Un nuevo choque entre Gobierno y Junta frustra un acto de firma de un convenio de 140 millones para el campo andaluz

El 17 de enero, nada más ser proclamada secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero compartió en Málaga con el presidente andaluz, Juanma Moreno, un acto de presentación de un convenio para un centro técnológico en la ciudad. Fue la primera coincidencia entre ambos líderes en un evento institucional que abrió un periodo en el que las relaciones protocolarias y de comunicación de ambas administraciones se han ido tensando de forma progresiva. A un año de las elecciones, hay un pulso constante por quién se apropia de cada proyecto, quien lo difunde y quien lo vende ante la ciudadanía.

Esta confrontación tuvo un primer capítulo destacado en el barrio sevillano de Torreblanca, cuando el presidente Pedro Sánchez acudió a una entrega de llaves de una promoción de viviendas en la que había participación de las tres administraciones. En la presentación del proyecto ni se mencionó al Ejecutivo central y la Junta se esforzó por minimizar en todo momento la aportación estatal. Fue un choque político, sin más consecuencias y sin efecto alguno sobre un proyecto de VPO en cuyos términos todos estaban de acuerdo.

Sin embargo, la tensión fue creciendo, y poco después el ministro Óscar Puente y la consejera Rocío Díaz protagonizaron un nuevo choque. Esta vez por una nota de prensa que ha puesto en riesgo las ayudas al transporte grauito de 1,2 millones de jóvenes menores de 14 años. En este caso, sí ha tenido consecuencias más allá del cruce de insultos y todo apunta a que tendrá que resolverse en los tribunales.

Un convenio con la Junta, sin la Junta

Con este ambiente enrarecido, en la tarde del martes Gobierno central y Junta protagonizaron otro desencuentro. Ambas administraciones tenían pactada la firma de un convenio por un importe de 140 millones de euros para obras de modernización y consolidación de regadíos en el que participan la Junta de Andalucía (70 millones), el Gobierno central (30 millones) y los regantes. La administración responsable de coordinar esta iniciativa para la modernización de regadíos era el Ministerio de Agricultura.

En el fondo no hay ninguna diferencia en los términos del acuerdo. Es un proyecto que todos consideran positivo. Pero en las formas y en los tiempos sí las hay. Estaba en juego quiénes firmaban, dónde se firmaba y cómo se presentaba un acuerdo diseñado para beneficiar al campo andaluz precisamente cuando atraviesa un nuevo periodo de incertidumbre por la imposición de los aranceles de la Administración de Donald Trump.

Finalmente, el Ministerio decidió remitir una invitación al acto de firma que se celebraría en la Delegación del Gobierno de España en Sevilla. Según el Ministerio se había hablado previamente de los términos de este pacto que ya había sido suspendido en una ocasión. "Hemos actuado a su petición, en el ámbito de las competencias estatales y con el mejor espíritu de colaboración institucional. En lugar de apoyar a los regantes, el PP busca de forma gratuita e injustificada el conflicto", apunta el ministro Luis Planas.

Según la Consejería, sin embargo, no tuvieron noticia alguna hasta que fueron informados por terceros de que el acto se había convocado.  “Han decidido de manera unilateral la fecha, la hora, el lugar de la firma y, desde luego, el formato que quieren darle al acto. Han intentado dar un uso político a una iniciativa que ha sido promovida siempre en positivo y con la única finalidad de ayudar al campo andaluz”, respondió el consejero.

En cualquier caso, era un acto de firma de un convenio entre dos administraciones y una de ellas (la Junta) asegura que no estaba debidamente convocada ni de acuerdo con el formato ya que se habían ofrecido otras opciones como una firma por video conferencia o en Madrid. La consecuencia ha sido un nuevo cruce de reproches y de acusaciones de "deslealtad" en redes sociales. Y una firma de un proyecto positivo para los regantes y para el campo andaluz frustrada. En el acto que se mantiene hoy no habrá ninguna representación del Gobierno andaluz ni de la Consejería. Nadie del Gobierno andaluz firmará con el Gobierno central.

A partir de ahí, desde la Junta aseguran que será la única consecuencia del malestar y que el convenio se firmará en cualquier caso aunque sea sin un acto público. El ministro lo presentará con los regantes y la Consejería remitirá el documento firmado y participará en su ejecución. "No está en riesgo", subrayan desde el Ejecutivo autonómico.