Los rectores de la pública aplauden los límites a las universidades privadas: "Se comercialización de títulos"

Para los rectores de la pública, lo que hacen muchas universidades privadas es "comercializar títulos", un verbo que describe a las claras algunas dinámicas en la expedición de títulos con la que se opera en la educación superior privada en algunos centros con actividad en Andalucía. Así lo han manifestado en un comunicado conjunto las universidades públicas andaluzas, reunidas bajo las siglas de AUPA y que preside Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide, tras ananalizar el proyecto de Real Decreto del que dicen, textualmente en un comunicado, es una iniciativa que "vienen demandando desde hace tiempo ante la proliferación desmedida de centros privados de dudosa calidad".

El debate sobre las universidades privadas y el decreto del Gobierno que marcará un umbral más exigente para su creación lleva semanas encima de la mesa. Este mismo jueves, ha llegado al pleno del Parlamento a través de una pregunta de Adelante Andalucía y las manifestaciones de otros grupos políticos siguen sucediéndose.

Gobierno ha acelerado los trámites para reformar el decreto aprobado en 2021 que establece los criterios de creación y autorización de nuevas universidades con el objetivo de que vea la luz definitivamente antes del verano con mayores exigencias tanto a nivel académico como financiero. Según la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, hay comunidades como Madrid y Andalucía que dan el visto bueno a la creación de nuevas universidades privadas "que no cumplen con la calidad mínima exigible", al tiempo que "asfixian" a la universidad pública.

En su comunicado, los rectores de la pública aseguran que "lo más relevante del debate es delimitar jurídicamente lo que se considera universidad, que en toda Europa se ciñe a las instituciones de educación superior que imparten docencia, investigan y transfieren el conocimiento que producen, sin importar su naturaleza pública o privada".

Lo más relevante del debate es delimitar jurídicamente lo que se considera universidad, que en toda Europa se ciñe a las instituciones de educación superior que imparten docencia, investigan y transfieren el conocimiento que producen, sin importar su naturaleza pública o privada

"Si bien la normativa vigente ya acotaba en cierta medida los criterios para la creación de nuevas universidades, la laxitud de su formulación ha permitido que se dispare el número de centros académicos privados que no cumplen con los mínimos requisitos exigibles, y que comercializan títulos de igual validez legal a los que ofrecen las universidades. Esto supone, a todas luces, una merma en la calidad del sistema universitario español, y una fuente de desequilibrios y competencia desleal hacia las universidades, ya sean públicas o privadas", explican las universidades públicas en su comunicado.

De no revertirse esta situación, la deriva actual nos encamina hacia un modelo de mercantilización del derecho a la educación incompatible con la existencia de un sistema universitario de calidad. Además, la progresiva sustitución de un modelo público por uno privado también llevaría aparejados profundos cambios sociales, como la eliminación de la igualdad de oportunidades y la meritocracia. El trabajo, el esfuerzo y la capacidad del estudiantado dejarían de ser determinantes, ya que solo importaría su nivel de renta. En definitiva, sería ponerle precio al futuro de nuestras y nuestros jóvenes.

De igual forma, "el sistema universitario está intrínsecamente ligado al modelo de desarrollo económico, social y cultural que se persigue", opinan. "Si nuestra sociedad apuesta por un modelo de alto valor añadido y que aumente nuestra soberanía, por ende basado en ciencia y tecnología, el camino más seguro y directo pasa por fortalecer las capacidades de las universidades públicas, que responden única y exclusivamente al interés general. Por tanto, confiamos en que se siga avanzando en esta senda, que debe culminar en un acuerdo entre todas las administraciones implicadas para alcanzar, cuanto antes, el suelo de inversión pública del 1% del PIB como exige la LOSU".