El reconocimiento de la dependencia se desploma en Andalucía: "Apenas se aprueban nuevas prestaciones"

La situación del sistema de dependencia en Andalucía es grave. En esto parece haber acuerdo entre la Junta, las entidades sociales del sector y los sindicatos. El consenso se disipa en cuanto a las razones. Los sindicatos ya salieron a la calle el pasado 1 de octubre ante el colapso del servicio, y han anunciado nuevas movilizaciones en todas las provincias el próximo 26 de octubre.

Eternas listas de espera (60.000 personas), trabas burocráticas, plazos que se dilatan mucho por la puesta en marcha de un nuevo sistema informático asociado al macrodecreto de Simplificación del Gobierno de Juanma Moreno. Esta es la panorámica general de la situación.

Nuria López, secretaria general de CCOO-A, ha difundido este jueves nuevos datos, muchos más específicos y muy relevadores respecto al colapso del servicio. "Es evidente que la el Gobierno andaluz está intentando cargarse el sistema", ha aseverado con contundencia en la presentación de esta publicación.

Es evidente que la el Gobierno andaluz está intentando cargarse el sistema

Nuria López

33 personas al día murieron en Andalucía en 2023 esperando la dependencia

Por un lado, según esta investigación, el reconocimiento del derecho se desploma: mil concesiones de prestaciones individuales menos al mes respecto a las estadísticas de las series anuales anteriores. Rosa Bergel, responsable de Asuntos sociales del sindicato ha denunciado que "apenas se aprueban nuevas prestaciones". Andalucía ostenta el primer puesto de ser la autonomía que más tarde en aprobar las resoluciones.

Bergel, que acompañaba en una rueda de prensa a la secretaria general, y a su homóloga en cuestiones laborales, Yolanda Carrasco, ha enumerado todas las carencias asociadas a un derecho social, reconocido por Ley. Por ejemplo, cifra las solicitudes sin registrar en 25.000 en toda la comunidad, tras su externalización. "Teniendo en cuenta la diferencia de las altas respecto al año pasado", ha justificado. A ello se unen los datos de las muertes: 33 personas murieron al día en 2023 sin tener el derecho a alguna de las prestaciones o servicios de dependencia que le correspondía. El cómputo anual se eleva a 12.000 personas.

Al final son las espaldas de las personas las que soportan los cuidados en condiciones muy dolorosas

Nuria López

"La Junta de Andalucía se está saltando la ley a la torera", ha espetado desde el atril Nuria López. "La ley está hecha para que estas personas puedan vivir con autonomía. Al final son las espaldas de las personas las que soportan los cuidados en condiciones muy dolorosas", recuerda la secretaria general de CCOO-A.

Incremento en un 50% del copago

Desde el sindicato también se ha denunciado, a través de la publicación de estos nuevos datos; más allá de los ya conocidos, como el déficit de plazas de los distintos recursos públicos, concertados y privados asociados a este servicio, que supera las 8.000, o el récord del tiempo de espera para el reconocimiento del derecho (más de 600 días, casi dos años, cuando la ley estipula que sean seis meses), las intenciones del Ejecutivo andaluz de incrementar hasta en un 50% el copago de las personas dependientes con la prestación concedida.

Bergel ha explicado que la Consejería está derivando la mayoría de las solicitudes hacia las prestaciones económicas vinculadas al copago, en el que el gasto es compartido entre la administración pública y el dependiente. "La Junta, en principio, las considera temporales, pero la dilatación de los plazos las convierte en permanentes", aclara. "El 20% de la financiación recae sobre los usuarios", ha concretado, recalcando la caída de la inversión en este ámbito del Gobierno andaluz y el elevado nivel de copago existente en la región.

A un gran dependiente hoy en Andalucía se le va al menos el 17% de sus ingresos líquidos en sufragar su parte de los servicios, según CCOO

En este ámbito, CCOO-A ha concretado que a un gran dependiente hoy en Andalucía se le va el 17% de sus ingresos líquidos en sufragar su parte de la dependencia. "Esto supone a todos los efectos una limitación clara de acceso al derecho de las personas más desfavorecidas", ha remarcado la secretaria general, Nuria López.

