los problemas por la falta de médicos la escasez de citas, los cierres de centros de salud en verano, las listas de espera, o las privatizaciones, entre otras cuestiones.

Los contratos como gerente del SAS

El ex número dos de Salud en Andalucía, que siempre defendió la legalidad de la que iba a ser su nueva ocupación profesional, dejó su puesto en la administración andaluza a finales de diciembre de 2023, 15 días después de acreditar un hospital de Asisa en Málaga, y sus planes de incorporación a Asisa trascendieron tres meses después. Azuzado por la tormenta política, Guzmán emitió un escueto comunicado en el que aseguro que acataría el informe de Función Pública.

La externalización de servicios públicos en el ámbito de la sanidad, los contratos con las privadas, volvieron a salir a la palestra al saberse la intención del ex alto cargo de unirse a las filas de una compañía, con la que precisamente había cerrado algunos acuerdos y concesiones en la época que la Guzmán fue, o bien gerente del SAS, o ya número dos de la actual consejera, Catalina García.

Miguel Ángel Guzmán adjudicó contratos de emergencia, por lo que se rubricaron sin publicidad ni concurrencia por valor de 43,6 millones de euros siendo gerente, según adelantó a principios de abril Eldiario.es Andalucía. Además, la Consejería de Salud acreditó los dos únicos hospitales universitarios privados de Andalucía cuando ya era viceconsejero, noticia que publicó en primicia El Correo de Andalucía.

El informe emitido por Función Pública, dependiente de la Consejería de Justicia, subrayaba que Guzmán es incompatible por los conciertos con la sanidad privada que firmó en su etapa como gerente del Servicio Andaluz de Salud

El informe emitido por Función Pública, dependiente de la Consejería de Justicia, subrayaba que Guzmán es incompatible por los conciertos con la sanidad privada que firmó en su etapa como gerente del Servicio Andaluz de Salud. Contratos que no firmó directamente y que delegó a un subordinado, pero sobre los que igualmente era competente.

De ley con "carencias" al "derecho a trabajar de lo suyo"

Su antigua jefa defendió el nuevo proyecto laboral de su antiguo segundo. En el pleno del Parlamento, Catalina García liquidó el debate señalando que el problema no era su paso a la privada sino una ley de incompatibilidades que era "muy muy mejorable". Sobre esto, además, García defendió que los antiguos cargos públicos que hayan pasado del sector privado al público tengan "derecho a trabajar de lo suyo" cuando ya no ostentan su cargo. "Tiene que trabajar, ¿de qué viven?", insistió.

El presidente Moreno subrayó en distintos foros públicos las "carencias" de la normativa andaluza sobre incompatibilidades durante esas semanas. De ahí que poco tiempo después el Consejo de Gobierno la modificara.

La nueva Ley de Incompatibilidades

Gracias a la nueva norma, los altos cargos de la Junta deberán pedir autorización para ejercer en la privada durante dos años tras su cese para trabajar en el mismo sector en el que hayan desarrollado sus funciones.

A diferencia de lo que ocurría con la ley anterior, que no obligaba a pedir este documento (Guzmán, de hecho, no lo hizo) el mero hecho de no pedir un informe incurrirá en infracción muy grave y se enfrentará a una sanción. Será un organismo autónomo, la Inspección General de Servicio, quien, en el plazo de un mes, determine si hay alguna incompatibilidad.