Hacienda hace oídos sordos e insiste en que la interventora general de la Junta pidió su cese "por motivos personales"

"A petición propia y por motivos personales". La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha comparecido este miércoles en el Parlamento de Andalucía para explicar el cese de la ya ex interventora general de la Junta, María Antonia González Pavón. La dirigente popular se ha mantenido en su discurso y ha insistido que la destitución de la funcionaria fue una solicitud y no por una decisión de su viceconsejera, Amelia Martínez.

Cinco ceses en menos de un mes, ese es el resumen de la polémica en la Intervención General de la Junta. Todo se produce en un momento en el que este cuerpo está en el foco por las supuestas irregularidades en las contrataciones de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2024 y en el que los funcionarios se han levantado en armas contra la cúpula de la Consejería para exigir mejoras salariales y laborales.

La consejera de Hacienda se ha hecho eco de un discurso de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, durante su etapa como consejera de Hacienda. Así, ha defendido que "uno es libre para aceptar una responsabilidad pero también es libre para dejarlo cuando estime oportuno". "Esto les servía a ustedes antes, pero ahora ya no les sirve", ha insistido.

Hacienda defiende los cambios

El discurso oficial, reiterado por España, es que González Pavón pidió abandonar el cargo "por motivos personales". Este periódico ha conocido que se señaló que quería pasar más tiempo con su nieta, que acaba de nacer. Sin embargo, fuentes cercanas a la interventora han confirmado a El Correo de Andalucía lo niegan tajantemente y sostienen que fue una total sorpresa para la afectada y que en ningún caso esperaba ni había pedido su salida. Así, sostienen también que los cuatro ceses posteriores responden a la reorganización del cuerpo.

"En la Consejería la versión es que se quería ir, si en privado a alguien le ha dicho otra cosa no lo sé", sostienen desde Hacienda. Además, el día que España compartió en el Consejo de Gobierno el cese de González Pavón a los consejeros del Ejecutivo andaluz se les dio este argumentario para que lo compartieran si les preguntaban sobre por qué el cese de la interventora general.

España ha defendido también que desde 2015 se han producido más de 470 cambios en la intervención, en los niveles 28 y 30. Ante las acusaciones previas de los grupos, la consejera ha querido aclarar que "no ha habido ningún cambio en la intervención del SAS, continúan trabajando los mismos interventores, ninguno que han cesado tienen ninguna responsabilidad ni ninguna competencia con el SAS".

Denuncias de la oposición

Las explicaciones de la consejera no le han bastado a la oposición, que ha relacionado las destituciones con la causa abierta en los juzgados por las supuestas irregularidades en las contrataciones de emergencia de la Consejería de Salud y Consumo. "Es un aviso para lo que vayan a hacer en el futuro", ha señalado el portavoz de Adelante Andalucía, que ha hablado de "matar a la mensajera" y ha ironizado con la "pechá" de motivos personales de los funcionarios este mes.

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha recordado a los populares que ellos mismos pidieron la "fijación de una comparecencia anual de la intervención, publicación de todos los trabajos realizados así como los informes y sus conclusiones" cuando estaban en la oposición. Sin embargo, pese a las peticiones del PSOE-A, el PP se ha mostrado contrario a que intervenga González Pavón y los demás interventores cesados. Así, la portavoz socialista, María Márquez, ha pedido que "si no tienen nada que ocultar voten a favor de una comisión de investigación" sobre los contratos del SAS.

Desde Vox, Cristina Jiménez, también ha mencionado las denuncias del cuerpo para mejorar sus condiciones laborales y salariales. La diputada ha recordado que, cuando se debatió la ley que hoy da forma a los interventores, desde la oposición ya advirtieron de que "la falta de personal, la falta de recursos, las diferencias salariales entre interventores y auditores iban a producir conflicto".