La quita de deuda superaría los 14.000 millones para Andalucía pero con menos beneficios que para Cataluña o Valencia

El jueves 13 de febrero el equipo técnico del Ministerio de Hacienda y los representantes de las comunidades autónomas mantuvieron una reunión que debía definir la hoja de ruta de la negociación que se abordará el próximo 26 de febrero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre la mesa estuvieron asuntos como la actualización de las entregas a cuenta (los fondos que recibe cada año cada autonomía del Estado) o los posibles criterios de reparto según población de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Sin embargo, la principal apuesta del Gobierno central, anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Conferencia de Presidentes, ni siquiera se abordó: la quita de deuda. Las comunidades del PP tienen planteada una estrategia contra esta iniciativa y el Ejecutivo, de momento, mantiene sus cartas reservadas de una iniciativa fundamental especialmente para Cataluña, ya que forma parte de los acuerdos suscritos con las formaciones nacionalistas para las investiduras de Pedro Sánchez y Salvador Illa.

El Gobierno aún no ha aclarado cuál será el criterio de distribución de la quita de deuda. Sin embargo, siguen publicándose estudios y análisis en torno a esta opción que sitúan a Andalucía como una de las comunidades que, en términos cuantitativos, se podría ver más beneficiada. El último informe lo publicó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el jueves 13 de febrero firmado por el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, Diego Martínez López. En este informe se estudian distintos modelos posibles. Uno de ellos coincide con el modelo firmado por el PSOE y ERC: vincular la quita de deuda al "impacto negativo del ciclo económico sobre las finanzas regionales".

Esto implicaría analizar anualmente impacto del ciclo económico adverso sobre las cuentas de cada comunidad autónoma y a partir de ahí cuantificar la quita de deuda en función del PIB. En el caso de Andalucía, este impacto negativo acumulado sería de un 6,9% con un PIB situado en torno a los 200.000 millones de euros. Una extrapolación de este análisis reflejaría una quita de deuda para la comunidad autónoma de en torno a 14.000 millones de euros. Sería, por tanto, la tercera comunidad más beneficiada por detrás de Cataluña (25.000 millones) y Valencia (24.000 millones).

Para Andalucía como para Cataluña esto supondría una tercera parte de una deuda que en estos momentos supera los 39.000 millones de euros, un porcentaje similar al que supone para Cataluña, cuya deuda asciende a 88.917 millones de euros. La más beneficiada con este criterio sería así Valencia con un 40% de quita sobre una deuda de 59.498 millones de euros.

Este mismo estudio plantea otra posibilidad que sería vincular la quita de deuda a la infrafinanciación del sistema autonómico. Es decir, compensar a través de esta vía a las comunidades que reciben menos fondos en relación con lo que le corresponde: Andalucía, Castilla La Mancha, Valencia y Murcia. Aunque en este caso Fedea no realiza una estimación de cómo afectaría este criterio en el reparto.

Andalucía, perjudicada en el reparto, exige una financiación de 1.500 millones más al año

Desde esta misma institución ya se realizó una aproximación diferente a la quita de deuda en 2024 firmada por su presidente Ángel de la Fuente. En este caso, se hizo un cálculo introduciendo como factor corrector la población ajustada. Y de ahí que la conclusión fuera que Andalucía subiría sensiblemente en la cuantía asignada hasta llegar a los 16.437 millones de euros y convertirse así en la más beneficiada del sistema. .

Todos estos análisis coinciden en cualquier caso en una cuestión: Andalucía sería una de las comunidades más beneficiadas en términos cuantitativos de una condonación o reestructuración de deuda pública. Por tanto, una condinación de deuda sería positiva para las arcas autonómicas andaluzas, como recoge la propia memoria del presupuesto de 2025. Pero para la Consejería andaluza de Hacienda ni es la prioridad ni supondría un cambio sustancial de las posibilidades de gasto público.

El caso andaluz

Aunque estas cifras puedan parecer cuantitativamente muy elevadas y serían relevantes como reconoce incluso la memoria del Presupuesto de la Junta de Andalucía de 2025, en términos cualitativos su impacto en las cuentas de la Administración autonómica es reducido. Las estimaciones de Hacienda apuntan a que apenas podría suponer unos 10 millones de euros de reducción de intereses al año. Sobre un presupuesto de más de 48.000 millones de euros, se trata de una cuantía sin apenas relevancia.

El propio informe de Diego Martínez López abunda en esta línea aunque sin referirse expresamente a Andalucía: "El objetivo debe ser que las comunidades se financien de manera ortodoxa en los mercados y no con el Estado como banquero. Y para ellos, los actuales volúmenes de deuda de muchas de ellas son un obstáculo insalvable". Si ese es el objetivo, Andalucía no es el beneficiario prioritario de esta medida puesto que ya se financia en los mercados cada año.

