Los sindicatos insisten en que los funcionarios trabajen tres días desde casa pese a las reticencias de la Junta

El teletrabajo se ha convertido en el próximo objetivo a alcanzar para los funcionarios. El próximo reto de la Administración General andaluza es ampliar el número de días que los empleados públicos, que en estos momentos disfrutan de un día de teletrabajo a la semana, puedan hacer su trabajo desde casa dos días, a excepción de aquellos cuyas labores exijan la presencialidad, como puede ser una ventanilla de atención donde solo trabajan dos personas en turno rotatorio o trabajos de inspección. Desde los sindicatos piden que estas jornadas se amplíen hasta los tres días, pero desde la Junta mantienen su postura y solo han cedido hasta los dos.

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública busca modernizar una administración que consideran que se parece más a lo que hacía falta en el siglo XX que a lo que se necesita en 2025. El objetivo es modernizar el sistema y "actualizarlo a los nuevos tiempos", como señalan fuentes del departamento que dirige José Antonio Nieto. Para conseguirlo, en 2023 la Junta aprobó la ley de función pública y, ahora, el dirigente popular negocia con los sindicatos nuevos decretos para darle un nuevo impulso al sector. El primero, aprobado por el Consejo de Gobierno el 24 de febrero, reforma el acceso a la función pública, este y otro referente a la evaluación del trabajo de los funcionarios.

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"El decreto que se acordó, y al que CSIF dio el visto bueno al pasar por Mesa General, contempla hasta tres días de teletrabajo", sentencian fuentes del sindicato consultadas por El Correo de Andalucía. En el sindicato llaman a la calma y explican que las últimas declaraciones de la Consejería responden a que "ahora se amplía a dos días, ya que por ahora solo había un día de trabajo no presencial para aquellos puestos que lo permitan" y que esto debería aumentar "de forma progresiva" hasta los tres que proponen, "según se vaya evaluando la medida".

Choque entre la Junta y los sindicatos

Frente a la visión positiva de futuro que plantean los sindicatos, desde la Junta de Andalucía solo hablan de la posibilidad de que esta sea negativa, lo que provocaría la reducción de los días en los que los empleados públicos. Fuentes de Justicia explican que el acuerdo firmado supone pasar a "dos días máximo" y que esto puede incluso reducirse de nuevo a uno si la evaluación no es tan satisfactoria como se espera.

Aunque el pacto señala, por unanimidad, que el teletrabajo es una forma de trabajo, en la administración siempre va a haber algún tipo de presencialidad. En la Consejería aclaran que no quieren que los empleados de la administración confundan el teletrabajo, que consideran algo muy complejo, con las vacaciones, por lo que ven fundamental definir bien la actividad, para que tampoco suponga que el funcionario pase todo el día trabajando.

"La propuesta era un día hasta un máximo de tres siempre que la evaluación fuera positiva", insiste también Pepe Páez, responsable del Área Pública de CCOO-Andalucía, que explica que este control se hará cada 18 meses, un año y medio. El sindicalista explica que su formación votó en contra dadas las reticencias de la administración ante esta ampliación "dependiendo del servicio y de si tiene tareas teletrabajables". Además, recuerda que "la norma no establece que no se pueda reducir" y que eso en derecho supone que sí que se puede.

Los sindicatos estarán "vigilantes"

Páez señala que CCOO-A votó en contra de la propuesta de Justicia porque, en comparación con otras regiones, Andalucía es la que menos puede explotar esta fórmula de teletrabajo. Mientras que en la mayoría de comunidades autónomas la media de días de teletrabajo para los funcionarios públicos es de tres días, con territorios que contemplan hasta los cuatro, en Andalucía, plantean solo dos por el momento. "No tenemos las mismas condiciones", denuncia el sindicalista, que sostiene que lo ideal es "que se pudiera manejar esa horquilla de tres días".

Los representantes de los trabajadores confirman que estarán "vigilantes" para que la Junta cumpla con los acuerdos firmados e insisten en que "esta medida se irá evaluando y, si dicha evaluación es positiva, previsiblemente en un tiempo se ampliará a tres". Incluso en algunas ocasiones podría barajarse la posibilidad de llegar a cinco por motivos de salud o violencia de género, siempre bajo la autorización de los superiores.

En este momento, el decreto se encuentra en periodo de presentación pública de propuestas. De hecho, desde la Consejería no establecen una fecha concreta para su aprobación por el Consejo de Gobierno, aunque las fuentes consultadas por este periódico señalan que confían en que esté vigente dentro de "cinco o seis meses".