La juez permite al PSOE personarse en la causa de los contratos fraccionados del SAS en Cádiz

La jueza que instruye el caso por el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud en Cádiz ha permitido al PSOE personarse en la causa. En un auto, fechado el 14 de mayo, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, la magistrada, Rosa María García Jover, admite la personación del PSOE como acción popular. Eso significa que a partir de este momento los socialistas tendrán traslado de todas las diligencias y actuaciones.

La causa se abrió a partir de una denuncia de Podemos en el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Se investiga el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud que suman 235,4 millones de euros. Entre la causa abierta en Sevilla, que investiga el uso de contratos de emergencia tras la pandemia, y esta de Cádiz hay cuatro altos cargos vinculados al SAS imputados.

El PSOE, al pedir su personación, consideró que tras los fraccionamientos de contratos, sobre los que advirtió la Intervención General de la Junta, podría haber "un posible delito de malversación" por parte de la administración autonómica, además de otro de "prevaricación". Los socialistas acusan al Gobierno andaluz de "utilizar los procedimientos de emergencia" para la adjudicación de contratos entre los años 2020 y 2024 "para, presuntamente, hacer negocio" para "unos pocos".

La denuncia parte de los informes de la Intervención de la Junta que auditó los contratos provinciales del SAS y alertó a la Consejería de Salud de "un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores", adjudicados entre enero y diciembre de 2021 en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén. De momento solo la investigación en el juzgado gaditano está abierto. Estas adjudicaciones, según la denuncia, se hicieron "con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo".

Papel de la Junta

En otro auto, la jueza también se ratifica en su decisión de mantener a la Junta de Andalucía en su rol de responsable civil subsidiaria. Respondiendo a un recurso de Podemos, la instructora rechaza la tesis del partido de izquierdas e que ante "el carácter embrionario de la investigación la posición del SAS como responsable civil subsidiario es del todo punto ajustada a derecho".

Inicialmente el Gobierno andaluz solicitó personarse como perjudicado y así se aceptó en abril. Sin embargo los servicios jurídicos de la Junta cambiaron de posición porque suponía admitir que se han podido cometer irregularidades con efectos sobre las cuentas autonómicas. Así que tras la aceptación, los servicios jurídicos del SAS cambiaron su posición y finalmente están en la causa como responsable civil subsidiario. Podemos continuará además personada como acción popular sin tener que depositar ninguna fianza, así vuelve a manifestarse la instructora.

El alto cargo que ha prestado declaración ante la juez de Cádiz, Demetrio González Mera, director económico central de compras de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud y primer investigado en el caso sobre irregularidades en los contratos del SAS negó conocer anomalías en estos procedimientos. El responsable de la Junta se negó a contestar las preguntas de la jueza Rosa María García, de la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce Podemos Andalucía, y solo contestó a su abogado defensor.