Andalucía ha reducido en 20 años un 14% las emisiones de efecto invernadero y se acerca al objetivo 2030

Cada vez más, las ciudades y pueblos se comprometen con la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y, a día de hoy, ya son 304 los municipios que se han unido a la Red de Ciudades Verdes y Sostenibles de Andalucía (Red Reversa), una iniciativa, puesta en marcha en 2023, que busca acelerar la transición urbana hacia la sostenibilidad, la neutralidad en emisiones y la economía circular. Así lo ha subrayado Catalina García, consejera de Sostenibilidad y de Medio Ambiente, durante la inauguración del foro El camino hacia ciudades sin emisiones, que ha organizado El Correo de Andalucía y Prensa Ibérica, en colaboración con la Fundación Cajasol, Tussam, Renault Group, Scoobic Nimo Iberia y Evo Soluciones.

Este compromiso directo de las ciudades en la mitigación de los efectos del cambio climático así como la estrategia que desde el sector público y privado se viene llevando a cabo ha hecho posible que Andalucía lograra en 2023 un ahorro del 36,4% en el consumo de energía, lo que acerca a la comunidad al objetivo del 39,5% marcado para 2030. Según el útimo Informe de seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima, con datos de 2023, Andalucía redujo un 14% sus emisiones difusas de gases de efecto invernadero respecto a 2005. Se está en la senda, ha venido a decir la consejera, pero queda trabajo por hacer, un mensaje necesario en las vísperas del 5 de junio, Día Intermacional del Medio Ambiente.

El llamamiento de la Junta es claro: que todos los municipios andaluces que aún no lo han hecho se sumen a esta red Reversa, que pone a su disposición asesoramiento técnico, recursos normativos, guías metodológicas y jornadas de capacitación. La consejera ha afirmado que el objetivo de esta red es “mejorar la calidad del medio ambiente urbano, fortaleciendo las capacidades locales y propiciando una red de ciudades más sanas, verdes y preparadas para los retos del cambio climático”. Máxime, ha incidido la consejera, en un territorio al sur del sur de Europa que tiene los retos mayores.

A lo largo de su intervención, Catalina García ha puesto de relieve los avances que Andalucía ha registrado en materia de reducción de emisiones. Según el último informe de seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima, entre 2005 y 2022 se ha logrado una disminución del 14% en las emisiones difusas, con una bajada del 3% en el ámbito del transporte respecto a 2018. “Sabemos que aún queda camino por recorrer, pero estos datos reflejan una tendencia favorable y un compromiso firme con la descarbonización”, ha sostenido para insistir también que esta tarea es "cosa de todos" por lo que se requiere de la colaboración público-privada para conseguir estos objetivos.

La titular de Sostenibilidad ha añadido que las políticas públicas andaluzas están orientando sus esfuerzos hacia sectores clave como el agua y litoral -que han destinado más del 91% de sus recursos a acciones climáticas-, el transporte (77%), la energía (61%) y el desarrollo sostenible (59%). “Se trata de una transformación real del modelo productivo y de gestión pública, no solo de un cambio en los presupuestos”, ha indicado.

Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía

En este proceso de transformación, ha destacado el papel que jugará la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), cuyo anteproyecto ya ha iniciado su tramitación y cuya llegada al Parlamento, según ha adelantado "será en septiembre" y está previsto su aprobación durante esta legislatura. “Esta ley nace con un objetivo ambicioso: modernizar y unificar todo el marco normativo ambiental andaluz, adaptándolo a los cambios de la legislación estatal y europea”, ha explicado.

Esta ley permitirá construir una administración ambiental “más eficaz, ágil y garantista”, incorporando medidas concretas como la reducción de plazos -de ocho a seis meses para obtener una autorización ambiental unificada-, la creación de una nueva licencia ambiental de competencia municipal con un plazo de resolución de tres meses, y la simplificación de los procedimientos para los ayuntamientos.

Además, la futura ley contempla mecanismos para reforzar la inspección, vigilancia y control, establecer un nuevo Consejo Asesor de Medio Ambiente y articular una Estrategia Marco de Medio Ambiente para Andalucía. También incorpora incentivos a la ecoinnovación, medidas de fiscalidad verde, una actualización del régimen sancionador y nuevas fórmulas para facilitar la participación ciudadana. “Estamos construyendo una legislación ambiental de nueva generación, centrada en la calidad de vida y la sostenibilidad”, ha afirmado.

Durante su intervención, la consejera ha destacado también la apuesta de la Junta por la digitalización y el conocimiento abierto como ejes para apoyar a los municipios. En este contexto, ha mencionado plataformas como la Rediam, que integra más de 4.500 conjuntos de datos y 2.000 servicios georreferenciados, o la herramienta Cloud_IA, basada en inteligencia artificial, que permite generar mapas de vulnerabilidad urbana frente a olas de calor, inundaciones y otros eventos extremos.

Cambio Climático y Economía Circular

También ha puesto en valor las actuaciones desarrolladas en apoyo a los municipios para afrontar el reto climático. Así, ha recordado que la Junta ha entregado los Planes Municipales contra el Cambio Climático a 756 municipios de menos de 50.000 habitante y ha impulsado líneas de ayuda por valor de un millón de euros, 5 millones más con fondos FEDER y otros 774.000 euros en el marco del Plan PIMA. En paralelo, la Junta ha promovido los Planes Locales de Economía Circular y ha activado nuevas ayudas por 3 millones de euros para su redacción. En cuanto a infraestructuras, se han movilizado 10 millones de euros para vehículos de recogida de biorresiduos, 7 millones para puntos limpios y 4 millones para estaciones de transferencia.