Las claves de los ceses en la Intervención General: un choque sin precedentes en la Junta

Una semana después de los polémicos ceses en la Intervención General de la Junta de Andalucía, las aguas siguen sin calmarse. El Correo de Andalucía adelantaba una cadena ceses en este cuerpo de la administración y, aunque desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos aseguren que la "preocupación es 0", en la Intervención el enfado no cesa. A día de hoy, todavía no se ha nombrado a los sustitutos de los funcionarios destituidos.

Fuentes de la Intervención consultadas por este periódico ven en estos ceses una llamada de atención contra los rebeldes más que una pérdida de confianza por parte de la principal responsable del cuerpo, la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez. Pese a que la alto cargo fue antes interventora general, en estos momentos hay un cisma entre el cuerpo y la número dos de Carolina España, que aumentó con la destitución de María Antonia González Pavón, anterior Interventora General, el 8 de enero y los posteriores ceses firmados el lunes 27.

Los ceses se producen en un momento clave en el cuerpo de interventores. Los funcionarios están en pie de guerra con la cúpula de la Consejería para exigir mejoras salariales y laborales, que desde arriba se les niega por el momento. A esto se suma el proceso judicial en el que está inmersa la Consejería de Salud y Consumo por unos informes en los que se señala que el Servicio Andaluz de Salud habría "prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido" en los contratos exprés redactados durante la pandemia y sus posteriores prórrogas.

Cuatro de los ocho directores, cesados

La Intervención General de la Junta de Andalucía es un cuerpo de élite dentro de los funcionarios con responsabilidades elevadas en el control interno, tanto previo como financiero, de las cuentas públicas y también de la planificación y gestión del Presupuesto, tanto de la administración autonómica como de las entidades instrumentales y los consorcios. El papel de los interventores es fundamental para el correcto funcionamiento del sector público. Son ellos los que dan o no el visto bueno a partidas y subvenciones, los que aprueban contratos y controlan el gasto del sector público. Si ellos rechazan una medida, la Junta no puede desarrollarla.

Los funcionarios cesados no han sido aleatorios y las destituciones se han producido en el máximo nivel de la iIntervención, justo por detrás del interventor general. En total, cuatro de los ocho directores han sido expulsados de su cuerpo, a los que se suma uno que está a punto de jubilarse. Además, estos cuatro responsables son de los que llevan más años en el cuerpo, algunos acumulan casi 40 años de trabajo en esta área de la administración.

Los directores de división se encargan de las tareas de coordinación general y dirección de las funciones de la Intervención General y son elegidos por el interventor general. Tras el cese de González Pavón el Consejo de Gobierno aprobó el nombramiento de Miguel Ángel Figueroa, que es el que, desde la Consejería, se señala que ha propuesto los ceses porque "quería hacer su equipo". Cabe destacar que dos de las interventoras cesadas habían trabajado anteriormente con el nuevo alto cargo.

El papel de los interventores destituidos

"Entre las funciones de este personal se encuentra la de efectuar a la persona titular de la Intervención General las propuestas de los informes de sus respectivas áreas que deban ser suscritos por esta así como las relativas a la aprobación de planes o programas, adopción de medidas de actuación, o dictado de instrucciones que resulten necesarias para el mejor desenvolvimiento de las funciones que correspondan a las mismas", reza el Decreto 92/2022 de Consejería de Hacienda en el que se establece el funcionamiento de la Intervención.

Si bien desde la Junta se insiste en que estos ceses no interfieren en los controles del SAS, entre los funcionarios destituidos está el director de la División de Auxilio Judicial y Análisis Jurídico, que deberá colaborar en la investigación sobre los informes de la Consejería de Salud. El director de la División de Fiscalización también ha sido destituido, un puesto fundamental en el control del gasto público y que tomó relevancia con durante el caso de los ERE, cuando el entonces interventor adjunto de este área tuvo que declarar. También la directora de la División de Control de Fondos Europeos y Subvenciones ha sido cesada. La última destitución es la de la directora de la División de Control Financiero Permanente y Supervisión Continua, que se produce además después de que la Junta haya eliminado el control previo en una importante parte del gasto para acelerar algunas partidas con su decreto de simplificación administrativa, por lo que el control permanente cobra una mayor importancia.

El choque de los ERE

En la etapa de los ERE se vivió un choque frontal entre los responsables de Hacienda y el interventor general, Manuel Gómez, que fue imputado en el proceso judicial y terminó absuelto. Él fue quien dijo, en la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento, que la intervención había alertado de "deficiencias importantes" en los controles de las partidas de Empleo. "Si su vecino le advierte a voces por la ventana que salen llamas por su extractor de humo usted qué haría. ¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico? Sería inaceptable que ante su descuido el vecino acabe pagando el desaguisado", señaló antes de acudir a los tribunales.

¿Llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino confirmara la noticia por carta o correo electrónico?

Manuel Gómez

— Ex interventor general de la Junta

Este mismo interventor, escribió días atrás una carta en El País con el título Trumpismo en la Junta: la purga de los interventores incómodos donde denuncia que la Junta ha decidido abordar "de un modo genuinamente trumpiano" su relación con la intervención, con "castigos" en forma de ceses "por los deslices en los informes del SAS" y para "doblegar y desactivar sus justas exigencias de una mayor consideración profesional y de mejora de los medios personales y materiales". "Jamás se había producido semejante estrago en la historia de la Junta de Andalucía", concluye el ex interventor general.

La ley que marca las funciones de la intervención, promovida por la actual viceconsejera, y aprobada en el verano de 2023, crea el cuerpo de los interventores de la Junta y establece un rango específico a la categoría profesional de interventores en la administración andaluza. La norma señala que el cuerpo técnico se queda entre un nivel 20 y un 26 y el superior entre el 26 y el 30. Es por ello que aunque hayan sido cesados, estos funcionarios seguirán trabajando en puestos de la intervención, aunque sea en otro rango.