La Junta de Andalucía da tres meses a las grandes ciudades para que diseñen una bolsa de suelo disponible para construir VPO

Antes del próximo verano ciudades como Sevilla, Málaga, Cádiz o Córdoba deberán tener diseñada una bolsa de suelo que recoja todas las parcelas públicas y privadas urbanizadas en las que se puedan construir viviendas protegidas o de alquiler asequible. Es decir, aquellas que ya eran de uso residencial o aquellas destinadas a uso turístico, oficinas o equipamientos que puedan ser modificadas de acuerdo con el último plan de choque aprobado por la Consejería de Fomento.

El decreto autonómico pone deberes claros y con un plazo muy reducido de tiempo para su ejecución. Así, se da un plazo máximo de tres meses para que los municipios con una población mayor de 100.000 habitantes aporten toda la información necesaria, incluyendo la cédula urbanística de los suelos o inmuebles y el número de viviendas protegidas que pueden construirse en el suelo. Esta medida afectará de entrada a las ocho capitales, Algeciras, Jerez, Dos Hermanas, Marbella y Roquetas de Mar.

Con esta base de datos, la Junta de Andalucía configurará una bolsa única de suelo para vivienda protegida o de alquiler asequible. "Estará constituida por parcelas públicas o privadas disponibles destinadas por el planeamiento urbanístico a vivienda protegida, parcelas dotacionales de equipamientos o alojamientos dotacionales, parcelas de patrimonio público del suelo y otras de titularidad pública susceptibles de acoger vivienda protegida", recoge la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno y publicada ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La colaboración para la creación de esta bolsa se concretará con la firma de convenios de colaboración entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. El plazo previsto es que toda esta colaboración en un plazo de tres meses se articule para los municipios de más de 100.000 habitantes, aunque el plan está abierto para que se puedan incorporar también municipios de menor tamaño que quieran sumarse a esta estrategia de promoción urgente de vivienda pública. La Junta de Andalucía, de acuerdo con el decreto de vivienda, tendrá seis meses desde que se reciban los datos (esto es hasta final de 2025 o principios de 2026) para tener elaborada una herramienta informática para la gestión de todos estos datos y que pueda ser consultada informáticamente.

La puesta en marcha de este sistema informático, que la Junta debe tener habilitado entre finales de 2025 y principios de 2026 tiene un presupuesto de 300.000 euros el primer año y otros 300.000 euros en la segunda anualidad, de acuerdo con la memoria económica. La gestión se realizará en coordinación con la Agencia Digital de Andalucía.

En el primer borrador de decreto elaborado por la Consejería de Fomento se planteó un plazo superior para que los ayuntamientos tuvieran más margen. Sin embargo, los propios informes jurídicos internos señalaron que al ser un plan de choque aprobado por vía decreto, los límites de tiempo fijados para la ejecución de las medidas debían corresponderse con la situación de emergencia actual.

Suelo urbanizado, no urbanizable

La creación de esta bolsa de suelo es una medida que cuenta con el respaldo del sector, representado por Fadeco Promotores, dado que facilita el desarrollo de suelos urbanizados en las grandes ciudades. Sin embargo, desde esta asociación empresarial matizan que tendrá unos efectos limitados puesto que hay zonas urbanas con muchos problemas de vivienda, como Cádiz o Málaga, con poco margen de suelos ya urbanizados y donde lo más importante son los nuevos desarrollos urbanísticos.

En este sentido, la institución que en Andalucía preside Ignacio Peinado incide en que el objetivo debía ser agilizar los nuevos desarrollos urbanísticos pendientes que en muchos casos llevan años de retraso. En este sentido, el decreto de la Junta de Andalucía ha incorporado la posibilidad de que los proyectos residenciales, que cumplan una serie de requisitos, puedan entrar en la unidad aceleradora de proyectos y por tanto ver recortados sensiblemente los trámites. No obstante, desde Fadeco inciden que no es suficiente y confían en que el anteproyecto de Ley de Vivienda, aún en tramitación incorpore nuevas medidas que favorezcan la reducción de los trámites.