Tres años de eutanasia en Andalucía: 209 solicitudes y una lista de 1.600 médicos objetores que sigue creciendo
La Junta, que inició en 2022 la aplicación de la ley, regula la posibilidad de elaborar un documento de voluntades anticipadas que recoja la voluntad de ejercer este derecho y dota de una mayor "seguridad jurídica" al registro de médicos en situación de objeción de conciencia

Una mujer es acariciada por su marido minutos antes de que ella culmine el proceso para morir por eutanasia. BIEL ALIÑO / EFE / BIEL ALIÑO / EFE

Andalucía empezó a aplicar la Ley de Regulación de la Eutanasia en enero del año 2022 con un primer expediente en Granada. En sus primeros tres años de funcionamiento se han registrado más de 200 solicitudes de asistencia para una muerte digna que se ha llegado formalmente a aplicar en 81 casos, menos de la mitad. Sin embargo, la Junta de Andalucía afronta una circunstancia que complica la aplicación de la ley: el elevado número de médicos objetores. Esta situación ya dio lugar en 2024 a la adopción de medidas extraordinarias como la configuración de una unidad móvil que garantizar la prestación de este derecho en todas las provincias con independencia de si hay o no médicos disponibles.
El año 2024 se ha cerrado con un aumento de esta realidad. En total, en Andalucía hay ya 1.608 profesionales que se han acogido al derecho de la objeción de conciencia, lo que supone 300 más que al cierre de 2023, una cifra que puede aumentar con el ajuste que va a realizar la Consejería de Salud en el decreto que regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia que introduce "mejoras para garantizar una mayor claridad y seguridad jurídica en su regulación, aplicación y eficacia".
Sin embargo, el ritmo de solicitudes de eutanasia en Andalucía no baja. Todo lo contrario. El año 2024 volvió a subir. El primer ejercicio completo de aplicación de la ley de eutanasia en Andalucía, 2021, se cerró con 81 solicitudes y 29 asistencias para una muerte digna. En 2023 la cifra descendió hasta 56 con 24 procedimientos completados. El pasado año fueron un total de 72 de los que consiguieron ejercer el derecho a esta prestación 28.
Esto supone que la mayor parte de los casos, año tras año, no se llegan a completar. De hecho, en 22 casos el solicitante falleció durante la tramitación. En 2024, según el balance difundido en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en cincuenta casos se abrió expediente de los cuales 28 se completaron, nueve fallecieron durante la tramitación y 13 tuvieron informe desfavorable. En los otros 22 casos hubo cuatro desestimientos previos, 13 fallecimientos antes del inicio de la tramitación, cuatro informes desfavorables del médico responsable y una solicitud que no presentó toda la documentación.
En estos momentos, como subraya la Junta de Andalucía, hay equipos provinciales referentes que forman e informan a sanitarios para su conocimiento respecto al contenido y procedimiento a seguir en el caso que un ciudadano solicite el derecho a la ayuda a morir.
De las 50 solicitudes que motivaron la apertura de un expediente, 32 fueron presentadas por hombres y 18 por mujeres. Por provincias se presentaron tres en Almería, tres en Cádiz, tres en Córdoba, siete en Granada, tres en Huelva, 23 en Málaga, ocho en Sevilla y ninguna en Jaén.
Principales enfermedades
Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que conducen a solicitar la ayuda médica a morir fueron los procesos neurodegenerativos, los oncológicos expedientes y los pluripatológicos/crónicos complejos. Así, el 94% de las solicitudes se inician en el ámbito de Atención Primaria por la proximidad al paciente, la familia y el hogar familiar. En ningún caso se ha presentado ninguna revocación tras la firma del consentimiento informado por parte del paciente.
El número de prestaciones en las que se realizaron donaciones de órganos fueron cinco, lo que ha dado lugar a la donación de un total de 18 órganos.
Revisión de la normativa
En aplicación de esta normativa, la Junta de Andalucía ha iniciado la tramitación de un decreto en marzo por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía, de manera que incluya la posibilidad de dejar constancia de la voluntad de acogerse a la prestación de ayuda para morir en un documento de voluntades anticipadas. Esta nueva normativa ha sido aprobada de forma inicial por el Consejo de Gobierno para que inicie su tramitación.
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