Trabajadores del SAE exigen a la Junta mejoras laborales tras 20 años con el mismo sueldo: "Somos empleados públicos de segunda"

Medio centenar de empleados de la Agencia de Salud y Empleo subrogados al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), todos ellos delegados y representantes del comité de empresa, se han manifestado este jueves frente al edificio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para reivindicar sus derechos laborales y exigir un avance en la mesa de negociación con la Junta de Andalucía que, según los manifestantes, lleva tres años paralizada.

Al grito de “¡Blanco, escucha, el SAE está en lucha!” e “¡Igual trabajo, igual salario!”, los miembros de CCOO, UGT, CGT, CSIF, UITA y Utedef han reivindicado en la calle dos medidas: llegar a un acuerdo con la Junta sobre la negociación colectiva de un único convenio de trabajo, mientras que ahora hay 14 convenios diferentes, y la equiparación salarial de los trabajadores que a pesar de realizar el mismo trabajo y las mismas funciones, gozan de sueldos y derechos sociales diferentes desde 2007.

“Hay diferencias de hasta seis mil euros anuales, es decir, un 30% menos del sueldo entre trabajadores que hacen lo mismo, y algunos rozan el salario mínimo interprofesional”, aseguran empleados afectados que pertenecen a CCOO y UGT presentes en la manifestación. "Somos mileuristas y empleados públicos de segunda", han denunciado abiertamente a este periódico pocos minutos antes de comenzar de comenzar la concentración.

Según han explicado a este medio, actualmente “el 70% del personal laboral del SAE, que somos unos 1.900 trabajadores en total, cobra por debajo que cualquier empleado de la Junta de Andalucía de la misma categoría”. “No hay antigüedad ni trienio”, aseguran. Según sus estimaciones, calculan que la Junta se está ahorrando desde 2011 “unos 14 millones de euros anuales” mientras no se sube el salario de estos trabajadores del SAE..

“No nos queda más remedio que manifestarnos porque no tiene sentido que el personal laboral del SAE tengamos diferencias en lo económico y en lo social”, ha explicado durante la concentración Alejandro Rodríguez, coordinador de UGT de Agencia SAE en Andalucía.

En este sentido, defienden que desde 2011 viven en una “situación de precariedad” y que desde la crisis financiera de aquellos años han perdido derechos como la ayuda en la guardería, las prejubilaciones, las promociones y la posibilidad de traslado además de sufrir bajadas de sueldo.

“Nos tratan como si fuéramos personal laboral de segunda y cuando les interesa nos ponen como parapente el convenio colectivo y cuando no, el decreto”, lamenta Rodríguez, que ha señalado la “inexistencia voluntad política” como el principal obstáculo para “encontrar una solución a este problema”.

Un reunión “in extremis” con la viceconsejera

El pasado martes los delegados de las entidades y representantes del comité de empresa se reunieron con la viceconsejera, Beatriz Barranco, después de solicitar una reunión con la consejera, Rocío Blanco, para intentar una negociación sobre el convenio colectivo después de tres años de bloqueo en las negociaciones con el SAE.

“Nos atendió en una reunión in extremis y nos dijo que hiciéramos un acto de fe, que están trabajando en ello, pero no ha servido para nada. Necesitamos un pequeño acto que nos muestre la luz para ver que efectivamente hay voluntad”, ha declarado Rodríguez.

El único avance que han conseguido en estos años fue el proceso de estabilización que se llevó a cabo en 2021, que de los 1.900 trabajadores andaluces, insisten, se estabilizó a unos 1.300. “Hasta entonces había gente que todavía tenía contratos de obra y servicio o indefinido no fijo”, han añadido desde CCOO.

Tal como explican miembros de CCOO y UGT, cuando el PP llegó al Gobierno andaluz en la anterior legislatura, el SAE se sometió a una auditoría que calificó a estos empleados del departamento de Atención en la Oficina de Empleo, de orientación, proyectos europeos y escuelas de formación “referentes en Andalucía”, como “personal altamente calificado”.

A pesar de la auditoría, el presidente de Utedef, Javier Urbano, lamenta que sus contratos siguen formando parte de convenios “muy antiguos que se salen de la normalidad y que están basados en una ley de 2011 que está totalmente obsoleta”.

En este sentido, las entidades que se han manifestado este jueves coinciden en que mientras la Consejería de Empleo no aumente el presupuesto para llevar a cabo un único convenio colectivo para estos casi 2.000 trabajadores públicos, “no habrá condiciones laborales justas”. “Que los propios trabajadores que están en la Consejería de Empleo, que es la que tiene que velar por los derechos de los trabajadores, que ellos sean los que están en más precariedad, parece un chiste pero no lo es”, ha sentenciado Urbano.