"Preocupación 0" en Hacienda pese a los ceses de los interventores: "Es una reestructuración organizativa"

"Preocupación 0". Ese es el mensaje que traslada la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, sobre la polémica creada tras el cese de la interventora general de la Junta, María Antonio González Pavón, y otros cuatro interventores, como adelantó El Correo de Andalucía. La polémica se produce en plena pugna de los funcionarios con la cúpula del departamento por las mejoras salariales y laborales.

A preguntas de los periodistas, España se ha mostrado tranquila y ha reiterado no está "preocupada en absoluto" y ha reiterado el discurso de su Consejería de que el nuevo interventor, Miguel Ángel Figueroa, nombrado el 8 de enero en sustitución de González Pavón, "quería hacer su equipo".

En un documento del Defensor del Pueblo al que ha tenido acceso este periódico, Maeztu hace referencia a una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 en la que se señaló que la administración debe "explicar de manera clara las razones que han llevado a dicho cese" y subraya que "la idoneidad que decide el nombramiento por libre designación se ha de definir por elementos objetivos, en función de los rasgos del puesto y de las condiciones de quien finalmente sea nombrado". Así, sostiene que "no se trata, pues de la mera confianza personal", sino de "la idoneidad a la que se refiere la ley está fundamentada en el carácter profesional y en la capacidad del funcionario para asumir la responsabilidad que entraña el desempeño del puesto".

Los ceses entran en la "normalidad"

Ante estas declaraciones del Defensor, la consejera de Hacienda se ha hecho eco de las palabras del portavoz del PP-A, Toni Martín, en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía y ha señalado que "la misma libertad que tenían para acceder a estos cargo, la misma libertad que tenían para marcharse cuando así se decidiera". Así ha insistido en que "parece que esto es extraño y es de lo más normal". "Para mí tiene carta de normalidad este asunto", ha reiterado.

Ante las acusaciones de "caza de brujas" de las formaciones de izquierda en la comunidad autónoma, España ha asegurado que "la parte de la intervención dependiente del SAS no ha habido ningún cambio". En estos momentos, numerosos informes de la intervención del SAS se encuentran en los juzgados tras una denuncia del PSOE. Los documentos advierten de irregularidades en los contratos de emergencia de la Consejería de Salud y Consumo, que habría "prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido" en la prórroga de este tipo de contratos habilitados en pandemia, que se siguieron usando hasta 2024 y que ahora investiga la justicia por una denuncia del PSOE.

España ha insistido en que "se han hecho cuatro cambios que entran dentro de una reestructuración organizativa" y que todo se reduce a "una decisión del propio interventor que quiere mejorar su equipo". Con todo, ha señalado que desde 2015 a la actualidad ha habido "400 cambios" en este cuerpo. De hecho, ha subrayado que el año pasado hubo "13 cambios de nivel 30 y 70 del 28". "Forma parte del normal funcionamiento de una institución".

La polémica de los sueldos

Son muchos quienes apuntan a Amelia Martínez, viceconsejera, por las destituciones de los últimos días. Fue Martínez una de las principales promotoras la creación del cuerpo de interventores. En el verano de 2023, el Gobierno andaluz aprobó como la Ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta de Andalucía, que dota de rango específico a la categoría profesional de interventores en la administración andaluza.

En esta ley el cuerpo técnico se queda entre un nivel 20 y un 26 y el superior entre el 26 y el 30, nivel al que pertenecen los últimos cesados, que habían sido elegidos por libre designación. Sin embargo, las exigencias de mejoras salariales y de nivel de funcionariado han provocado que los interventores se levanten en armas y hayan comenzado los ceses.

La consejera ha defendido que "están avanzando las negociaciones" con los afectados. Como ya hizo una semana antes, España ha señalado que desde la Consejería consideran que nosotros entendemos "este reconocimiento debería hacerse a través de un complemento específico" porque "debería estar justificado en aquellas personas que asuman una mayor responsabilidad en la firma de estos informes".