El Defensor del Pueblo pide una investigación científica sobre la mina de Aznalcóllar en la recta final de su apertura

"Queda muy poco para la última autorización", son las palabras del consejero de Industria, Jorge Paradela, en la mañana de este lunes en relación con el estado de los trámites de la apertura de la nueva mina de Los Frailes en Aznalcóllar (Sevilla), que continúa a la espera de la Declaración de Impacto Ambiental.

La afirmación de Paradela se cruza, por una parte, con la petición del Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, que insta en una reciente resolución a que una comisión científica estudie los posibles efectos de los vertidos de la antigua mina al río Guadalquivir. "Debería valorarse la posibilidad de la creación de una comisión de expertos técnicos y científicos, tal y como acertadamente se hiciera con ocasión de la propuesta de dragado de profundización del Guadalquivir", se afirma desde esta institución.

Debería valorarse la posibilidad de la creación de una comisión de expertos técnicos y científicos, tal y como acertadamente se hiciera con ocasión de la propuesta de dragado de profundización del Guadalquivir

Por otra parte, se topa una vez más con la oposición de los ecologistas y los científicos. Ahora, un nuevo estudio independiente del catedrático de Ecología de la Universidad de Sevilla, Jesús Manuel Castillo, que ya firmaba otras dos investigaciones junto a profesores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, en las que alertaban de los riesgos de nuevos vertidos y la toxicidad existente en las aguas del río, asegura que  "deberían de anularse los permisos ambientales concedidos para los dos nuevos vertidos mineros al Estuario del Guadalquivir, por parte de las minas de Cobre las Cruces y Aznalcóllar Los Frailes.

Todo ello, según recoge la nueva publicación "hasta que se estudie en detalle el comportamiento de los metales en el estuario, incluyendo a los sedimentos y la biota (la flora y la fauna), así como las posibilidades de aplicar sistemas de depuración más exigentes que el aprobado hasta el momento". En su escrito, el Defensor del Pueblo pide que se tengan en cuenta los dos informes aportados por los grupos ecologistas.

La Junta ultima los trámites para el inicio de la actividad minera

Pese a todo, como ha confirmado el titular de Industria de la Junta de Andalucía este mismo lunes, la delegación territorial en la provincia trabaja en una resolución que incorpora las respuestas a las alegaciones de los agentes sociales, que supondría el último paso para dar luz verde al inicio de actividad en este yacimiento, que se ha dilatado en el tiempo más de lo previsto inicialmente.

Sobre la mesa están los 316 millones de euros de inversión y la creación de unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta. El proyecto depende de la entidad Minera Los Frailes, sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis.

Es una mina subterránea, no es a cielo abierto, no hay balsa de residuos, la tecnología ha cambiado por completo, y la autorización recoge los parámetros más exigentes,

Jorge Paradela

— consejero de Industria

Paradela ha vuelto a hacer hincapié en las diferencias entre la mina del fatídico accidente de Boliden-Apirsa y la nueva mina de Los Frailes: "Una mina tan importante y tan distinta a aquella que todos recordamos por razones muy tristes. Es una mina subterránea, no es a cielo abierto, no hay balsa de residuos, la tecnología ha cambiado por completo, y la autorización recoge los parámetros más exigentes, los límites más extremos que permite la normativa actual", ha abundado.

Informe del Consejo de Participación de Doñana

Pese a todo, el Defensor del Pueblo Andaluz, que reconoce sus "carencias técnicas para realizar una evaluación adecuada y ponderar la relevancia de los riesgos ambientales" del asunto, insta en un escrito al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y el Consejo de Participación de Doñana a pronunciarse. Cabe recordar que la Junta ya denegó al pleno del Consejo de Doñana el pasado mes de diciembre que opinase sobre la mina de Aznalcóllar al considerar que no afecta al parque.

Para la institución se estima conveniente que "en el curso de los trámites de autorización aún pendientes para la puesta en funcionamiento de la mina, se solicitase al Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana el informe previsto en la legislación reguladora de este espacio natural (...) aun cuando dicho informe no tenga carácter vinculante, sostiene.

La Junta denegó al pleno del Consejo de Doñana el pasado mes de diciembre que opinase sobre la mina de Aznalcóllar al considerar que no afecta al parque nacional

Posiciones enfrentadas

El consejero de Industria, consciente de la complejidad de este proyecto, admite que esta nueva concesión minera "es quizás la más difícil de todas". De ahí que justifique las distintas trabas y dilatación de plazos que ha ido experimentando: "Por eso ha tenido tantos períodos de información pública y ha habido que pensar y repensar tantos permisos, como el del agua o la autorización ambiental unificada, que es, quizás, el paso más decisivo que se ha dado".

Este proyecto supondría, según los ecologistas, "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al Estadio de la Cartuja"

Los ecologistas, por su parte, denuncian que "por muy depurados que estén los vertidos, van a contribuir a incrementar la acumulación de residuos tóxicos que ya están sedimentados en el río Guadalquivir, afectando con ello de manera perjudicial a la pesca y agricultura de la zona".

Este proyecto supondría, según los mismos, "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al Estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.