En el caso andaluz, además, al contrario de lo que ocurre en Cataluña o Valencia, el peso de la deuda ha ido bajando en los últimos años. El endeudamiento de la comunidad crece anualmente (ahora se sitúa en 39.000 millones) pero al mismo tiempo cae la carga financiera (que ha pasado un de 16,9% a un 9,88%) y la proporción en relación con los ingresos (de un 109% a un 96%). En cuanto al endeudamiento por habitante aunque crece anualmente sigue muy por debajo de la media nacional (4.618 euros para Andalucía frente a 6.878 de media estatal).

Vinculado al sistema de financiación

La clave del último informe de Fedea está en su conclusión: esta medida debe plantearse con un enfoque integral y vinculada de forma directa a "la reforma del modelo de financiación autonómica y de gobernanza fiscal del país". Y ahí es dónde el proceso encalla por completo en estos momentos.

A apenas quince días de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ya dejó claro en su comparecencia en la sede regional del PSOE andaluz que no hay posibilidades en estos momentos de avance en cuanto al sistema de financiación. "Hasta que el PP no abandone la estrategia de confrontación no vamos a poder seguir avanzando en esta materia. No se avanza si nadie sale de su posicion de máximo".

¿Cuál es ahora mismo esa posición de máximos? Andalucía defendió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, junto a otros territorios como Castilla La Mancha (PSOE) que el Gobierno debía poner encima de la mesa una estructura de gasto territorial nueva y a partir de ahí empezar a definir cómo se repartían los fondos. Es decir, que Hacienda debía articular otro reparto de los recursos entre Estado y autonomías con carácter previo a analizar qué criterios, además de la población, debían tenerse en cuenta a la hora de distribuir los recursos entre las autonomías. Por ejemplo, el desempleo, la despoblación, el PIB per cápita o incluso los déficits de financiación acumulados en los últimos años.

El Gobierno no ha esbozado de momento ninguna base nueva de ese reparto, que sí le corresponde al 100% al Ministerio de Hacienda, y quiere centrar el pulso en el reparto de recursos entre las comunidades autónomas donde hay una disparidad de criterios, especialmente entre las filas del PP. Lo que le puede interesar a Andalucía no coincide con lo que beneficia a Madrid o a Valencia.

Las entregas a cuenta: 2.400 millones de euros pendientes

En el punto en el que hay unanimidad de las comunidades autónomas es en la importancia de actualizar las entregas a cuenta, es decir, los recursos que las comunidades reciben cada año del sistema de financiación y que están en estos momentos congeladas en función de los datos de 2023 debido a la prórroga presupuestaria. El pasado 23 de enero, el decreto ómnibus del Gobierno central incluía una parte de esa actualización, la correspondiente a 2024. Sin embargo, el PP, Vox y Junts tumbaron la normativa. El nuevo decreto ya revisado para su aprobación lo dejó fuera.

Esto supone que el reparto actual de fondos otorga a Andalucía 25.060 millones de euros de entregas a cuenta, lo que supone una congelación de la financiación autonómica. En el caso andaluz, dada la certeza de que se va a aprobar en algún momento no supone ningún problema de tesorería, pero en otros territorios con problemas de liquidez como pueda ser Valencia, sí pone en riesgo las arcas autonómicas y la capacidad de gasto.

Comunidades como Andalucía reclamaron en el comité técnico que se actualizaran de golpe los dos años y no sólo la parte correspondiente a 2024. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, de momento, descarta esta posibilidad que supone, en la práctica, perder una de las pocas armas de negociación en caso de que se plantee un intento de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de este año. En la reunión del jueves, según fuentes presentes, el Ministerio incidió en que su intención sigue siendo presentar unas cuentas.

Fondo de nivelación y nuevo sistema de financiación

En el punto en el que no hay avances, ni visos de que se produzcan, es en la aprobación del fondo de nivelación que reclama Andalucía y otras comunidades infrafinanciadas para compensar su déficit mientras se articula un sistema de financiación que sustituya al de 2009. Son los 1.500 millones de euros que el Gobierno de Juanma Moreno esgrime cada vez que se aborda la situación económica y las relaciones con el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno ha alegado hasta el momento que se trata de una medida que no tiene el consenso del resto de autonomías. Y al mismo tiempo pone encima de la mesa el incremento que se ha producido en las transferencias a Andalucía en los últimos años. Un crecimiento con carácter general del sistema de financiación, pero que no viene de una modificación del sistema de reparto. Hay más recursos para las autonomías y, por tanto, más dinero para todas. Pero los criterios de reparto, que Fedea lleva años criticando por "falta de transparencia" , se mantienen idénticos.