Las VPO con financiación pública se mantendrán blindadas en Andalucía entre 20 y 50 años

Tras la última modificación en el anteproyecto de ley de vivienda que la Junta de Andalucía quiere presentar este otoño en el Parlamento andaluz, el Gobierno de Juanma Moreno quiere zanjar el debate en torno al blindaje de las VPO que le ha enfrentado abiertamente al Ejecutivo central. Por eso, después de eliminar de la ley el planteamiento de que todas las VPO puedan desclasificarse en un periodo de diez años, la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, subrayó en el Parlamento andaluz que "todas las VPO con financiación pública mantendrán periodos para desclasificación de 20 a 50 años en función de las ayudas".

Es decir, la Junta de Andalucía mantendrá que cualquier vivienda que entre en un plan de ayudas públicas (autonómica o estatal) esté blindada al menos 20 años y en función del plan podría alcanzar incluso los 50 años de mínimo de tiempo antes de que puedan venderse en el mercado libre. En el caso de las viviendas promovidas directamente por la Agencia de Vivivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), además, la Junta subraya que tendrán "protección permanente" de forma que no se puedan desclasificar en ningún momento.

El periodo de 10 años, que estuvo en el primer borrador del anteproyecto de ley de vivienda y que defendió la Junta de Andalucía tras su recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley estatal de Vivienda , sólo se aplicará de esta forma a aquellas viviendas protegidas, principalmente de carácter privada, que no tengan ningún tiempo de ayuda pública o de financiación de las administraciones. Y al no tener carácter legal, sólo se aplicará en aquellos planes que lo recojan. Y, como apuntó la consejera, no habrá ninguno con fondos públicos que incorpore este periodo.

"En estos momentos las viviendas que forman parte del Plan Vive tienen un periodo para su desclasificación de 20 años y las que tienen financiación del Plan Ecovivienda no se pueden vender en un periodo de 50 años", subrayan desde la Consejería. El planteamiento expresado por la consejera, por tanto, es que en próximos planes que se pongan en marcha se mantendrá este mismo modelo.

De esta forma, la Junta de Andalucía se garantiza una puerta abierta a la financiación estatal en el nuevo plan de vivienda que el Gobierno de España ha condicionado públicamente y en el escrito que dirigió el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a los líderes autónomicos al blindaje de cualquier VPO que reciba fondos públicos. Esta financiación es fundamental ya que en la práctica casi el 90% de las medidas en materia de vivienda que ejecuta el Gobierno autonómico dependen de fondos estatales o europeos. "Son recursos que nos corresponden y vamos a seguir reivindicándolo", incidió la consejera.

Andalucía confía el 90% de la financiación de las medidas de su ley de vivienda a fondos estatales y europeos

"No habrá zonas tensionadas"

En el otro punto de conflicto entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, la declaración de zonas tensionadas, la posición de la Consejería de Vivienda se mantiene firme: "La parte obligatoria de la ley de vivienda, Andalucía la va a cumplir. Pero la parte potestativa, como es la declaración de zonas tensionadas, no la vamos a aplicar. Andalucía no va a declarar zonas tensionadas porque es una medida que ya se ha demostrado que no funciona".

La consejera ha ratificado este planteamiento durante una comparecencia en el Parlamento andaluz a petición del PSOE en la que ha defendido el impacto que está teniendo el decreto de medidas urgentes en materia de viviendas y el plan de choque en la captación de nuevos suelos para VPO así como la tramitación próxima del anteproyecto de ley en materia de vivienda. Según los datos expuestos entre 2019 y 2024 se han desarrollado en Andalucía 13.000 viviendas protegidas una cifra que supone cuatro veces los datos del periodo inmediatamente anterior.

Asimismo, en términos generales, los últimos informes del Ministerio de Vivienda reflejan que Andalucía ha conseguido en 2024 sus mejores datos en materia de visados de vivienda. En el pasado año se iniciaron 35.184 nuevos pisos en la comunidad autónoma. A esto hay que añadir las distintas medidas en materia de ayudas al alquiler, a la promoción de pisos o bonificaciones fiscales que se han puesto en marcha.

El rechazo a aplicar la Ley estatal de Vivienda deja a Andalucía fuera del reparto de 35 millones del Gobierno

"Sólo confronta cuando debería aplicar la ley estatal"

El diputado socialista Rafael Márquez, por su parte, criticó la falta de iniciativa de la Junta de Andalucía en materia de vivienda y el rechazo a aplicar la ley estatal. "Debe aplicar la ley y declarar zonas tensionadas como han hecho otros municipios".

Para Márquez, la política de vivienda de la Junta se basa en "la confrontación". "No hay pulso y no hay proyecto político pese a que se trata de una competencia exclusiva autonómica. El único discurso es la confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez", apuntó.