Un juzgado de Cádiz investigará el fraccionamiento de contratos del SAS por 235 millones en 2021

El juzgado de Instrucción número 3 ha abierto diligencias contra el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre enero y diciembre de 2021. Las supuestas irregularidades en las contrataciones del SAS entre 2021 y 2024 que denuncia la izquierda andaluza se ha convertido en el principal problema al que se enfrenta el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Como también hizo el PSOE-A con los contratos de emergencia, en octubre, Podemos se ha personado como acusación popular en Sevilla en una denuncia contra el fraccionamiento de contratos en Jaén, Huelva, Cádiz y Córdoba y desde los juzgados de la capital se enviaron las denuncias para que fueran los juzgados provinciales quienes investigaran los hechos. En concreto, la formación de izquierdas apunta a servicios de "catering" u "obras menores".

"Consideramos muy grave lo que está pasando con el SAS, se está sorteando la ley de contratos", ha denunciado la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, en una rueda de prensa en la sede regional del partido. La política morada ha señalado que se trata "de un fraccionamiento masivo de contratos que supone grandes consecuencias para el SAS". "¿A quién benefician estos contratos a dedo?", se ha preguntado.

Un posible delito de malversación

En el auto emitido por el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, la jueza Rosa María García señala que los hechos denunciados "hacen referencia a la posible existencia de un delito de malversación que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado". Además, ha pedido a la Intervención de la Junta, que no del SAS, que "informe sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo".

Estos requerimientos a la Intervención General de la Junta llegan en un momento clave para el cuerpo después de la destitución de la interventora general, María Antonia García Pavón y su sustitución por Miguel Ángel Figueroa, que está haciendo cambios significativos. "Lo que es obvio es que desde la intervención se vio que estos contratos eran fraudulento", ha descrito Martínez, que ha denunciado al Gobierno andaluz por "en vez de dejar que los funcionarios fiscalicen, lo que han hecho es destituirlos y quitarse de en medio a la gente que está viendo este tipo de casos". "Estamos hablando de muchísimos millones de euros y que afecta a toda Andalucía", ha insistido.

La denuncia de Podemos detalla que en Cádiz se "firmaron contratos menores por un valor de 235,4 millones de euros, el 23,2% del total de contrataciones". Así mismo, la formación recuerda que "la Intervención señala un fraccionamiento masivo de contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas sin seguir los procedimientos legalmente establecidos".

A la espera del resto de provincias

Aunque por el momento solo Cádiz ha comenzado la investigación, la formación de Ione Belarra confía en que en el resto de provincias se sigan estos pasos, aunque en Córdoba y Jaén les exigen una formulación de querella. Los morados hablan de contratos por valor de 91,9 millones en Huelva, 69,8 en Jaén y 61 en Córdoba. "Estos contratos fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación 'a dedo", apuntan.

Desde San Telmo sostienen que "un juez de Sevilla rechazó que hubiera trama" y que "el SAS no ha recibido hasta el momento ninguna notificación de ningún juzgado", algo que sí hizo la Intervención General, que presentó un informe de la Comisión Consultiva de Contratación Pública que señala que "el procedimiento de adjudicación previsto en el artículo 131.4 LCSP es aplicable a aquellos contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y con un valor estimado inferior a 30.000 euros, ya consistan en prestaciones contractuales de servicios o de suministros". Así, detallan que cuando el SAS conoció las denuncias de Cádiz y Sevilla, solicitó "personarse". "La contratación se ha hecho conforme a la ley y confiamos en que así quede claro ante la Justicia", sentencian.

Hasta el momento, Anticorrupción investiga la querella interpuesta por el grupo socialista en el Parlamento de Andalucía el 20 de julio y que ha sido ampliada en varias ocasiones. La causa investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia entre 2021 y 2024, que permitió seguir otorgando sin concurrencia competitiva ni publicidad, usando la fórmula arbitrada para la pandemia de Covid, más de 242 millones de euros. Sin embargo, en las útlimas semanas el juzgado ha rechazado ampliar la investigación en hasta dos ocasiones.