La Fiscalía pide que declaren como investigados Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo por la extracción de agua de pozos junto a Doñana
El Ministerio Fiscal solicita la ampliación de seis meses de la instrucción por un posible delito contra el medio ambiente por la extracción sistemática de agua en la finca Aljóbar de Anzalcázar

Algunos de los pozos investigados de la finca Aljóbar, en Aznalcázar (Sevilla), propiedad de la Casa de Alba / ANA CARRETERO / ANA CARRETERO
J. A.
La Fiscalía de Sevilla ha dado un paso más en la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar la Mayor por un posible delito contra el medio ambiente debido a la extracción de agua de la finca Aljóbar, perteneciente a la familia de la Casa de Alba, de unos pozos ubicados junto a Doñana. En un escrito remitido al Juzgado solicita la ampliación de la investigación en seis meses y una ampliación de las personas que declaren como investigados, entre ellas, Eugenia Martínez de Irujo.
En este caso ya declaró como investigado el nieto de la Duquesa de Alba, Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, quien aseguró el pasado 20 de febrero que inició la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que motivó luego la causa judicial. Ahora, la Fiscalía pide que declare la persona jurídica de Eurotecnia Agraria así como todo el consejo de administración.
Este consejo de administración está conformado por Eugenia MArtínez de Irujo Fitz James Stuart, por Cayetano Martínez de Irujo, Fernando José Martínez de Irujo y el ya citado Luis Martínez de Irujo. Todos ellos serán por tanto citados por la Fiscalía si el Juzgado acepta la petición de ampliación de la instrucción.
Indicios suficientes de un delito contra el medio ambiente
La fiscal traslada esta petición al considerar que "concurren indicios suficientes" para continuar la instrucción del procedimiento por hechos que serían "cuanto menos" constitutivos de un presunto delito contra el medio ambiente.
En concreto, alude a una posible "extracción sistemática y de carácter industrial" de agua en una superficie "muy extensa y mantenida durante muchos años con grave perjuicio para el medio natural", tal y como se refleja en las actuaciones.
Por ello, solicita al juzgado que prorrogue el plazo de instrucción de la causa por seis meses más, que tendrá que computarse cuando se extinga el actualmente vigente hasta este próximo 9 de abril.
La fiscal también pretende que el juzgado reclame a la CHG para que, "a la mayor brevedad", remita copia de cuantos expedientes sancionadores haya abierto a esa mercantil, con referencia expresa a las sanciones impuestas en su caso.
El juzgado que investiga los pozos ya pidió informes al organismo de cuenca para concretar si las extracciones de agua habían causado "daños sustanciales" al medio ambiente en el entorno.
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