El Ministerio activa la expropiación de 16.000 metros cuadrados de la parcela del Algarrobico para su derribo

El Gobierno sigue adelante en su estrategia para el derribo de la construcción del Algarrobico en Carboneras, para la que no cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía. Tal y como aprobó el Consejo de Ministros, el Ejecutivo central ha dado un nuevo paso administrativo para la expropiación de los suelos, que permita su posterior derribo. El expediente, publicado en el Boletín Oficial del Estado, acota la superficie sobre la que se puede intervenir en 16.432 metros cuadrados, la mitad de una de las parcelas de 32.654 metros cuadrados que es propiedad de la empresa Azata del Sol S.L, y sobre la que se levanta la construcción inacabada.

Se trata del segundo expediente de expropiación iniciado por el Ministerio después del aprobado en 2007 que finalmente tuvo que ser paralizado en junio de 2009 previo informe de la Abogacía del Estado contrario al procedimiento. Como en aquel momento la base del proceso es que la construcción invade la zona de servidumbre y, en consecuencia, se abre la opción de la expropiación a través de la vía de la declaración de utilidad pública. Un planteamiento que de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial del Estado cuenta con dos informes de la Abogacía del Estado con fechas de 18 de octubre de 2024 y 10 de febrero de 2025.

El expediente basa este nuevo proceso expropiación en la sentencia de 2012 del Tribunal Supremo que confirmó el deslinde de los bienes situados en el tramo de costas en el que sitúan fincas e inmuebles "estableciendo definitivamente la servidumbre de protección de 100 metros de anchura en ese tramo del litoral". "En la franja de terrenos sobre los que se sitúa la edificación no es posible la existencia de edificaciones destinadas al uso residencial". Junto a esto el Ministerio se apoya en las sentencias que han subrayado durante estos años que la edificación se asienta sobre suelos no urbanizables, la anulación del PGOU del Ayuntamiento en lo que afecta a estos suelos, así como la "antijuridicidad de la licencia otorgada en el año 2003".

Pendientes de la anulación de la licencia municipal

De hecho, en este último aspecto, la obligación de revisar esta licencia por parte del Ayuntamiento de Carboneras coinciden las posiciones del Gobierno y la Junta. "Se ha impuesto al Ayuntamiento su revisión de oficio, si bien aún no ha procedido a cumplir con esa obligación judicial" (...) Quedan pendientes de cumplimiento las sentencia y los autos en los que se ordena al Ayuntamiento a iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la licencia".

"En síntesis -recoge el BOE- se ha puesto de manifiesto que la finalización de las obras y la puesta en marcha del hotel ya no serán posibles (...) Por ello, se estima que el Estado en aras a garantizar tanto su integridad física como su uso público está facultado para agotar sus posibilidades de contribuir a la plena recuperación y eficacia de la servidumbre de protección pudiendo recurrir para ello a la potestad expropiatoria", completa el expediente ratificado por el Consejo de Ministros.

Valoración del delegado del Gobierno

"Este es un acuerdo que pone de manifiesto la coherencia de la vicepresidenta María Jesús Montero cuando anunció que se adoptarían las medidas para la expropiación y a partir de ahí demoler todo aquello que está construido sobre esa superficie", explicó el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, quien pidió a la Junta de Andalucía que actúe "con lealtad" y que contribuya adoptando medidas en la parte de superficie de titularidad autonómica.

En este sentido, el delegado del Gobierno pidió a la Junta que inicie un procedimiento de expropiación sobre el resto de los suelos para contribuir al derribo de la construcción. "¿A qué estamos jugando, a no decir la verdad, a no derribarlo?", completó Pedro Fernández.