El juez que investiga los contratos del SAS pide información a la Intervención General de la Junta en plena polémica

La investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2024 continúa en plena polémica por los ceses en la Intervención General en la Junta. El juez encargado del caso ha solicitado más información a la Intervención los contratos.

Hace apenas una semana, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, negaba que los interventores cesados estuvieran relacionados con la investigación de las supuestas irregularidades en los contratos de emergencia del SAS. "En la parte de la intervención dependiente del SAS no ha habido ningún cambio", insistía la también portavoz del Ejecutivo andaluz tras el Consejo de Gobierno celebrado el martes 28 de enero.

"Hemos visto como el nuevo magistrado que se ha hecho carga de la causa abierta por la contratación irregular ha pedido a la intervención general información para profundizar en esa investigación judicial que se ha abierto", ha denunciado el todavía secretario de Comunicación Política del PSOE andaluz, Josele Aguilar, en una rueda de prensa este lunes. El diputado socialista en el Parlamento autonómico ha asegurado que "es lo más escandaloso que se ha producido en Andalucía en los últimos años".

Hacienda no sabe todavía qué se pide

Aguilar ha señalado que los ceses en la Intervención, entre los que están algunos de los funcionarios que llevan más años en el cuerpo, algunos acumulan casi 40 años de trabajo en esta área de la administración, se producen "solamente porque habían puesto el foco en la contratación irregular que estaba poniendo en marcha Moreno con los contratos sanitarios". Así ha acusado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de destituirlos porque "quiere seguir contratando y gastando sin límite y sin control".

Fuentes de la Consejería de Hacienda consultadas por este periódico han confirmado estos requerimientos de la justicia, pero han defendido que todavía no saben qué tendrán que entregar. "Nosotros todavía no lo hemos recibido", han asegurado para insistir en el que el actual interventor, Miguel Ángel Delgado, que fue nombrado tras el cese el 8 de enero de María Antonia González Pavón. Pese a todo, han explicado que "el juez le ha pedido porque ha sido el fiscal el que ha solicitado ampliar una determinada información". "Es lo más escandaloso que se ha producido en Andalucía en los últimos años", ha defendido.

La propia consejera de Hacienda ha reconocido este martes en la rueda de prensa semanal que desconocía la petición. "Antes de entrar en la rueda de prensa no me había llegado ninguna petición", ha apuntado para señalar que no tiene "ningún problema, colaboración total con la justicia". "Nos dedicamos a colaborar y no atacamos a la justicia", ha zanajdo.

"Se le dará es una información de detalle que han pedido", han señalado desde el departamento que dirige España. Además, Hacienda ha enmarcado estas peticiones dentro de la normalidad judicial. "Eso forma parte de la normalidad del proceso durante la investigación luego va ahí pidiéndolo la información que cada una de las partes crea que es necesario", han argumentado desde la Consejería.

Funcionarios cesados

Si bien desde la Junta se insiste en que estos ceses no interfieren en los controles del SAS, entre los funcionarios destituidos está el director de la División de Auxilio Judicial y Análisis Jurídico, que deberá colaborar en la investigación sobre los informes de la Consejería de Salud. El director de la División de Fiscalización también ha sido destituido, un puesto fundamental en el control del gasto público y que tomó relevancia con durante el caso de los ERE, cuando el entonces interventor adjunto de esta área tuvo que declarar. 

Los ceses se producen en un momento clave en el cuerpo de interventores. El proceso judicial en el que está inmersa la Consejería de Salud y Consumo, por unos informes en los que se señala que el Servicio Andaluz de Salud habría "prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido" en los contratos exprés redactados durante la pandemia y sus posteriores prórrogas, se suma a que los funcionarios están en pie de guerra con la cúpula de la Consejería para exigir mejoras salariales y laborales, que desde arriba se les niega por el momento.