La quita dejaría la deuda andaluza en nivel previo a la crisis y ahorraría hasta 1.400 millones en diez años

Andalucía tiene una deuda con el Estado y con entidades privadas que asciende a 39.842 millones de euros. Esta cifra es baja en relación con otras comunidades autónomas, en relación con el PIB y en relación con la población autonómica pero es la más alta de la serie histórica. Esto obliga cada año en los presupuestos a consignar una partida para operaciones de refinanciación (se piden créditos a mejores condiciones para pagar préstamos antiguos) y al pago de unos intereses que se sitúan en torno a los 800 millones de euros al año.

La oferta del Ministerio de Hacienda supone una reducción de 18.700 millones de euros de esta deuda, lo que supone prácticamente dejarla en la mitad. Basta un histórico de la evolución del endeudamiento para comprobar el impacto de la medida: desde 2012, justo en medio de la crisis económica, la deuda autonómica no baja de los 20.000 millones de euros en los que se quedaría de aplicarse la medida.

La propuesta del Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, que toma como punto de partida el pacto entre el PSOE y las formaciones nacionalistas, tiene de forma directa un doble impacto sobre las cuentas andaluzas. Por un lado, supone una reducción de los intereses que cada año abona la Junta de Andalucía. El resultado exacto no se puede calcular de momento porque depende de los créditos que se condonen, pero desde el Gobierno andaluz asumen que podría alcanzar un máximo de 140 millones de euros al año durante el periodo de duración de aproximadamente de diez años. Este cálculo coincide con el que algunos expertos consultados han trasladado al Ministerio de Hacienda: en torno a 1.000 millones de euros de ahorro por la operación.

En segundo lugar, al reducir el endeudamiento global andaluz prácticamente a la mitad esto daría más margen de solicitar créditos a la Administración autonómica no para refinanciar los anteriores préstamos sino para ejecutar por ejemplo nuevas inversiones y aumentar la capacidad de gasto presupuestario anual. Este año 2025, por ejemplo, debido a la obligación de equilibrio presupuestario no se solicita ni un euro de deuda nueva: los préstamos que se piden son para refinanciar créditos anteriores.

La propuesta del Ministerio de Hacienda, en sí misma, no supone ninguna pérdida o merma para las arcas autonómicas y menos aún en el caso de Andalucía que, de acuerdo con el criterio empleado por el Gobierno, ha acabado resultando como la más beneficiada en términos cuantitativos al introducir como factor corrector el déficit de financiación y al incidir en la variable de la población ajustada en relación con el endeudamiento. De hecho, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trató de subrayar en su comparecencia una cuestión clave: no hay condiciones ni supone una renuncia a ninguna otra petición.

En términos cualitativos, sin embargo, la situación es distinta: la medida beneficia especialmente a Cataluña o Valencia, las comunidades más endeudadas y para las que esta condonación supone la posibilidad de volver a financiarse a través de mercados privados con intereses más bajos. En el caso de Andalucía no supone una transformación radical porque ya puede acudir a los mercados privados. Y lo hace cada año.

La Junta rechaza la "trampa": "No se acepta porque no interesa"

Sin embargo, la Junta de Andalucía, al igual que otras comunidades del PP va a rechazar esta medida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera al considerar que se trata de una propuesta "trampa". "Son migajas que no se van a aceptar por dignidad porque no vamos a consentir que nos traten por pedigüeños", apuntan desde la Junta de Andalucía con una posición que se basa principalmente en una realidad que también ponen en evidencia informes de expertos como los elaborados por Fedea: el problema real del sistema autonómico es el modelo de financiación y éste no se resuelve con una condonación de la deuda.

La quita supone una reducción del endeudamiento, porque lo asume el Estado, y un ahorro de intereses, pero no supone un incremento de los fondos que recibe cada año la Junta de Andalucía y que permiten mantener los servicios públicos o ejecutar inversiones. Y ahí es dónde está el problema de la Administración andaluza y del resto de comunidades: los recursos que se reciben no son suficientes para asumir las competencias que se tienen.

De ahí que todas las comunidades, con independencia de su signo político clamen por un nuevo sistema de financiación. Y en el caso andaluz, más concretamente, por la aprobación de un fondo de nivelación que supondría una financiación extra de 1.500 millones de euros al año. Esta cifra se basa en el dinero que la Junta recibe cada año menos de lo que le correspondería de acuerdo con un criterio de población ajustada, una situación que afecta también a Valencia, Murcia y Castilla La Mancha.

"María Jesús Montero consejera de Hacienda exigió al Gobierno de Rajoy 4.000 millones de euros más al año para Andalucía. Desde 2016 Andalucía ha recibido por tanto 36.000 millones menos de lo que sería justo y necesario. Esa sería la cifra que en coherencia debería poner para Andalucía", apuntan desde el Gobierno andaluz. La posición autonómica es que aceptar esta quita en términos políticos supone renunciar a la reivindicación de un nuevo modelo de financiación a corto plazo. "No se acepta porque no interesa", subrayan.

Existe un segundo argumento de carácter político y que explica que el rechazo a esta medida lo compartan comunidades como Andalucía, que realmente no tiene un problema de endeudamiento en estos momentos, y otras como Valencia que sí está en situación de asfixia: el origen de esta medida. La quita de deuda parte de un acuerdo con las formaciones nacionalistas catalanas que han sido de hecho las primeras en hacer pública una cifra el mismo día en el que han anunciado la retirada de la propuesta en el Congreso de una cuestión de confianza.

El argumento andaluz en este sentido es claro: "se premia a las comunidades que lo hicieron mal" durante la crisis económica y se endeudaron en exceso. Son ellas las más beneficiadas por la medida aunque se haga extensible a todos los territorios.

De ahí que el Gobierno andaluz, al igual que otros territorios del PP, hayan tachado esta medida siempre como una "propuesta trampa" que pretendía "tapar los acuerdos alcanzados con las formaciones nacionalistas catalanas. De ahí ese rechazo en bloque y la posición firme en estos momentos del PP. No obstante, un rechazo en el Consejo de Política Fiscal no garantiza la paralización de la medida (porque el Gobierno mantiene la mayoría) y en el Congreso aparentemente las formaciones nacionalistas catalanas y vascas garantizarían su aprobación.

En cualquier caso, como señaló la ministra de Hacienda, sería una medida voluntaria. Aquellas comunidades que no quieran acogerse a ella, no tendrán la obligación de hacerla. Simplemente, tendrán que convivir con el relato político de que renunciaron a una medida que sin resolver sus problemas sí suponía una leve mejoría de sus cuentas en términos de margen de endeudamiento y de pago de intereses. De momento, los territorios gobernados por el PP están dispuestos a asumirlo para mantener la presión política y dejar intacta la reivindicación de un nuevo modelo de financiación.