Pugna Junta-Gobierno por la financiación

Andalucía es la segunda comunidad que más dinero recibe del Gobierno de España para la dependencia, por detrás de Galicia. El Ministerio de Derechos Sociales sufraga en la actualidad el 38% de la financiación. Pese a ello, la Junta de Andalucía reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez más financiación y defiende su modelo, pese a que se eterniza la espera y caen las prestaciones.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, aseguró el pasado 26 de septiembre en el Parlamento andaluz que la deuda que mantiene el Gobierno con el sistema de dependencia andaluz supera ya los 4.000 millones de euros desde 2019 a 2024. Esta cifra es la diferencia de los fondos aportados por la Junta y el Gobierno desde que Juanma Moreno es presidente.

"Una selva burocrática" para tapar "las listas paralelas"

Todas las representantes sindicales se han detenido este jueves en esta presentación en lo que tildan como "selva burocrática" generada por los nuevos procedimientos del Decreto de Simplificación de la Junta en materia de dependencia. "¿Si hay más usuarias, como es que caen las solicitudes?", reflexiona López. "El decreto de simplificación está quebrando el sistema. Tapa las listas paralelas por el solapamiento de los procedimientos", ha añadido.

Cada vez se destinan menos cuantías, someten a las personas al estrés burocrático, a la brecha digital de enfrentarse a aplicaciones informáticas y a la vez potencian que las familias soporten económicamente el sistema

Nuria López

Según López, en materia de financiación, el Gobierno de Juanma Moreno está haciendo "el truco del almendruco"."Cada vez se destinan menos cuantías, someten a las personas al estrés burocrático, a la brecha digital de enfrentarse a aplicaciones informáticas y a la vez potencian que las familias soporten económicamente el sistema", han subrayado.

Rosa Bergel, por su parte, se ha detenido en todas las trabas administrativas a la que se enfrentan los usuarios, describiendo la situación de indefensión de personas, a las que si no se les reconoce un derecho, ni siquiera pueden reclamar oficialmente. "Se ha incrementado el número de documentos, ha de hacerse por vía telemática y encima hay claros problemas de registro por su externalización", ha enumerado.

A este respecto, la consejera de Igualdad, Loles López, explicaba en el Parlamento que los funcionarios están realizando un trabajo extra, ya que están implantando el nuevo modelo informático, con las dificultades que eso conlleva, y que deben seguir tramitando los expedientes con el procedimiento vigente hasta la fecha.

Falta de calidad del servicio y precariedad del empleo

Bergel ha puesto sobre la mesa también la pérdida de la calidad de los servicios y su compañera Carrasco respecto a la precariedad que padecen los trabajadores del sector, en su mayoría mujeres. "No hay recursos suficientes, falta persona en la Agencia y en los servicios territoriales", ha subrayado. Por eso, ha demandado que se incrementen los centros públicos de gestión directa para atender a los más de 300.000 dependientes de la comunidad. También ha pedido recuperar los centros públicos gestionados por entidades privadas y usar otros recursos, como las residencias de tiempo libre cerradas.

Los trabajadores se enfrentan a sueldos bajos, contratos temporales y horarios parciales

En esta línea, su compañera Yolanda Carrasco también ha realizado un repaso a la situación de precariedad del empleo público y externalizado de todos los servicios de la dependencia, e incluso de los servicios sociales comunitarios. "Los trabajadores se enfrentan a sueldos bajos, contratos temporales y horarios parciales", ha afirmado.

Para Carrasco, "las trabajadoras, en su mayoría mujeres también se exponen a condiciones que ponen en riesgo su salud: sobrecarga de trabajo, asunción de tareas que no les corresponden, situaciones de riesgo y acoso". De ahí que haya relacionado el alto número de bajas laborales del sector, al tiempo que ha culpado a la Consejería y la Agencia de la Dependencia de no vigilar el cumplimiento de las ratios y no cubrir las bajas. "No hay atención de calidad", ha concluido.