Andalucía creará una 'policía del patrimonio' y fijará sanciones de hasta un millón de euros

Las medidas de simplificación administrativa que se han aprobado durante los últimos años tienen un efecto directo sobre la capacidad de control de infracciones sobre bienes patrimoniales materiales o inmateriales al eliminarse parte de las autorizaciones previas en favor de la declaración responsable. Para compensar esta línea de actuación, la Junta de Andalucía creará un cuerpo oficial de inspectores que ejercerá funciones de 'policía del patrimonio' y que estará conformado, de partida, por una veintena de profesionales.

Así lo recoge el anteproyecto de Ley del Patrimonio Cultural, aprobado por el Consejo de Gobierno y que inicia ahora su tramitación con el objetivo de que esté aprobado y pueda entrar en vigor en 2026. Esta nueva normativa incide en las medidas de simplificación que se vienen acometiendo en los últimos años, pero para compensarlas incorpora tanto la creación de la 'policía del patrimonio' como un refuerzo del marco sancionador con multas que pueden llegar hasta un millón de euros. Pueden llevar aparejada incluso la inhabilitación profesional durante un plazo máximo de cinco años.

"En los últimos años muchos de los procedimientos en materia de protección del patrimonio histórico y arqueológico que estaban sometidos al régimen de autorización han pasado a un régimen de declaración responsable. De esta forma, desaparece el control previo de la Administración, por lo que es fundamental establecer un control posterior y las medidas de vigilancia a través de un cuerpo de inspectores", recoge la memoria de la Consejería de Cultura y Deporte, a la que ha accedido El Correo de Andalucía.

Este nuevo cuerpo de inspectores estará formado de entrada por 20 funcionarios que deben incorporarse a partir de 2027. Se trata de una convocatoria de nuevas plazas por lo que saldrán por oposiciones. Para ello se reservará un presupuesto de un millón de euros anuales.

Este cuerpo de inspectores tendrá consideración de agente de la autoridad y por tantos sus indicaciones deberán ser atendidas por empresas o particulares. No obstante, la normativa precisa que el objetivo es que este cuerpo de inspectores despliegue un plan de trabajo anual centrado en la protección del patrimonio cultural material e inmaterial.

Marco sancionador

La creación de este cuerpo de inspectores viene acompañada de un refuerzo del marco sancionador para administraciones, empresas, profesionales o particulares que vulneren la normativa autonómica en materia de protección del patrimonio cultural. Estas sanciones podrían alcanzar el millón de euros en los casos más graves.

De acuerdo con la nueva graduación, la realización de obras en conjuntos históricos sin la adecuada autorización o el empleo de detectores de metales o instrumentos que permitan la localización de vestigios arqueológicos son consideradas como infracciones leves y por tanto las sanciones económicas podrían alcanzar los 10.000 euros.

Se considera, sin embargo, de mayor gravedad el incumplimiento de órdenes de ejecución de obras, la realización de actuaciones sin tener en cuenta los criterios de conservación, las intervenciones en BIC sin los permisos adecuados o la destrucción de forma inadecuada de restos arqueológicos localizados. En estos casos, las sanciones económicas pueden alcanzar los 150.000 euros.

Las infracciones de mayor gravedad afectan a cuestiones como la demolición de inmuebles, la destrucción de yacimientos que supongan pérdidas irreparables, o la destrucción parcial de Bienes de Interés Cultural. En estos casos, conllevará una multa de hasta un millón de euros.

A esto hay que añadir, que para reforzar el control sobre las declaraciones responsables, la Junta de Andalucía prevé que un profesional pueda ser inhabilitado para cualquier relación con la Consejería durante un plazo de un año en infracciones graves y de cinco años cuando se incumpla la Ley de Patrimonio Cultural de forma muy grave.