La Junta de Andalucía aprueba un plan de choque de 1.800 millones de euros para facilitar 20.000 VPO en cinco años

Una inversión de 1.800 millones de euros y 48.000 puestos de trabajo directo. Estos son los números que resumen el nuevo decreto de vivienda que ha aprobado el Gobierno andaluz para luchar contra la situación de "emergencia" que sufre la vivienda en la comunidad autónoma. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y vivienda ha decidido no esperar a tramitar su anteproyecto de ley y ha presentado un decreto con el que busca construir 20.000 viviendas de protección oficial (VPO) en los próximos cinco años y que incluye las medidas más urgentes.

El Consejo de Gobierno del martes 24 de febrero ha aprobado este primer plan de choque en materia de vivienda desde la llegada de Juan Manuel Moreno en 2018 y servirá como antesala de la ley de vivienda que prepara también la Consejería. El decreto entrará en vigor el día después de su publicación en el BOJA y adelantará algunas de las medidas que incluye la ley como la posibilidad de cambiar de forma automática usos del suelo siempre que de esta forma se favorezca la construcción de viviendas protegidas. En total, la Junta estima que se podrán desarrollar a través de esta vía 20.000 nuevas viviendas con algún régimen de protección en cinco años, 4.000 al año.

"Era necesario, era urgente", ha asegurado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que, aunque no ha declarado la emergencia habitacional, como pedían los promotores o Fadeco, sí que ha defendido que "este es un decreto en medidas urgentes en materia de vivienda" y ha señalado que esto "ya es una voluntad política". La norma, acordada con el sector, con el que ha habido "diálogo continuo", dará a los ayuntamientos "un papel clave" porque y les dota de "herramientas para construir vivienda asequible".

Críticas al Gobierno central

La consejera ha sido muy dura con la ley de vivienda aprobada hace apenas un mes por el Consejo de Ministros y ha lamentado que "jamás se había hecho tanto daño a la vivienda". "La ley de vivienda de Sánchez ha traído el colapso, el mercado se ha contraído", ha denunciado Díaz. Frente a esto, ha señalado que "este Gobierno siempre ha tenido claro cuál era el camino para combatir la situación y buscar soluciones efectivas".

Díaz ha definido al Ejecutivo andaluz como "el Gobierno del más, el que más ha hecho para garantizar el acceso a la vivienda". La consejera ha indicado que "pequeños propietarios están retirando sus viviendas del mercado porque no saben si sus viviendas van a ser okupada". "Andalucía avanza y lo seguimos haciendo juntos", ha insistido para puntualizar que "frente a las leyes inútiles, los andaluces tienen decretos leyes como este", basado, en su opinión, en la "escucha activa". Así, el decreto traerá, según la consejera, inversiones de 1.860 millones, que incluyen 272 millones para que los promotores privados construyan VPO.

La medida recogida ya en el anteproyecto de ley de vivienda autoriza a que se puedan usar para la construcción de viviendas con algún tipo de protección parcelas que estén calificadas como turístico (hoteles) o oficinas. Como condición se establece que el uso residencial debe ser completo con la excepción, que marca la normativa urbanística, de destinar un 20% a otros usos compatibles, como el terciario (comercio).

Nuevas posibilidades para construir VPO

Esta nueva medida de choque establece también que se puede aumentar la densidad de vivienda en suelos ya calificados como uso residencial hasta en un 20% si se destinan exclusivamente a vivienda protegida. En el caso de las parcelas ya estuvieran reservadas para este uso el posible aumento sería de un 20% en densidad y de un 10% en edificabilidad.

Por último, en suelos destinados a equipamientos sin especificar o catalogados genéricamente como SIPS la Junta de Andalucía autorizará que puedan destinarse a vivienda protegida sin necesidad de pasar por un cambio de planeamiento que obligue a una larga y compleja tramitación.

Junto a esto, la Junta de Andalucía ha adoptado la medida de incorporar la vivienda dentro de los proyectos que se pueden presentar a la unidad aceleradora de forma que se reduzcan los trámites sensiblemente. Como condición estos suelos residenciales deben destinar un porcentaje a VPO. En total, serán 250 viviendas de protección y 500 viviendas libres, "con su porcentaje para VPO".