Mano dura contra los anuncios 'fake': hasta 600.000 euros por inscribir un piso turístico con documentación falsa

La Junta está tratando de reconducir el debate sobre el turismo en Andalucía -"nuestra tarea y obligación como administración competente es su regulación y ordenación, no su demonización", insiste el consejero Arturo Bernal-, sobre todo en lo que tiene que ver con la proliferación de viviendas turísticas que tensionan los centros históricos, de ahí que una de las novedades que incluye el anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible es un capítulo sancionador mucho más gravoso que el que contempla la normativa actual. Las sanciones muy graves pasarán de la horquilla de 18.000 a 150.000 euros a una franja muy superior, de 100.000 a 600.000 euros. Así se recoge en el capítulo 85 dedicado a las infracciones administrativas que tipifica como infracción grave "la falsedad de los datos manifestados en la declaración responsable" y como infracciones muy graves "la aportación de información o documentos falsos". La Junta pretende que esta ley inicie su trámite parlamentario a partir de octubre.

A lo largo de este año, la Junta y también los ayuntamientos han detectado casos en los que el interesado inscribe en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) mediante una declaración responsable una vivienda aportando documentación falsa, como por ejemplo, referencias catastrales falsas que permiten sortear el mapa de saturación turística aprobado por capitales como Sevilla, que ha restringido nuevos pisos turísticos en hasta 11 barrios de la capital, fundamentalmente del centro y Triana.

La tesis de Turismo es que un régimen sancionador más alto funciona como efecto disuasorio para quienes pretendan saltarse la ley. Este ha sido uno de los apuntes que ha subrayado el consejero durante el balance del primer año de aplicación del decreto de viviendas turísticas, por el que se han dado de baja las licencias de 6.771 viviendas turísticas, siendo Málaga muy especialmente seguida de Sevilla y Granada las provincias donde se han registrado más cancelaciones.

Estas cancelaciones se han debido bien a bajas de oficio del propietario del piso bien a instancia de los Ayuntamientos o la propia Consejería por incumplimiento de la norma en materia urbanística o de los requisitos explicitados para ser titular de una licencia que dé derecho a explotar una vivienda particular con fines turísticos.

Pero lógicamente, no es lo mismo que el inspector de la Junta detecte, por ejemplo, que la casa no dispone de un escurridor y de rollos de papel higiénico extra (uno de las exigencias recogida en el decreto) que el titular de un piso turístico falsifique información. Con la declaración responsable se agiliza el trámite, pero también se da facilidad para que se cuelan todos aquellos que pretenden hacer negocio sin cumplir la legalidad.

En este sentido, la coordinación entre Junta y ayuntamientos es clave para depurar todas aquellas licencias que operan sin cumplir los mínimos que marca la ley. Bernal ha detallado que se han firmado convenios de colaboración con las ciudades de Sevilla, Granada, Cádiz, Málaga y Jerez de la Frontera. ”Los objetivos de esta colaboración son mejorar la coordinación administrativa para una gestión eficiente y más ágil en el intercambio de información”, ha explicado para el tratamiento de la información de forma más integrada y automatizada para la detección de incumplimientos. 

También, en coordinación con los municipios, se ha aprobado el Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero de medidas urgentes en materia de vivienda, a instancias de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, que contempla para los municipios en los que concurran razones imperiosas de interés general, el cambio de usos así como la posible suspensión de licencias de viviendas turísticas, es decir, revertir las licencias ya otorgadas en el pasado por el nuevo contexto de saturación turística que concurra en los municipios.

Dañar la imagen turística de Andalucía, sanción muy grave

Otro de los supuestos contemplados en la Ley de Turismo Sostenible es, en el capítulo de sanciones, aquellas infracciones que de la normativa turística "que tengan por resultado daño notorio o perjuicio grave a la imagen turística de Andalucía o de sus destinos turísticos". Es el caso, por ejemplo, ejemplifica la Consejería de Turismo, de aquellos episodios de fraude o estafa por parte de agencias de viajes que han vendido paquetes turísticos falsos.

En 2022, los propietarios de la agencia de viajes de boda Lunas de Miel, en Sevilla, estafaron a casi ochenta parejas por paquetes de viajes que no llegaron a realizarse. El pasado noviembre, Facua denunció que la Junta de Andalucía ordenó en enero de 2022 el cierre de la agencia pero no comprobó que realmente seguía abierta y nunca llegó a clausurarse. 

Dos años después, sus propietarios están siendo investigados por una presunta estafa, otra distinta. Facua critica que la administración andaluza nunca llegara a realizar inspección alguna en los dos años siguientes al orden de cierre para comprobar que realmente había cesado su actividad, lo que ha provocado que haya decenas de afectados que contrataron con esta empresa y se han quedado con viajes pagados que no van a poder realizar. Ahora la Junta pretende castigar de una forma más severa este tipo de fraudes, más allá del recorrido judicial que puedan tener las denuncias de los particulares.