Medidas ‘antiokupas’: la Junta permitirá más viviendas en edificios que se rehabiliten en cascos históricos

La futura Ley de Vivienda de Andalucía tiene entre sus objetivos batallar contra la ocupación. Aunque el borrador definitivo de la primera ley de vivienda propia de una comunidad autónoma en España no estará listo hasta marzo de 2025 y aprobado en 2026, el anteproyecto es toda una declaración de intenciones. La Junta no quiere que haya okupas en las casas vacías ni que puedan acceder a una VPO.

El Consejo de Gobierno andaluz aprobó el pasado 23 de julio el inicio de la tramitación del anteproyecto que, según confirmó la propia consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, supondrá la puesta en el mercado de en torno a 20.000 viviendas en los próximos cinco años, el doble de las viviendas certificadas entre 2019 y 2023.

Entre ellas, se incorporarán miles de viviendas vacías, sobre todo aquellas que tengan efectos reales en la demanda existente, que se concentran principalmente en áreas metropolitanas y capitales de provincia. Y aquí entran en juego las que se puedan obtener de la rehabilitación de edificios en los cascos históricos de estas capitales. Eso sí, con el compromiso de la Junta de que no sean susceptibles de ocupación.

Cuantas más viviendas, mejor

Una de las claves de la próxima Ley de Vivienda de Andalucía de cara a cumplir con las cifras prometidas de VPO disponibles para los andaluces es incentivar la rehabilitación de las viviendas en cascos históricos.

La estrategia elegida es hacer propuestas de rehabilitación que impliquen posibles incrementos de edificabilidad que compensen los altos costes de la reforma así como una redistribución de los edificios existentes.

20.000 VPO en cinco años y más suelo para alquiler: las claves de la Ley de Vivienda de Andalucía

Esto implicaría que, por ejemplo, si un edificio tiene 10 viviendas de 200 metros cuadrados, se puedan hacer 20 viviendas de 100 metros cuadrados. Lo que marca la ley es un ratio de 70 metros cuadrados por vivienda. 

Con la rehabilitación de estas viviendas vacías, se podrían poner en el mercado de alquiler, y al ser promociones de viviendas protegidas, estarían destinadas directamente al alquiler de una vivienda habitual y permanente -es decir, no turístico- y con precios limitados.

Los 'okupas', sin acceso a las VPO

La Junta de Andalucía lo deja claro en el anteproyecto de ley. Como medida disuasoria, no podrán optar a una vivienda de protección oficial aquellos que ya hayan sido condenados por sentencia firme por una ocupación ilegal.

Esta decisión da continuidad a un paquete de medidas puestas sobre la mesa por el Gobierno andaluz hace un par de años como el Sistema andaluz de Lucha Contra la Ocupación y de Asesoramiento y una guía de consejos en caso de ocupación.

Aquellos que ya hayan sido condenados por sentencia firme por una ocupación ilegal no podrán optar a una vivienda de protección oficial

El fenómeno de las viviendas vacías es un problema más nacional que andaluz, ya que según el censo de población y viviendas de 2021 existen en España 3,8 millones de viviendas vacías y en Andalucía se encuentra el 16,7% de ellas (por debajo de la media española). Sin embargo, la Consejería de Vivienda se ha propuesto atajar este problema y reducir la presencia de 'okupas' en ellas.

Por ello, se ha ideado un plan de choque a cinco años para solucionar, en general, "el problema de la vivienda" en la comunidad autónoma. Y entre las medidas más destacadas está el incremento del 20% de las viviendas y 10% de la edificabilidad en aquellos suelos residenciales que se destinen a VPO.

Así será la Ley de Vivienda de Andalucía

La Vivienda será una de las grandes apuestas de la Junta de Andalucía para los próximos años. De hecho, será la primera comunidad autónoma en tener una norma al margen de la Ley Estatal de Vivienda que, tras un año de vigencia, "no ha resuelto los problemas de la vivienda" y que el Gobierno andaluz recurrió al Tribunal Constitucional, que determinó que "había invadido competencias en la materia que eran exclusivas de Andalucía", según aseguró la consejera Rocío Díaz.

Este anteproyecto de Ley se sustenta en varios ejes principales, como centrarse "en la producción de suelo para viviendas a precio asequible", mediante medidas como la creación de una bolsa de suelo disponible que podrá consultar el sector a través de un portal informático, o la incorporación inmediata de los suelos urbanos dotacionales al uso residencial para configurar una infraestructura de equipamiento en alquiler.

También "se apostará por el incremento de la oferta de vivienda, en la línea de lo que el Gobierno andaluz lleva realizando desde el año 2019, con subvenciones a promotores públicos y privados".

La nueva norma creará la figura de las "áreas prioritarias", en las que existen "mayores dificultades para el acceso a la vivienda", y en las que se concentrarán los recursos de la administración en forma de ayudas al alquiler, ayudas a la compra o incentivos a la construcción de nueva vivienda o a rehabilitación.

Además, según confirmó la consejera del ramo, se simplificará la construcción de vivienda protegida, asimilándola a la libre, así como la gestión de los demandantes de vivienda. Díaz también indicó que se impulsará igualmente la colaboración público-privada, "para garantizar una oferta de adecuada".