El PSOE pide la comparecencia de la ex interventora general de la Junta y los cuatro funcionarios cesados
Los socialistas defienden que si Moreno "no tiene ningún problema" los funcionarios deberán intervenir

La consejera de hacienda, Carolina España interviene en el Parlamento. / Francisco J. Olmo - Europa Press

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, comparecerá en la tarde de este miércoles en el pleno del Parlamento de Andalucía para explicar el cese de la ya ex interventora general de la Junta, María Antonia González Pavón, el pasado 8 de enero, pero desde la oposición piden más. El PSOE-A ha exigido que González Pavón y los otros cuatro interventores cesados intervengan en la Cámara autonómica para explicar qué ocurre en este cuerpo del funcionariado.
En plena polémica por las supuestas irregularidades en los contratos de emergencias otorgados por el Servicio Andaluz de Salud entre 2021 y 2024 y con una guerra abierta entre los interventores y la Consejería, España anunció en enero el cese de la responsable del cuerpo "por motivos personales", algo que desmienten fuentes cercanas a la afectada. Tras la destitución de González Pavón, que aumentó el descontento entre sus compañeros, fueron cesados también cuatro de los ocho directores de la intervención, en ese momento la Consejería aludió a que el nuevo interventor general, Miguel Ángel Figueroa, estaba formando su equipo.
"Ya está bien de que la consejera nos tome por tontos", ha denunciado la portavoz de los socialistas en el Parlamento, María Márquez, que ha señalado que "si el señor Moreno Bonilla tan transparente que es, no tiene ningún problema, votará a favor". La socialista, sin embargo, ha subrayado que los empleados públicos destituidos son "la gente que tiene la información, que sabe lo que ha pasado y que además ha denunciado lo que ha pasado -con los contratos del SAS-".
El PSOE-A vincula los ceses con la investigación del SAS
Los ceses de los cuatro directores, adelantados por El Correo de Andalucía, no han sido subsanados todavía y, fuentes del funcionariado confirman a este periódico que por el momento no han sido convocadas las plazas siquiera. En concreto, los funcionarios destituidos son los directores de las divisiones de Auxilio Judicial y Análisis Jurídico, de Fiscalización, de Control de Fondos Europeos y Subvenciones y de Control Financiero Permanente y Supervisión Continua.
"No nos vale que cesen a quien denuncia la corrupción y que protejan a quien señala y a quien expulsa a quien denuncia la corrupción", ha reiterado la portavoz de los socialistas, que ha vinculado directamente las destituciones con la investigación de Antifraude sobre la contratación de la Consejería de Salud y Consumo tras la pandemia. Con la petición de intervención, el PSOE-A busca que los funcionarios "den las explicaciones que los andaluces nos merecemos sobre los contratos irregulares y sobre la reestructuración que se ha producido en la intervención general".
Si bien desde Hacienda defienden que no hay ningún interventor del SAS destituido, el director de la División de Auxilio Judicial y Análisis Jurídico deberá colaborar en la investigación sobre los informes de la Consejería de Salud. Además, director de Fiscalización ocupa un puesto fundamental en el control del gasto público y que tomó relevancia con durante el caso de los ERE, cuando el entonces interventor adjunto de esta área tuvo que declarar.
El foco, sobre la viceconsejera
El foco se centra principalmente en la viceconsejera, Amelia Martínez, principal promotora de la ley que establece un rango específico a la categoría profesional de interventores en la administración andaluza y encargada de los ceses del cuerpo. Ahora, una información de El País, subraya que en una reunión con los interventores anunció que "hace falta mano dura" con estos funcionarios.
Las exigencias de mejoras salariales y de nivel de funcionariado han provocado que los interventores se levanten en armas y hayan comenzado los ceses. La norma señala que el cuerpo técnico se queda entre un nivel 20 y un 26 y el superior entre el 26 y el 30. Es por ello que pese a que hayan sido cesados, estos funcionarios seguirán trabajando en puestos de la intervención, aunque sea en otro rango.
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