Anticorrupción señala que la Junta utilizó de manera "inadecuada" los contratos de emergencia en el SAS

La Fiscalía Anticorrupción ha calificado como "inadecuado" el uso que hizo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la contratación por procedimiento de emergencia entre 2021 y 2024. Así de tajantes se muestran los fiscales en su repuesta a un recurso del que fuera gerente del SAS entre 2023 y 2024, Diego Agustín Vargas, investigado por una denuncia del PSOE que acusa al Gobierno andaluz de haber utilizado fuera de la ley esos contratos de emergencia tras el covid y prorrogando ese marco hasta 2024.

Anticorrupción había solicitado una serie de documentos de la Cámara de Cuentas en los que se hablaba sobre la fiscalización de la contratación de emergencia en el periodo investigado, algo a lo que el exalto cargo de Salud se opone. El exgerente del SAS alegó que estos eran meros "papeles de trabajo y borradores" y que la documentación era "estéril e innecesaria". Afirmación con la que no están de acuerdo los fiscales encargados del caso, María José Sánchez y Manuel Fernández. Vargas ha sido citado como investigado junto a la actual gerente del SAS, Valle García, y al también exgerente, Miguel Ángel Guzmán, que posteriormente fue viceconsejero de Salud y Consumo.

En concreto, el Ministerio Público ha solicitado el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre los contratos tramitados por el SAS en 2020 en el marco de la crisis sanitaria del Covid, que fueron aprobados en julio y la relación de los auditores y técnicos que participaron en su redacción. En el escrito, la Fiscalía recuerda que el Consejo de Gobierno sustituyó "el control previo del gasto público" que "hacía la Intervención General de la Junta de Andalucía por el control financiero permanente".

"Injustamente contrario a la legalidad"

Los fiscales de Anticorrupción argumentan que los informes de la Cámara de Cuentas solicitados tiene como objetivo investigar un sistema de contratación con "apariencia delictiva". De esta forma, alegan en su escrito que el modelo ha sido "injustamente contrario a la legalidad" y por ello consideran que la documentación requerida resulta "idónea" para su investigación. "Se comenzó a contratar con empresas privadas externas una inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas que debieran prestarse por la sanidad pública", señala el escrito del ministerio público, "para ello se utilizó el procedimiento excepcional de emergencia".

Además de rechazar la impugnación del exgerente, la Fiscalía también pone el foco sobre nueve contratos que tuvieron lugar en 2024 y asegura que las "resoluciones y contratos fueron dictados y suscritos por los sucesivos Directores Gerentes del SAS abarcando la investigación de esta causa el periodo temporal de 2021 a 2024 y sistemáticamente".

En el escrito al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, la Fiscalía señala que, a partir de 2021, el SAS comenzó a contratar a dedo una "inmensa mayoría de los procedimientos quirúrgicos y pruebas diagnósticas", pese a que, en su opinión estos servicios "debieren prestarse por la sanidad pública". Ese mismo año, el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, dio instrucción al resto de consejerías para que cesaran los contratos de emergencia. Sin embargo, el SAS ignoró esta orden y, como señaló este periódico, siguió contratando por esta vía hasta este mismo año.

Contrataciones en 2024

"Se han derivado actos singulares de contratación referidas a contratos de servicios con empresas concretas sin presuntamente habilitación legal ni presupuestaria", insisten Sánchez y Fernández Guerra. Los representantes del Ministerio Público sostienen que a partir de 2021 se realizaron contrataciones de emergencia "no justificándose el carácter de emergencia derivado del Covid". Además, añaden que se utilizó este sistema "en lugar de otro procedimiento que fomentara concurrencia y competencia entre empresas".

Anticorrupción investiga la querella interpuesta por el grupo socialista en el Parlamento de Andalucía el 20 de julio y que ha sido ampliada en varias ocasiones. La causa investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia entre 2021 y 2024, que permitió seguir otorgando sin concurrencia competitiva ni publicidad, usando la fórmula arbitrada para la pandemia de Covid, más de 242 millones de euros.

En la relación de contratos de 2024, el escrito de Anticorrupción cita un total de nueve firmados en el ejercicio actual con fecha 17 de enero y 18 de julio de 2024, en contra de lo que objeta la Junta de Andalucía, que asegura que fueron adendas de contratos anteriores. En total sumarían 24,6 millones de euros. Los más cuantiosos con la Clínica HLA Santa Isabel, por 8,1 millones de euros, Hospital Antonio López Cano, por 2,5 millones de euros, el Hospital Viamed Bahía de Cádiz, 3,9 millones, y el Hospital HLA Mediterráneo Almería, por 4,4 millones. Será el nuevo juez que asuma el caso quien decida sobre ese recurso del exgerente del SAS al que Anticorrupción se opone.