Cadena de ceses en la Intervención en plena pugna por los sueldos y tras salir la interventora general

Los ceses continúan en la Intervención General de la Junta. Hay un pulso en la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos entre los altos mandos y el cuerpo de interventores principalmente por las exigencias de aumento de sueldo de los segundos. Esto se suma a la tensión por informes de la Intervención que advierten de irregularidades en los contratos de emergencia de la Consejería de Salud y Consumo, que habría "prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido" en la prórroga de este tipo de contratos habilitados en pandemia, que se siguieron usando hasta 2024 y que ahora investiga la justicia por una denuncia del PSOE.

"Ha habido movimientos y van a cesar a algunos", confirman fuentes de la Consejería a El Correo de Andalucía. Esta oleada de destituciones y dimisiones en el cuerpo responden también a la pugna que mantienen los interventores con la propia Junta por los sueldos, que consideran "escasos" en relación con el trabajo de fiscalización de la administración que desarrollan. "Lo que quieren ellos es una subida de los complementos además una subida de nivel dentro de la función pública", insisten las mismas fuentes.

El Gobierno andaluz aprobó en el verano de 2023 la Ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía, que dota de rango específico a la categoría profesional de interventores en la administración andaluza. En esta ley el cuerpo técnico se queda entre un nivel 20 y un 26 y el superior entre el 26 y el 30. En el seno de la Consejería de Economía, se ha librado una gran batalla interna porque la jefa de la Intervención, María Antonia González Pavón destituida el 8 de enero, ha peleado por una mejora en el rango y el salario de este cuerpo.

Amenazas de huelga

La situación inconformidad con los mandos de la cartera ha provocado que los interventores se hayan planteado acudir a huelga para que se cumplan sus exigencias. "Les habían prometido algunas cuestiones pero no las están cumpliendo", sostienen para señalar las peticiones de más personal como una de las principales reivindicaciones.

Varias voces consultadas explican que estos nuevos ceses tienen también "cierta lógica" después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobaba el nombramiento de Miguel Ángel Figueroa como interventor general. El nuevo director del cuerpo estaría haciendo un nuevo equipo a su imagen y serían los nombres más cercanos a su antecesora quienes abandonarían sus puestos. De hecho, subrayan que estos ceses no vienen de parte de la consejera de Hacienda, Carolina España.

Los puestos de intervención son de libre designación y dependen de la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, aunque los interventores generales suelen elegir sus equipos. Eso sí, para poder formar parte de este cuerpo es necesario pertenecer a la administración como funcionario de carrera, en concreto los cuerpos preferentes son los funcionarios del ámbito financiero. "Los que tenía antes la interventora serán del mismo estilo que ella", señalan las fuentes, para apuntar que Figueroa querrá hacer un equipo a su medida.

El malestar de los miembros de la intervención se profundizó tras la destitución de González Pavón. Preguntada al respecto, la consejera aseguró que su relevo respondía a una dimisión de la propia interventora general "por motivos personales". Voces cercanas a la afectada niegan están declaraciones y aseguran que se trata de una pérdida de confianza, ya que había una guerra abierta entre ella y la viceconsejera con quien negociaba las subidas de sueldo de su equipo.

La Junta plantea un argumentario a los consejeros

La consejera de Hacienda informó internamente en la reunión del Consejo de Gobierno de que el cese de la interventora general había sido de forma voluntaria e incluso aludió a que quería estar más tiempo con la familia o "cuidar a sus nietos", algo que niegan tajantemente desde el cuerpo de interventores, que aseguran que fue una total sorpresa para la afectada y que en ningún caso esperaba ni había pedido su salida. Además, a los consejeros del Gobierno andaluz se les dio un argumentario que debían repetir si les preguntaban sobre por qué el cese de la interventora general en un momento delicado por la investigación judicial sobre los contratos de emergencia en la Consejería de Salud.

Según fuentes de Hacienda consultadas por este periódico tras el nombramiento de Figueroa, la antigua interventora general había manifestado hace meses su voluntad de dejar el cargo y desde la dirección de la Consejería se le conminó a esperar a un momento idóneo en el que ejecutar el relevo que finalmente ha tenido lugar ahora, a la vuelta de Navidad. Estas mismas fuentes informaron que la ex interventora seguiría trabajando en la Intervención General, pero en otro puesto, como "la mano derecha" de Figueroa.

Tras el último Consejo de Gobierno celebrado el pasado martes, España explicó que "se siguen manteniendo conversaciones" y que el objetivo de su Consejería era "llegar a un acuerdo lo antes posible". "Es normal que se le retribuya a aquellos que tengan una mayor especialización y una mayor responsabilidad", insistía la dirigente popular a preguntas de los periodistas para aclarar que se barajaba la vía de "un complemento específico". Eso sí, la consejera aclaraba que "no a todos porque podría suponer un agravio para el resto de funcionarios".