El Defensor del Pueblo ya llamó la atención a la viceconsejera de Hacienda por el despido de una interventora

Los ceses en la Intervención General de la Junta se han convertido en el nuevo quebradero de cabeza del Gobierno de Juan Manuel Moreno. Las diferencias entre los interventores en la viceconsejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, por los sueldos y las condiciones laborales han generado una guerra abierta en la cartera que dirige Carolina España. Esta no es la primera vez que Martínez, que fue antes interventora general, se enfrenta a los funcionarios de este cuerpo y, de hecho, como ha podido saber El Correo de Andalucía, ya tiene un requerimiento del Defensor del Pueblo por el cese de una interventora en 2019.

En el documento del Defensor del Pueblo al que ha tenido acceso este periódico, Maeztu hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 en la que se señaló que la administración debe "explicar de manera clara las razones que han llevado a dicho cese" y subraya que "la idoneidad que decide el nombramiento por libre designación se ha de definir por elementos objetivos, en función de los rasgos del puesto y de las condiciones de quien finalmente sea nombrado". Así, sostiene que "no se trata, pues de la mera confianza personal", sino de "la idoneidad a la que se refiere la ley está fundamentada en el carácter profesional y en la capacidad del funcionario para asumir la responsabilidad que entraña el desempeño del puesto".

El 9 de mayo de 2024 el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, le dio la razón a la interventora cesada y exigió que a partir de esa resolución "se motiven adecuadamente incorporando razones de carácter sustantivo relacionadas con el cumplimiento o la falta de idoneidad profesional del funcionario público para el desempeño del puesto", así como un acercamiento entre la viceconsejera y la funcionaria afectada. Los últimos acontecimientos muestran que la primera sugerencia no se ha cumplido y tras multiples peticiones del Defensor, la segunda tampoco.

Ceses contínuos

En 14 de diciembre de 2019 la ahora viceconsejera de Hacienda cesó a una interventora delegada del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM). Como con la destitución de María Antonia González Pavón, interventora general de la Junta hasta el 9 de enero, la número dos de España apuntó a "motivos personales" de la funcionaria como causa de su traslado desde su puesto en el IAM a la intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS), algo que la afectada, como ahora González Pavón, niega rotundamente.

La interventora cesada en 2019, que desempeña hoy sus labores en la Consejería de Agricultura, y que fue respaldada por el Defensor del Pueblo relata que redactó un informe desfavorable sobre unas líneas de financiación del IAM. "Mando el informe un jueves y el viernes a primera hora me llaman para decirme que estoy cesada", recuerda esta funcionaria, que denuncia que el cambio se produjo en pleno cierre del ejercicio. Llevaba entonces 33 años como interventora de la Junta y posteriormente alegaron razones basadas "en la confianza e idoneidad del mismo para el desempeño de las funciones".

Del IAM pasó a Salud, donde volvió a ser cesada. Entonces alegaron que la sustituirían por una persona más preparada para desarrollar su cargo, sin embargo, la nombran para realizar las mismas tareas en Agricultura. "Me cesan y me mandan a hacer un trabajo del motivo por el cual me han cesado", indica. La falta de respuestas por parte de Martínez para sus cambios provocó que la interventora, la más antigua del cuerpo en ese momento, estuviera un año de baja por depresión.

Hacienda rechaza pronunciarse

El caso llegó al Parlamento de la mano de Vox y el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo, aseguró que "en ningún caso se ha producido el cese". De hecho el dirigente popular aseguro que ella misma había pedido abandonar su cargo y apuntaba a que "la carga de trabajo pudiera ser demasiado". Con todo defendió que "hizo un trabajo que podemos determinar como muy bueno" y subrayó que "su cese sería en la Intervención de Salud", algo que ella misma niega. "Hizo que el consejero mintiera", insiste para señalar que es inaudito.

Martínez "en ningún momento ha desmentido las exhaustivas alegaciones", como explica la ahora interventora de Agricultura. De hecho, la queja de la afectada al Defensor se presenta ante la desestimación del oportuno recurso de reposición ante el entonces consejero. Preguntados al respecto, desde Hacienda rechazan comentar el caso de la funcionaria cesada e insisten en que González Pavón "comunicó que ella quería irse". "En la Consejería la versión es que se quería ir, si en privado a alguien le ha dicho otra cosa no lo sé", insiste la fuente consultada. Además, tras los nuevos ceses de cuatro interventores defienden que "entre 2015 y 2024 se produjeron 473 cambios solo en los puestos organizativos de máximo nivel dentro de la Intervención".

Fue Martínez una de las principales promotoras la creación del cuerpo de interventores. En el verano de 2023, el Gobierno andaluz aprobó como la Ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía, que dota de rango específico a la categoría profesional de interventores en la administración andaluza. En esta ley el cuerpo técnico se queda entre un nivel 20 y un 26 y el superior entre el 26 y el 30.  Sin embargo, las exigencias de mejoras salariales y de nivel de funcionariado han provocado que los interventores se levanten en armas y hayan comenzado los ceses.