El SAS sostiene que "nunca" ha vacunado a los funcionarios de Muface y desmiente a CSIF

"El SAS no ha cesado la vacunación a mutualistas en los centros sanitarios públicos porque nunca ha estado contemplada". La Consejería de Salud y Consumo ha sido clara y concisa a la hora de responder a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que les ha acusado de frenar la vacunación a mutualistas en los centros de salud de Andalucía.

Según los representantes de los trabajadores, la Junta habría interrumpido las inoculaciones de los funcionarios ante la falta de acuerdo entre el Ejecutivo central y las aseguradoras privadas que, por ahora, prestan atención sanitaria a los mutualistas. Esta denuncia se suma a las críticas constantes por parte de los beneficiarios de los retrasos en las pruebas, citas e intervenciones quirúrgicas.

"Según la normativa, es Muface quien asume la vacunación de sus mutualistas, salvo en las zonas rurales que los asume el SAS", explican fuentes de la Consejería consultadas por El Correo de Andalucía. Desde la cartera que dirige Rocío Hernández detallan que en la propia normativa de Muface se indica que las vacunaciones están incluidas entre "las actuaciones establecidas por la normativa sanitaria en materia de prevención y promoción de la salud" que presta la mutualidad, todo conforme a lo establecido por el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Excepciones a las vacunaciones

La norma que rige a la mutua aclara que "la Entidad dispondrá de los medios necesarios para llevar a efecto los programas preventivos incluidos en la Cartera de Servicios, garantizando la información adecuada a los beneficiarios, así como el calendario, direcciones y horarios de los centros donde se llevarán a cabo las vacunaciones y los programas de prevención. En todo caso, la información sobre estos programas preventivos deberá figurar en la página web de la Entidad".

El SAS solo se encarga de garantizar las vacunas a los usuarios de Muface que residen en zonas rurales, tal como marca el acuerdo. A estas se suman también las vacunas de COVID, mpox y nirsevimab, que se administran en los centros del SAS, "porque no están disponibles en el canal farmacéutico privado".

Si Muface deja de prestar servicios, en Andalucía son unos 320.000 los beneficiarios afectados que tendrían que incorporarse a la sanidad pública, lo que equivale al 3,77% de las personas que atiende en estos momentos el SAS. En estos momentos, el Estado negocia la continuidad de esta concertación, que este año cumple 50 años, de no lograrlo, serían las comunidades autónomas las que, llegado el momento, tendrían que hacerse cargo de la atención sanitaria de los funcionarios y sus familiares.

Por el momento, los funcionarios están llamados a una jornada de huelga para el próximo 13 de febrero, "ante la incertidumbre en la atención sanitaria del personal funcionario por la falta de un acuerdo definitivo entre Gobierno y aseguradoras que permita la firma del próximo concierto sanitario".