Denuncias anónimas con protección jurídica: la Junta refuerza su plan anticorrupción entre su plantilla

En junio de 2023 la Junta de Andalucía creó a través de una instrucción interna un canal interno para facilitar las denuncias anónimas de trabajadores públicos que detecten irregularidades. Esta vía, coordinada por la Oficina contra el Fraude, ha sido empleada en su primer año de funcionamiento por casi un centenar de personas aunque tres cuartas parte de las denuncias realizadas fueron archivadas y sólo en 23 casos se formalizó una investigación. Ahora, casi dos años después, la Junta completa el desarrollo reglamentario de este instrumento a través de la aprobación de un decreto que regula la protección jurídica, las garantías, la confidencialidad y los plazos de respuesta ante cualquier conducta que se comunique.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este nuevo decreto que inició su tramitación hace más de un año y que formaliza la creación de un sistema interno de información a través del que se puedan comunicar todas las acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracciones a través de un proceso que garantiza la máxima confidencialidad y seguridad de la información y la reserva de la identidad del informante.

El decreto formaliza que se habiliten cinco canales de información: el buzón electrónico, la dirección de correo postal, la comparecencia personal, la llamada telefónica o el sistema de mensajería de voz. En todos los casos la presentación se realizará de forma "anónima".

El responsable del sistema será el encargado de controlar todas estas denuncias en coordinación con la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. Éste recepcionará todas las denuncias que deberán incprporar una relación de los hechos, la identificación del órgano donde se han producido, las personas afectadas, la declaración de si tiene conocimiento de actuaciones relacionadas u otros hechos vinculados.

Denuncia a la Fiscalía

Todas estas denuncias deben ser registradas y se optará entre la inadmisión cuando los hechos sean inverosímiles o no se deba avanzar. Cuando se aprecien incidios de delito se dará parte de forma inmediata a la Fiscalía. A partir de ahí se comunicará la denuncia a los afectados, garantizando el anonimato del informante, y se elaborará un informe de conclusiones que incluya la exposición de los hechos, las actuaciones realizadas y la conclusión.

Todo este proceso se deberá realizar en un plazo máximo de tres meses de acuerdo con el texto del decreto aprobado por el Consejo de Gobierno aunque con margen para una prórroga de otros tres en casos de extrema complejidad. El sistema garantizará la protección jurídica y el anonimato del denunciante y deberá actuar con máxima transparencia con la elaboración de un informe anual con todas las actuaciones realizadas.

El sistema regulado en el decreto es similar al que existía hasta ahora con la instrucción aprobada hace dos años aunque ahora se refuerzan las garantías y su funcionamiento a través de este decreto que depende de la Consejería de Justicia y Función Pública.